Punto final para un extenso conflicto entre Neuquén y una petrolera que llegó hasta la Corte Suprema

La provincia de Neuquén y la petrolera Pampa Energía firmaron un «acuerdo transaccional» para desactivar un dilatado conflicto por una concesión que fue revertida hace casi 15 años y derivó en la presentación de una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El acuerdo fue difundido en la edición del Boletín Oficial del jueves pasado, pero se firmó en marzo, con representantes de la compañía que hoy es operadora en Vaca Muerta y la Fiscalía de Estado.

De acuerdo al decreto 605/26 que firmó el gobernador Rolando Figueroa, en ese convenio se comprometieron a «poner fin y renunciar a realizar cualquier reclamo relacionado a los conflictos vinculados» con el área Veta Escondida.

La reversión que motivó el conflicto

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La disputa se remonta a 2012, cuando el Gobierno provincial de entonces dio de baja la concesión del bloque mencionado, que en ese momento tenía como titular a Petrobras y Total.

Con la salida parcial de la firma brasileña de Argentina, su participación en el área quedó en manos de Pampa Energía, que retomó el reclamo contra la decisión de la Provincia y solicitó que se dejara sin efecto el decreto 0563/12 que autorizó la reversión.

El argumento utilizado por el Gobierno neuquino, según se informó en aquel momento, fue la falta de inversiones y el incumplimiento de las obligaciones sobre el bloque, que se había concesionado en 1992, época en la que los contratos de este tipo eran otorgados por el Ejecutivo nacional, y recibió una prórroga en 2008.

El conflicto se judicializó poco después de la resolución provincial. Pampa, como una de las empresas titulares, decidió recurrir a la Corte Suprema con una acción de amparo y una medida cautelar.

Este último planteo obtuvo el visto bueno del tribunal, al reconocer su competencia para intervenir en el litigio y solicitar a Neuquén que se abstenga de cumplir con el decreto que declaró la caducidad del contrato.

Pero la extensión del conflicto motivó un cambio en los planes de Total y Pampa, que definieron solicitar en 2023 la reversión de la concesión de Veta Escondida y el permiso para una cesión de acciones sobre el área Rincón de Aranda en Vaca Muerta.

La Provincia, como autoridad de aplicación en la materia, le dio curso al pedido y requirió a las empresas que acompañen el proceso con la documentación para acreditar el pago de las tasas, el estado del área y los planes de abandono y remediación.

Acuerdo transaccional: qué firmaron Neuquén y Pampa Energía

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El acuerdo, según se precisó en el decreto de la semana pasada, estableció la renuncia de cualquier reclamo relacionado con los compromisos, trabajos y declaración de caducidad del yacimiento, de origen convencional.

También ordenó la revocación del decreto de 2012 y la conclusión del proceso de reversión para Neuquén del área en cuestión, además del desistimiento por parte de Pampa de la acción judicial de amparo en la Corte Suprema.

La empresa asumió a su vez la obligación de realizar «a su costo y riesgo» el abandono de pozos e instalaciones, junto a la remediación de los pasivos ambientales dentro del área previo al 31 de diciembre de 2027.

Dentro de los considerandos el Ejecutivo recordó el artículo 1641 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que se establece que la transacción «es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas».

El Gobierno destacó que el acuerdo evitará «la conclusión de un proceso judicial de incierto resultado y potenciales disputas legales, estableciendo, en cambio, los términos y condiciones para resolver de manera aceptable las diferencias suscitadas entre las partes involucradas».