Mentalidad anacrónica
En el discurso larguísimo que pronunció la semana pasada ante el Congreso nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner subrayó que la Argentina actual es un país muy distinto de aquel de antes de la llegada al poder de su marido en mayo del 2003, pero si bien la recuperación macroeconómica ha sido impresionante, el gobierno kirchnerista sigue resistiéndose a asumir plenamente las consecuencias del cambio que tanto lo enorgullece. Aunque actitudes que podrían juzgarse comprensibles en el 2003, cuando muchos temían que la catástrofe económica, social y política provocada por el colapso de la convertibilidad se profundizaría, no lo son ahora, muchos miembros del gobierno, incluyendo a la presidenta, se aferran a una mentalidad que acaso fuera propia de tiempos ya idos sin hacer esfuerzo alguno por adaptarse a las circunstancias vigentes, tal vez por suponer que les conviene actuar como si la Argentina siguiera siendo un país víctima de la malignidad ajena y por lo tanto con derecho a rebelarse contra las reglas reivindicadas por los demás miembros de la comunidad internacional. Ya antes de anotarse Cristina el triunfo electoral abrumador del año pasado, tanto ella como los demás integrantes del gobierno que encabeza se habían acostumbrado a tratar con prepotencia desdeñosa no sólo a sus adversarios políticos locales y a aquellos empresarios que no manifestaban mucho entusiasmo por “el proyecto” sino también a sus interlocutores del resto del planeta. Hasta ahora, tal actitud no les ha ocasionado demasiados problemas internos, mientras que en el exterior la reacción de los funcionarios y empresarios frente a la arbitrariedad agresiva de personajes como el canciller Héctor Timerman y el secretario de Comercio Guillermo Moreno se ha visto morigerada por la incredulidad que con toda seguridad sienten y por la esperanza de que los kirchneristas terminen adaptándose a las usanzas internacionales consideradas apropiadas para los “países serios”, pero están multiplicándose las señales de que en el exterior los perjudicados por la conducta de nuestro gobierno no estarán dispuestos a permanecer pasivos por mucho tiempo más. Así las cosas, el fallo más reciente del juez federal neoyorquino Thomas Griesa, el magistrado que desde hace años entiende en causas relacionadas con el default festivo de diciembre del 2001, debería motivar preocupación en la Casa Rosada. Lo mismo que el gobierno del presidente Barack Obama, Griesa ha llegado a la conclusión de que la Argentina es un país que “con total descaro ha violado sus obligaciones legales”, negándose a prestar atención a los fallos del Ciadi que le son adversos y mofándose de acuerdos que, en teoría por lo menos, sirven para mantener a raya el espectro del proteccionismo. En el 2002, cuando el país se hundía en una crisis socioeconómica y política de secuelas nefastas, en otras latitudes se daba por descontado que sería inútil procurar obligarlo a respetar todos sus compromisos, pero puesto que a partir de entonces la economía ha crecido “a tasas chinas”, los acreedores, sobre todo los agrupados en los “fondos buitre” que cuentan con los recursos económicos y legales necesarios para librar batallas que podrían durar años, son naturalmente reacios a resignarse a perder el dinero que creen suyo. Aunque en los primeros años que siguieron al default integrantes del gobierno de George W. Bush simpatizaban con la postura argentina porque a su juicio el desastre se debió en buena medida a la irresponsabilidad de los banqueros y especuladores financieros, sus sucesores demócratas han resultado ser menos benignos, de ahí su voluntad de votar en contra de la Argentina en instituciones como el Banco Mundial. Por lo demás, últimamente han comenzado a exteriorizar su fastidio el gobierno de España, que está alarmado por las embestidas kirchneristas contra Repsol-YPF, y el del Reino Unido en defensa de intereses comerciales amenazados por un boicot. Así, pues, el gobierno de Cristina se las ha arreglado para enojar tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, además, huelga decirlo, de sus socios del Mercosur como Brasil y Uruguay. También ha provocado roces con China. En cambio, parecería que, merced a las dotes diplomáticas de Moreno, podría estar por celebrar un idilio con Angola.
En el discurso larguísimo que pronunció la semana pasada ante el Congreso nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner subrayó que la Argentina actual es un país muy distinto de aquel de antes de la llegada al poder de su marido en mayo del 2003, pero si bien la recuperación macroeconómica ha sido impresionante, el gobierno kirchnerista sigue resistiéndose a asumir plenamente las consecuencias del cambio que tanto lo enorgullece. Aunque actitudes que podrían juzgarse comprensibles en el 2003, cuando muchos temían que la catástrofe económica, social y política provocada por el colapso de la convertibilidad se profundizaría, no lo son ahora, muchos miembros del gobierno, incluyendo a la presidenta, se aferran a una mentalidad que acaso fuera propia de tiempos ya idos sin hacer esfuerzo alguno por adaptarse a las circunstancias vigentes, tal vez por suponer que les conviene actuar como si la Argentina siguiera siendo un país víctima de la malignidad ajena y por lo tanto con derecho a rebelarse contra las reglas reivindicadas por los demás miembros de la comunidad internacional. Ya antes de anotarse Cristina el triunfo electoral abrumador del año pasado, tanto ella como los demás integrantes del gobierno que encabeza se habían acostumbrado a tratar con prepotencia desdeñosa no sólo a sus adversarios políticos locales y a aquellos empresarios que no manifestaban mucho entusiasmo por “el proyecto” sino también a sus interlocutores del resto del planeta. Hasta ahora, tal actitud no les ha ocasionado demasiados problemas internos, mientras que en el exterior la reacción de los funcionarios y empresarios frente a la arbitrariedad agresiva de personajes como el canciller Héctor Timerman y el secretario de Comercio Guillermo Moreno se ha visto morigerada por la incredulidad que con toda seguridad sienten y por la esperanza de que los kirchneristas terminen adaptándose a las usanzas internacionales consideradas apropiadas para los “países serios”, pero están multiplicándose las señales de que en el exterior los perjudicados por la conducta de nuestro gobierno no estarán dispuestos a permanecer pasivos por mucho tiempo más. Así las cosas, el fallo más reciente del juez federal neoyorquino Thomas Griesa, el magistrado que desde hace años entiende en causas relacionadas con el default festivo de diciembre del 2001, debería motivar preocupación en la Casa Rosada. Lo mismo que el gobierno del presidente Barack Obama, Griesa ha llegado a la conclusión de que la Argentina es un país que “con total descaro ha violado sus obligaciones legales”, negándose a prestar atención a los fallos del Ciadi que le son adversos y mofándose de acuerdos que, en teoría por lo menos, sirven para mantener a raya el espectro del proteccionismo. En el 2002, cuando el país se hundía en una crisis socioeconómica y política de secuelas nefastas, en otras latitudes se daba por descontado que sería inútil procurar obligarlo a respetar todos sus compromisos, pero puesto que a partir de entonces la economía ha crecido “a tasas chinas”, los acreedores, sobre todo los agrupados en los “fondos buitre” que cuentan con los recursos económicos y legales necesarios para librar batallas que podrían durar años, son naturalmente reacios a resignarse a perder el dinero que creen suyo. Aunque en los primeros años que siguieron al default integrantes del gobierno de George W. Bush simpatizaban con la postura argentina porque a su juicio el desastre se debió en buena medida a la irresponsabilidad de los banqueros y especuladores financieros, sus sucesores demócratas han resultado ser menos benignos, de ahí su voluntad de votar en contra de la Argentina en instituciones como el Banco Mundial. Por lo demás, últimamente han comenzado a exteriorizar su fastidio el gobierno de España, que está alarmado por las embestidas kirchneristas contra Repsol-YPF, y el del Reino Unido en defensa de intereses comerciales amenazados por un boicot. Así, pues, el gobierno de Cristina se las ha arreglado para enojar tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, además, huelga decirlo, de sus socios del Mercosur como Brasil y Uruguay. También ha provocado roces con China. En cambio, parecería que, merced a las dotes diplomáticas de Moreno, podría estar por celebrar un idilio con Angola.
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