La inflación ninguneada

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Por sentir nostalgia por la primera mitad de los años setenta del siglo pasado, cuando el equipo de Isabelita se las arreglaba para complicar la vida de todos tomando medidas económicas estrafalarias, o porque no le es dado pensar en otra cosa, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece decidido a continuar procurando reducir al mínimo la salida de dólares. Para castigar a los turistas que en los meses próximos se aventuren al exterior después de superar las barreras burocráticas que el gobierno ha erigido, los obligará a pagar el 15% más por las compras en moneda extrajera con tarjeta de crédito aunque, según el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, más tarde podrían deducirlo de sus impuestos a las Ganancias o Bienes Personales. Aunque no se trata de un cambio muy significante, el anuncio ha servido para intensificar la sensación de que el gobierno está tan preocupado por la evolución alarmante de la balanza de pagos que quisiera aislar el país del resto del mundo, hostigando a los turistas y hombres de negocios que por los motivos que fueran se proponen cruzar la frontera además, claro está, de protegernos contra las importaciones, de las que algunas son necesarias para que funcione de manera adecuada el “aparato productivo” nacional. Todo sería más sencillo si el gobierno permitiera que los mercados fijaran la tasa de cambio, limitándose a hacer uso del poder de fuego del Banco Central, pero es reacio a ir tan lejos por miedo a que la devaluación resultante dé lugar a un aumento inmediato de los precios al consumidor. En la actualidad, la tasa de inflación “de supermercado”, como dicen ciertos dirigentes sindicales y sabe toda ama de casa, se acerca al 30% anual, pero el gobierno se resiste a darse por enterado, de ahí el cepo cambiario, el bloqueo comercial que tantas protestas ha motivado entre nuestros “socios”, la campaña oficial a favor de la pesificación patriótica, la negativa a imprimir billetes que valgan más de veinte dólares y, últimamente, las retenciones que tendrán que abonar quienes compren bienes en el exterior con su tarjeta. Ya se ha hecho penosamente evidente que “el modelo” de Cristina dejó hace tiempo de ser el de su marido y antecesor, que se basaba en los célebres superávits gemelos y un tipo de cambio competidor, pero así y todo su transformación en lo que es se debe a la decisión de Néstor Kirchner de falsificar las estadísticas con el presunto propósito de manipular las expectativas, si bien más tarde distintos voceros oficiales señalarían, con franqueza sorprendente, que gracias a los nada confiables números oficiales el Estado nacional se ahorraba mucha plata que de otro modo recibirían los bonistas. Sea como fuere, tarde o temprano será necesario que este gobierno, o su sucesor, abandone el intento de reemplazar la realidad económica por otra más acorde con el relato presidencial, ya que para ocultar los estragos que está ocasionando la inflación tendría que seguir tomando medidas que, lejos de ayudarlo a brindar la impresión de que todo está bajo control, sólo sirven para llamar la atención a su propia torpeza. Huelga decir que no es la primera vez que algo así ha sucedido en el país. Como ha advertido en diversas oportunidades el exministro de Economía Roberto Lavagna, uno de los arquitectos del “modelo” kirchnerista original, tarde o temprano el país tendrá que someterse a un proceso de sinceramiento que, aun cuando no sea tan traumático como el ensayado en su momento por el recordado Celestino Rodrigo, asestaría un choque doloroso a muchísimas personas. Cuanto más se demore el “ajuste” así supuesto, más fuerte tendrá que ser, pero parecería que Cristina y sus colaboradores, que ya están preparándose por una batalla electoralista en torno a una eventual reforma constitucional que, esperan, les abriría la puerta a una segunda reelección, no tienen ningún deseo de arriesgarse enfrentando la inflación, de suerte que continuarán intentando frenar la sangría de divisas con los métodos recomendados por funcionarios como Echegaray y el secretario de Comercio Guillermo Moreno, a pesar de que ya deberían entender que los beneficios serán escasos y los costos, tanto políticos como económicos, decididamente elevados.