Denuncia contra un intendente de Neuquén: lo acusan de habilitar una cantera de la que es titular

Una denuncia penal contra el intendente de Las Lajas, Pablo Cortez (MPN), sacudió esta semana la agenda política e institucional de la localidad ubicada en la zona centro de la provincia de Neuquén.

La presentación fue realizada por el concejal Juan Cabezas (Juntos), quien vinculó al jefe comunal con la habilitación de una cantera de la que sería titular y con la existencia de irregularidades en el cobro de la tasa vial que instauró el municipio.

«No puede tener una concesión de un yacimiento a su cargo»

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De acuerdo al relato de Cabezas, el primer hecho se remonta al mes de diciembre de 2025, cuando el intendente elevó un proyecto de ordenanza para pedirle al Concejo Deliberante que avale el permiso municipal de un yacimiento de áridos.

En esa solicitud el titular del Ejecutivo fue reconocido como titular del predio, lo que se utilizó como justificación para la elevación de la iniciativa al cuerpo legislativo.

El proyecto finalmente fue aprobado y dejó habilitada la actividad comercial de la cantera para el periodo comprendido entre 2024 y 2028.

Cabezas indicó que «más allá de lo relatado, esta parte entiende que el Sr. intendente municipal no puede contratar con el Estado, no puede pedir permiso para un emprendimiento propio en el cual el Estado está directamente relacionado, teniendo un interés propio, un interés económico».

«No puede, siendo intendente, tener una concesión de un yacimiento minero, y mucho menos puede tener una concesión de un yacimiento minero del municipio a su cargo», agregó en la denuncia que también fue difundida en redes sociales.

Según dijo, las prohibiciones de este tipo están reguladas «expresamente» por la normativa provincial. Y citó el artículo 88 del reglamento de contrataciones de la ley 2141 que impide la contratación de agentes y funcionarios del Estado provincial, nacional y municipal por parte del Estado provincial.

Además, el concejal apuntó contra la dirección provincial de Minería, sobre la cual manifestó «preocupación» por desconocer que Cortez «es un intendente».

Un segundo hecho denunciado

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El segundo hecho denunciado por Cabezas se refirió a la tasa vial, que fue aprobada en 2025 y tuvo como argumento la necesidad de «aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas que aseguran la sustentabilidad de la red vial».

Al igual que en otras localidades de la provincia, indicó que el cobro de ese tributo se hace por parte de un tercero, que actúa como agente de percepción y debe transferir lo recaudado al municipio para ingresarlo en un «Fondo Específico de Movilidad Urbana».

Sin embargo, sostuvo, el único intermediario capaz de cumplir con ese esquema es una estación de servicio que «se encontraría vinculada» al intendente o «sería de su propiedad».

«Nos encontramos que el seria agente de percepción de la tasa, pero asimismo el seria como intendente municipal quien controle que ingrese el dinero correcto de acuerdo a la cantidad de litros vendidos en la localidad. Dicho esto, nuevamente aparecería una superposición de intereses, en tanto el funcionario público se encontraría vinculado a una actividad alcanzada por decisiones adoptadas en el ejercicio de su cargo», explicó.

Las primeras medidas de la fiscalía

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Los hechos, se aclaró en la denuncia, podrían ser encuadrados en los delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en caso de corresponder, administración fraudulenta.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, Cabezas desconoció tener novedades sobre el avance del trámite, aunque prometió consultar sobre el asunto esta semana.

El expediente quedó a cargo del fiscal del caso Marcelo Jofré, quien, como primera medida, realizó un pedido de documentación al municipio, al Concejo Deliberante y al área de Minería de la Provincia.

Este medio intentó obtener un comentario del intendente, pero al cierre de esta edición no se había conseguido respuesta todavía.