Los límites al desarrollo
Los dirigentes políticos de todos los países ricos parecen creer que la crisis económica que se inició a mediados del 2008, cuando se desplomaron algunas instituciones financieras gigantescas, resultará ser pasajera, de suerte que tarde o temprano se restaurará la normalidad, o sea, una situación caracterizada por una tasa de desocupación muy baja y aumentos constantes del nivel de vida del grueso de la población. Así, pues, en Estados Unidos, la estrategia electoral del candidato republicano, Mitt Romney, se basa en la idea de que el presidente actual, Barack Obama, ha fracasado de manera vergonzosa porque no ha logrado crear una multitud de empleos bien remunerados, mientras que en Europa, los opositores, tanto de derecha como de izquierda, acusan a los gobiernos de sus respectivos países de ser igualmente inoperantes. Puesto que en todas partes los políticos opositores se han acostumbrado a dar por descontado que un buen gobierno debería ser capaz de modificar la realidad económica en un lapso muy breve, y los oficialistas de turno atribuyen los problemas a los errores de sus antecesores, es sin duda natural que hablen de este modo. Por lo demás, la mayoría no puede sino entender que no la beneficiaría en absoluto afirmar que, por ser cuestión de una crisis estructural, no será posible restaurar el statu quo de apenas un lustro antes y que por lo tanto la ciudadanía tendrá que adaptarse a circunstancias mucho más negativas que las previstas, pero, mal que les pese, convendría que tanto los dirigentes como los demás se prepararan para enfrentar dicha eventualidad. Durante varias décadas, fue “normal” en los países más desarrollados un nivel de empleo, y de ingresos, para personas sin aptitudes especiales, que en la actualidad ya parece utópico. Cuando “el modelo” así supuesto comenzó a mostrar síntomas de agotamiento, los gobiernos, acompañados por muchos millones de personas, procuraron prolongar su vida endeudándose cada vez más, hasta que un buen día los acreedores decidieron que no sería de su interés seguir prestándoles dinero. En opinión de algunos economistas, tal reacción fue insensata o, por lo menos, prematura, pero los asustados por las deudas gigantescas que se acumulaban tenían buenos motivos para sospechar que el sistema resultaría insostenible. Últimamente, todos los países ricos han experimentado profundos cambios demográficos: se ha reducido la proporción de “activos” frente a los “pasivos”, lo que, desde luego, hace imprescindibles reformas drásticas, pero sumamente difíciles políticamente, de los sistemas previsionales. También han cambiado, con rapidez desconcertante, las necesidades laborales de las empresas productivas y los servicios debido al progreso tecnológico. Como si esto no fuera más que suficiente, los habitantes de los países desarrollados tienen que hacer frente a las consecuencias de la irrupción en los mercados internacionales de países enormes como China en que los salarios son bajísimos en comparación con los considerados aceptables en América del Norte y Europa. Hasta ahora, quienes más han sentido el impacto de lo que está ocurriendo son aquellos griegos, españoles e italianos que, por razones que ni ellos ni, según parece, los dirigentes políticos alcanzan a entender, se han visto privados de sus fuentes de ingresos, pero muchos otros compartirán el mismo destino. Todo hace pensar que estamos frente a un “cambio de paradigma”, al naufragio del Estado benefactor tal y como lo conocen los países considerados más avanzados, sin que nadie haya logrado vislumbrar lo que, andando el tiempo, podría reemplazarlo. Paradójicamente, las críticas más vehementes de un sistema socioeconómico que, por sus méritos patentes, parecía estar en vías de universalizarse, no han sido los liberales a ultranza, sino aquellos comunistas chinos que han atribuido la crisis agónica de la Eurozona a un gasto social que en su opinión se ha visto absurdamente inflado por gobiernos sensibleros. Así las cosas, si, como muchos suponen es inevitable, representantes del régimen chino terminan llevando la voz cantante en instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, los gobernantes de países en apuros se verían constreñidos a negociar con funcionarios aún menos solidarios que los denostados técnicos “neoliberales” que se negaron a ayudarnos en los meses finales del 2001.
Los dirigentes políticos de todos los países ricos parecen creer que la crisis económica que se inició a mediados del 2008, cuando se desplomaron algunas instituciones financieras gigantescas, resultará ser pasajera, de suerte que tarde o temprano se restaurará la normalidad, o sea, una situación caracterizada por una tasa de desocupación muy baja y aumentos constantes del nivel de vida del grueso de la población. Así, pues, en Estados Unidos, la estrategia electoral del candidato republicano, Mitt Romney, se basa en la idea de que el presidente actual, Barack Obama, ha fracasado de manera vergonzosa porque no ha logrado crear una multitud de empleos bien remunerados, mientras que en Europa, los opositores, tanto de derecha como de izquierda, acusan a los gobiernos de sus respectivos países de ser igualmente inoperantes. Puesto que en todas partes los políticos opositores se han acostumbrado a dar por descontado que un buen gobierno debería ser capaz de modificar la realidad económica en un lapso muy breve, y los oficialistas de turno atribuyen los problemas a los errores de sus antecesores, es sin duda natural que hablen de este modo. Por lo demás, la mayoría no puede sino entender que no la beneficiaría en absoluto afirmar que, por ser cuestión de una crisis estructural, no será posible restaurar el statu quo de apenas un lustro antes y que por lo tanto la ciudadanía tendrá que adaptarse a circunstancias mucho más negativas que las previstas, pero, mal que les pese, convendría que tanto los dirigentes como los demás se prepararan para enfrentar dicha eventualidad. Durante varias décadas, fue “normal” en los países más desarrollados un nivel de empleo, y de ingresos, para personas sin aptitudes especiales, que en la actualidad ya parece utópico. Cuando “el modelo” así supuesto comenzó a mostrar síntomas de agotamiento, los gobiernos, acompañados por muchos millones de personas, procuraron prolongar su vida endeudándose cada vez más, hasta que un buen día los acreedores decidieron que no sería de su interés seguir prestándoles dinero. En opinión de algunos economistas, tal reacción fue insensata o, por lo menos, prematura, pero los asustados por las deudas gigantescas que se acumulaban tenían buenos motivos para sospechar que el sistema resultaría insostenible. Últimamente, todos los países ricos han experimentado profundos cambios demográficos: se ha reducido la proporción de “activos” frente a los “pasivos”, lo que, desde luego, hace imprescindibles reformas drásticas, pero sumamente difíciles políticamente, de los sistemas previsionales. También han cambiado, con rapidez desconcertante, las necesidades laborales de las empresas productivas y los servicios debido al progreso tecnológico. Como si esto no fuera más que suficiente, los habitantes de los países desarrollados tienen que hacer frente a las consecuencias de la irrupción en los mercados internacionales de países enormes como China en que los salarios son bajísimos en comparación con los considerados aceptables en América del Norte y Europa. Hasta ahora, quienes más han sentido el impacto de lo que está ocurriendo son aquellos griegos, españoles e italianos que, por razones que ni ellos ni, según parece, los dirigentes políticos alcanzan a entender, se han visto privados de sus fuentes de ingresos, pero muchos otros compartirán el mismo destino. Todo hace pensar que estamos frente a un “cambio de paradigma”, al naufragio del Estado benefactor tal y como lo conocen los países considerados más avanzados, sin que nadie haya logrado vislumbrar lo que, andando el tiempo, podría reemplazarlo. Paradójicamente, las críticas más vehementes de un sistema socioeconómico que, por sus méritos patentes, parecía estar en vías de universalizarse, no han sido los liberales a ultranza, sino aquellos comunistas chinos que han atribuido la crisis agónica de la Eurozona a un gasto social que en su opinión se ha visto absurdamente inflado por gobiernos sensibleros. Así las cosas, si, como muchos suponen es inevitable, representantes del régimen chino terminan llevando la voz cantante en instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, los gobernantes de países en apuros se verían constreñidos a negociar con funcionarios aún menos solidarios que los denostados técnicos “neoliberales” que se negaron a ayudarnos en los meses finales del 2001.
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