La desidia mata

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Algunos accidentes fatales son inevitables, suceden aunque se hayan tomado todas las precauciones concebibles, pero muchos no tendrían lugar si las autoridades se dieran el trabajo de asegurar que se cumpla la ley al pie de la letra, insistiendo en que los infractores sean penalizados debidamente para que quede evidente que obedecer la ley es más fácil que pisotearla. De más está decir que en este ámbito como en tantos otros nuestro país deja bastante que desear. Puesto que aquí se ha desarrollado una auténtica cultura de la informalidad, por decirlo de una forma caritativa, es natural que en la Argentina ocurran más siniestros imputables a la negligencia que en sociedades mejor organizadas. Por cierto, no cabe duda alguna de que el accidente vial que hace poco segó la vida de una cincuentena de personas en Catamarca corresponde a la segunda categoría. Los pasajeros que viajaban en el micro que se precipitó por un barranco al quedarse sin frenos murieron porque las autoridades no controlan debidamente los vehículos, porque con un poco de ingenio cualquiera puede conseguir una licencia para manejar un micro o, en el caso de que no la tenga, zafarse pagando una coima a un policía, y porque demasiados legisladores raramente pierden la oportunidad para oponerse a medidas destinadas a castigar a quienes se mofen de los reglamentos, como en efecto se hizo hace poco eliminando los controles por radar, enviando de esta manera a los automovilistas un mensaje muy explícito. Puede ser que por haber sido cuestión de una cadena al parecer interminable de actitudes irresponsables, cuando no delictivas, no sea posible atribuir el desastre a ninguna persona determinada, pero sería legítimo considerarlo como una masacre perpetrada por los que se las han ingeniado para frustrar todos los esfuerzos por hacer más seguro el tránsito por las carreteras del país.

En la raíz de la desidia que parece ser la característica más notable de todas las reparticiones burocráticas se encuentra la mentalidad pretendidamente comprensiva de aquellos políticos que, motivados por el deseo de congraciarse con los muchos infractores habituales que se enorgullecen de sus pequeñas proezas, se dedican a asegurar que las leyes que podrían ocasionarles inconvenientes sean ya suprimidas, ya violadas constantemente con la más absoluta impunidad. So pretexto de que en medio de una crisis económica severísima sería inhumano insistir en que los vehículos se conformen a normas técnicas mínimas, no les importa del todo que circulen autos y camiones vetustos que nunca podrían ser aprobados por ningún inspector honesto. Asimismo, parecería que constituye una violación flagrante de los derechos humanos el empleo de radares conectados a cámaras fotográficas que registran sin margen de error la velocidad precisa de un vehículo en un lugar determinado. En cuanto al estado a menudo lamentable de los vehículos de pasajeros pertenecientes a empresas dudosas, se trata de un asunto que los interesados suelen arreglar en privado sin que a nadie se le ocurra pensar en las consecuencias.

A muchas personas les gusta creer que la permisividad excesiva es buena y «humana», mientras que exigir que las leyes sean severas y que, para colmo, sean aplicadas con rigor no es propio de un pueblo como el nuestro. Se equivocan. Los únicos beneficiados por este tipo de tolerancia son los políticos y funcionarios corruptos por un lado y, por el otro, aquellos improvisados irresponsables que por un puñado de pesos siempre están dispuestos a cruzar los dedos y dejar todo en manos de la fatalidad. Las víctimas son los demás, los ciudadanos comunes que no forman lobbies, que no están en condiciones de organizarse para sobornar a nadie o presionar a los políticos para que no los molesten forzándolos a acatar leyes engorrosas. Por desgracia, los comprometidos con la desidia sistemática llevan la voz cantante desde hace muchos años y son virtualmente indefensas sus víctimas, personas que se arriesgan viajando en vehículos destartalados, manejados por incompetentes, en caminos maltrechos plagados de automovilistas acostumbrados a burlarse de las reglas mínimas, o que compran productos comerciales con la esperanza de que los fabricantes o distribuidores hayan prestando atención a las leyes.