Iglesias piden que el excedente de regalías se use en ayuda social

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NEUQUEN (AN).- Las Iglesias católica y metodista, la defensoría del niño y el adolescente y organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa de los derechos humanos le pidieron al gobierno que el excedente que recibirá este año por una mejor recaudación de regalías se utilice para revertir la exclusión social de chicos y jóvenes de la provincia en situación de riesgo. Los representantes de esas instituciones calcularon que esos mayores ingresos rondarán los 240 millones de pesos y, para ponerle un cerrojo a ese dinero, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura, donde se discute el presupuesto provincial.

La iniciativa impulsa el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes, garantizados por la Constitución Nacional y la ley provincial 2302. El objetivo apunta a solicitar a los diputados que «las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales de los chicos sean subsanadas en la ley de presupuesto que actualmente se encuentra en tratamiento».

Después de la propuesta de los gremios estatales, que pidieron una recomposición salarial y la devolución del 20% del adicional por zona desfavorable suprimido durante la gestión de Felipe Sapag, la propuesta de las instituciones solidarias es la segunda que le marca al gobierno pautas para distribuir los mayores ingresos del actual ejercicio.

En el conglomerado urbano constituido por esta capital y Plottier, el 59,7% de niños y adolescentes son pobres, y el 31,4% están en la indigencia, y 12 mil adolescentes entre 14 y 19 años no trabajan ni estudian (ver infografía).

El proyecto fue presentado ayer en la sede de Cáritas diocesana y del Equipo de Pastoral Social del obispado neuquino. Allí, la defensora del niño y el adolescente, Nara Osés; Ana Pimentel, el pastor metodista Guillermo Schneider y el coordinador de Pastoral Social, Adolfo Coco Mantilaro entre otros dirigentes, explicaron el proyecto que le habían entregado minutos antes a los diputados provinciales.

Sobre la base de informes oficiales -del Siempro, Sistema de información, monitoreo y evaluación de programas sociales del ministerio de Desarrollo Social, y del Indec-, además de datos propios, las organizaciones elaboraron una propuesta para aplicar «cerca de 240 millones de pesos que no tienen destino asignado en el presupuesto 2002».

Schneider dijo que se trata de «ofrecer una propuesta de cómo invertir ese dinero». El documento de un centenar de páginas, en la defensa del derecho a la nutrición y al agua potable, denuncia que «es insatisfactoria la política actual de acceder a la alimentación en los comedores comunitarios» y propone que el Estado apoye el programa de Cocinas Solidarias Familiares -Cosofa- desarrollado por los equipos eclesiásticos mediante un aporte mensual por cocina «de 800 pesos y el pago de una suma de 150 pesos» para las facilitadoras (coordinadoras).

Además se pide que se regule un refuerzo nutritivo para el «refrigerio solidario que se suministra y el mejoramiento del espacio físico».

Las cocinas son operadas por un grupo de familias que recibe alimentos semanalmente y, por turno semanal, preparan las comidas diarias para la totalidad de sus integrantes. El programa nació hace dos años en los barrios del oeste y se extendió en varias zonas de la capital neuquina. Los chicos y jóvenes representan el eslabón más débil en la cadena de la pobreza, y también padecen la exclusión del sistema de salud. Los menores pacientes que hacen cola para ser operados superan los 500 en la provincia y «corren riesgo de perder órganos sensoriales como la vista o el oído». En el hospital regional Eduardo Castro Rendón, los chicos engrosan las listas de espera. Para cirugía cardiovascular, hay 14 chicos anotados; 300 para otorrinolaringología; 35 para ortopedia y traumatología; 33 para cirugía plástica y de quemados; 65 niños con estrabismo para cirugía oftalmológica y 150 para cirugía general. En el oeste de la ciudad, el hospital Horacio Heller contabiliza 75 chicos que esperan atención psicológica.

Denunciaron que los inhaladores de pegamento «no reciben atención especializada» y los adolescentes adictos al alcohol y drogas «que necesitan tratamiento en comunidades cerradas, son enviados a Buenos Aires» por falta de instituciones locales.

Infraestructura habitacional

NEUQUEN (AN).- Trazado el panorama de la exclusión de los chicos y jóvenes de los sistemas de salud y de educación en los anexos correspondientes, y luego de descripto el cuadro de la pobreza y la indigencia, el Equipo de Pastoral Social se dedicó a explicar «la gravedad de los asentamientos» en esta capital, que constituyen «verdaderas trampas» para sus habitantes.

La denuncia recuerda el incendio que mató dos chicos en Almafuerte como «una tragedia que podría evitarse con la construcción de una infraestructura mínima».

Justamente Adolfo Coco Mantilaro, que coordina el equipo, dirigió durante la anterior gestión gubernamental de Jorge Sobisch la reubicación de los pobladores que habían tomado lotes próximos al estadio Ruca Che en su actual emplazamiento -barrios Independencia e Hipódromo-.

En esa época, el Estado apoyó el desarrollo de una experiencia de socialización del trabajo y los recursos con aportes interdisciplinarios e interinstitucionales.

La experiencia no se repitió y luego la política habitacional volvió a manejar los asentamientos y las tomas de la manera habitual.