El Estado regularía todo el proceso
la ley
El proyecto para legalizar la marihuana en Uruguay prevé que el Estado asuma el control y la regulación de la importación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. Los siguientes son los principales puntos de la iniciativa a estudio en el Congreso: • La idea fue lanzada en junio del 2012 en el marco de una serie de medidas para combatir el aumento de la violencia en el país. El proyecto inicial, de un solo artículo, llegó al Parlamento en agosto de ese año, donde tras un largo debate el texto creció a 42 artículos. • El fin de la ley es “proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis”. • Busca además “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico”. • La iniciativa diferencia entre el uso de cannabis para investigación científica, fines medicinales, distintos procesos industriales, y el consumo recreativo. • Prevé la creación del instituto de regulación y control de cannabis (Ircca) que deberá controlar las plantaciones, el cultivo, la cosecha, producción, acopio y expendio del cannabis. • Permite el autocultivo personal (con un límite de seis plantas o una producción de 480 gramos) y el cultivo en clubes de membresía (con 15 a 45 socios y un número de plantas proporcional, con un máximo de 99). Tras aprobarse la ley, quienes ya tengan plantas, dispondrán de 180 días para registrarse como autocultivadores. • El texto prevé el otorgamiento de licencias de expendio de cannabis psicoactivo a las farmacias. Quienes compren allí deberán inscribirse en un Registro de usuarios y podrán comprar un máximo de 40 gramos mensuales. • Quien produzca cannabis sin autorización legal será castigado con pena de 20 meses de prisión a diez años de penitenciaría. • La compra de cannabis con fines recreativos estará limitada a mayores de edad. • La norma prohíbe toda forma de publicidad de la droga, que sería vendida sin marcas ni distintivos, y prevé incluir pautas de prevención sobre el uso problemático de las drogas en todos los niveles de educación. (AFP)
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