Un puzzle sin solución evidente

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El gobernador bonaerense Daniel Scioli dista de ser el único dirigente político que espera que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “termine de la mejor forma posible”, como dijo la semana pasada, de tal modo manifestando su temor a que, una vez más, la Argentina se precipite en una confusa crisis institucional de desenlace imprevisible. De resultas de las dimensiones de la derrota que sufrió el kirchnerismo en las elecciones primarias y, más todavía, de la reacción desafiante de la presidenta que, según parece, cree que para ella lo mejor sería actuar como si sólo fuera cuestión de un revés coyuntural sin importancia, se ha difundido por el país la sensación de que un período prolongado de hegemonía caudillista está acercándose con rapidez a su fin. Por cierto, no exageraba demasiado el diputado aún oficialista Jorge Yoma cuando hace poco afirmó que “o Cristina cambia o va a tener que dejar el gobierno”; el estilo autocrático de la presidenta era viable, si bien muy negativo para el país, mientras disfrutó del apoyo de una mayoría sustancial, pero no lo sería si, como se prevé, en las elecciones legislativas de octubre los candidatos del Frente para la Victoria reparten el 25%, o menos, de los votos populares. Según diversos voceros oficiales, incluso especular en torno a la situación que enfrentaría el país si se confirma que, como parece ser el caso, el gobierno sólo cuenta con el apoyo de una minoría reducida que día a día propende a achicarse, es “golpista”, ya que a su juicio hablar de cambios refleja la voluntad de alterar el orden constitucional. Sin embargo, aunque no cabe duda de que el panorama se ha modificado mucho a partir de octubre del 2011, ello no quiere decir que el país tenga que optar entre 28 meses más de presidencialismo extremo por un lado y, por el otro, una ruptura de consecuencias con toda seguridad desafortunadas. En democracias maduras de instituciones parecidas a las nuestras, como la estadounidense y la francesa, sucede con cierta frecuencia que el presidente de turno se ve constreñido a convivir, o “cohabitar”, con una legislatura dominada por los partidos opositores que, claro está, insisten en hacer pleno uso de sus facultades constitucionales. No les gusta a los mandatarios ser obligados a negociar con adversarios y a menudo se producen roces, pero nadie supone que el sistema mismo corre peligro. Antes bien, sólo se trata de resignarse a dividir el trabajo del gobierno tal y como se supone que ha pedido la ciudadanía luego de expresarse en el cuarto oscuro. Los arreglos de este tipo nunca son muy satisfactorios, pero a la luz de las alternativas son los menos malos. Así las cosas, los dos años finales de la gestión de Cristina deberían caracterizarse por el cogobierno, con el Congreso que surja de las elecciones legislativas asumiendo mayores responsabilidades y la presidenta limitándose a un papel decididamente menos protagónico que el que ha desempeñado hasta ahora a base de una mayoría abultada. Es lo que ocurriría en circunstancias similares en Estados Unidos o Francia pero, obvio es decirlo, aquí la realidad política es muy distinta de la imperante en aquellos países. Para comenzar, no hay muchos motivos para suponer que Cristina, rodeada de incondicionales de mentalidad poco democrática y acostumbrada como está a actuar como una especie de monarca plebiscitado, estaría dispuesta a compartir el poder con “los suplentes” opositores. Y para más señas, éstos pertenecen a un conjunto de agrupaciones precarias que nunca han manifestado mucho interés en asumir responsabilidades gubernamentales. He aquí la razón por la que tantos temen por el futuro. Para superar los problemas ocasionados por la pérdida vertiginosa de apoyo a la presidenta, sería necesario que ella misma y los dirigentes opositores o “disidentes” colaboraran, anteponiendo el bien común a sus ambiciones particulares, pero Cristina es reacia a hacerlo porque significaría resignarse al agotamiento de su “proyecto” personal, y sus adversarios sencillamente no podrán permitirle continuar gobernando como ha hecho a partir de las elecciones presidenciales de hace menos de dos años porque a su juicio tanto su estilo autoritario como “el rumbo” que ha elegido están llevando el país hacia una nueva frustración.