Un ministro carísimo

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Según el ministro de Economía Axel Kicillof, es necesario pagarle a Repsol varios miles de millones de dólares porque negarse a hacerlo sería “ilegal”. Tiene razón Kicillof, pero se trata del mismo funcionario que, al apropiarse hace menos de dos años del grueso del paquete accionario de la empresa española en YPF, nos prometió que el país no le pagaría un solo centavo. Para rematar, hizo gala de su desprecio por la seguridad jurídica, o sea la legalidad, por ser a su juicio un concepto “horrible”. Parecería, pues, que Kicillof ha dado un giro de 180 grados, transformándose de un enemigo acérrimo del respeto por la ley en un defensor de lo que había combatido de manera tan fogosa. Pero no sólo es cuestión de la evolución ideológica sorprendente de un personaje determinado. Mientras que la toma por asalto de YPF por Kicillof y sus muchachos ya ha costado al país muchos miles de millones de dólares en inversiones que de otro modo hubieran entrado, generando más fuentes de trabajo y más ingresos para el gobierno, para salir del pozo financiero en que los kirchneristas se precipitaron será forzoso desembolsar algunos miles de millones más. Aunque se habla de una cuota inicial de 5.000 millones en efectivo para Repsol, algunos expertos estiman que el monto final podría acercarse a 8.000 millones de dólares, lo que sería muchísimo dinero para un país cuyas reservas están cayendo a una velocidad alarmante. Instigado por Kicillof, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esperó que la expropiación manu militari de las acciones de Repsol en YPF lo ayudara no sólo a congraciarse con sectores nacionalistas influyentes que, como podía preverse, aplaudieron la medida sin inquietarse por las eventuales consecuencias, sino también a solucionar de golpe el problema mayúsculo que había provocado su propia política energética, pero el fervor patriótico desatado por el operativo duró muy poco y, lejos de estimular un aumento repentino de la producción de gas y petróleo, la expulsión de los españoles sirvió para que se redujera todavía más. Pronto se hizo evidente que los kirchneristas habían cometido un error terriblemente costoso. Por desgracia, no se trataba de una anomalía o de un capricho. Desde los primeros días de la gestión del presidente Néstor Kirchner, la estrategia económica del gobierno se ha basado en el voluntarismo, en la convicción de que el apoyo popular sería más que suficiente como para permitirle violar con impunidad todas las reglas de la comunidad internacional, razón por la que, al ocurrírsele que merced al gas y petróleo encontrados en la zona de Vaca Muerta podría rellenar la gran caja oficial, Cristina no vaciló en echar a Repsol. Gracias al “viento de cola” y los aportes cuantiosos del campo, por algunos años el esquema populista favorecido por los Kirchner pareció funcionar, pero, al parecer sin darse cuenta, el gobierno construía una bomba de tiempo que tarde o temprano estallaría. En vez de intentar desmantelarla cuando hacerlo le hubiera sido relativamente fácil, Cristina optó por redoblar la apuesta, “profundizando el modelo”: aumentó el gasto público para que alcanzara proporciones apropiadas para un país escandinavo, se apoderó primero de los fondos jubilatorios privados y después de las reservas del Banco Central, se negó a reformar el Indec para que difundiera estadísticas verosímiles, ninguneó la inflación porque le resultaba antipática y, por el mismo motivo, minimizó la importancia de la brecha cambiaria. Aunque parece que tanto la presidenta como sus colaboradores se han asustado al ver que el país se acerca con rapidez a un abismo, razón por la que están tratando de reconciliarse con el resto del mundo, ya es tarde para que consigan los fondos que necesitarían para que el país no sufra otra crisis devastadora. Si bien a largo plazo las perspectivas distan de ser malas porque, una vez puesta en marcha la explotación de Vaca Muerta y otros yacimientos promisorios, la Argentina contará con fuentes de ingresos aún mayores que las supuestas por la soja, hasta nuevo aviso tendrá que convivir con una tasa de inflación del 30% o más anual, la erosión constante del poder de compra de casi todos sus habitantes y, para colmo, el espectro de un default que, por “técnico” que fuera, no ayudaría a mejorar la situación.

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