“Erradicar estas prácticas nocivas, la tarea pendiente”
La decisión del gobernador Alberto Weretilneck de reducir la planta política y algunos sueldos de sus funcionarios ha recibido numerosos apoyos y adhesiones de sectores de la provincia y de otros ámbitos del país por considerársela como un positivo acto de saneamiento presupuestario. No obstante, esos elogios no pueden tapar el trasfondo que encierra la medida y que pone en evidencia la verdadera causa que posibilitó llegar a tal estado de cosas: la arraigada y corrupta práctica de financiar la política partidaria con fondos públicos, de la cual no ha sido ajeno el actual gobierno provincial. Porque si hoy el gobernador puede determinar de un plumazo el cese del 50% de esos 740 cargos sin que con ello se altere el funcionamiento del estado rionegrino es evidente que algo no funcionó bien cuando se crearon o se mantuvieron esos puestos y se prodigaron los respectivos nombramientos, que poco o nada tuvieron que ver con reales necesidades de la administración pública y que , en principio, no tienen otra explicación que el cumplimiento de compromisos partidarios, acrecentando de tal forma la abundancia de los especímenes de la política criolla conocidos como punteros y “ñoquis”, totalmente financiados a través de las arcas estatales. Nada de esto es nuevo y desde largo tiempo se vienen repitiendo en el país –ya de parte del gobierno nacional como de los provinciales– estas formas espurias de “hacer política” mediante el uso de los recursos públicos, y Río Negro no ha sido extraño a tales prácticas, tanto durante los anteriores gobiernos radicales como en la presente gestión. En cuanto a la reducción de sueldos que ha propuesto el gobernador, sus alcances no parecen resultar tan significativos sino más bien cosméticos y de circunstancia. Y precisamente vinculado con el tema de los sueldos de los funcionarios, sería saludable transparentar de una vez por todas cuáles son los sueldos reales y sus emolumentos, así como los parámetros que se toman para fijar tales –importantes–, que en algunos casos llegan a cifras sorprendentes. No resulta explicación suficiente decir que esos sueldos se toman con relación a lo que gana un legislador o un miembro del Poder Judicial, ya que tampoco esos sueldos tienen que ver con la realidad social con la que conviven , con lo que gana por ejemplo una enfermera o un profesional de la salud pública o una docente o un trabajador de la fruta o un empleado de comercio. ¿Por qué en una provincia donde la mayoría de la población tiene ingresos que apenas cubren la canasta familiar un funcionario gana $ 50 o 60.000 es un acto tan irracional como escandaloso? La política es una actividad noble, sacrificada y de servicio. Nadie está obligado a ella, y quien la ejerce lo hace por vocación. Por su labor, los funcionarios tienen derecho a percibir una retribución digna y no a una suerte de canonjía para enriquecerse. Erradicar estas prácticas nocivas que bastardean la política es una tarea pendiente cuyo cumplimiento debemos exigir los ciudadanos si aspiramos a vivir en una sociedad decente. Carlos A. Segovia LE 7.304.065 Cipolletti
Carlos A. Segovia LE 7.304.065 Cipolletti
La decisión del gobernador Alberto Weretilneck de reducir la planta política y algunos sueldos de sus funcionarios ha recibido numerosos apoyos y adhesiones de sectores de la provincia y de otros ámbitos del país por considerársela como un positivo acto de saneamiento presupuestario. No obstante, esos elogios no pueden tapar el trasfondo que encierra la medida y que pone en evidencia la verdadera causa que posibilitó llegar a tal estado de cosas: la arraigada y corrupta práctica de financiar la política partidaria con fondos públicos, de la cual no ha sido ajeno el actual gobierno provincial. Porque si hoy el gobernador puede determinar de un plumazo el cese del 50% de esos 740 cargos sin que con ello se altere el funcionamiento del estado rionegrino es evidente que algo no funcionó bien cuando se crearon o se mantuvieron esos puestos y se prodigaron los respectivos nombramientos, que poco o nada tuvieron que ver con reales necesidades de la administración pública y que , en principio, no tienen otra explicación que el cumplimiento de compromisos partidarios, acrecentando de tal forma la abundancia de los especímenes de la política criolla conocidos como punteros y “ñoquis”, totalmente financiados a través de las arcas estatales. Nada de esto es nuevo y desde largo tiempo se vienen repitiendo en el país –ya de parte del gobierno nacional como de los provinciales– estas formas espurias de “hacer política” mediante el uso de los recursos públicos, y Río Negro no ha sido extraño a tales prácticas, tanto durante los anteriores gobiernos radicales como en la presente gestión. En cuanto a la reducción de sueldos que ha propuesto el gobernador, sus alcances no parecen resultar tan significativos sino más bien cosméticos y de circunstancia. Y precisamente vinculado con el tema de los sueldos de los funcionarios, sería saludable transparentar de una vez por todas cuáles son los sueldos reales y sus emolumentos, así como los parámetros que se toman para fijar tales –importantes–, que en algunos casos llegan a cifras sorprendentes. No resulta explicación suficiente decir que esos sueldos se toman con relación a lo que gana un legislador o un miembro del Poder Judicial, ya que tampoco esos sueldos tienen que ver con la realidad social con la que conviven , con lo que gana por ejemplo una enfermera o un profesional de la salud pública o una docente o un trabajador de la fruta o un empleado de comercio. ¿Por qué en una provincia donde la mayoría de la población tiene ingresos que apenas cubren la canasta familiar un funcionario gana $ 50 o 60.000 es un acto tan irracional como escandaloso? La política es una actividad noble, sacrificada y de servicio. Nadie está obligado a ella, y quien la ejerce lo hace por vocación. Por su labor, los funcionarios tienen derecho a percibir una retribución digna y no a una suerte de canonjía para enriquecerse. Erradicar estas prácticas nocivas que bastardean la política es una tarea pendiente cuyo cumplimiento debemos exigir los ciudadanos si aspiramos a vivir en una sociedad decente. Carlos A. Segovia LE 7.304.065 Cipolletti
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