Ganó el fiscal
Puede que en el terreno militar un buen ataque sea la mejor defensa, pero no suele serlo en el político o en jurídico, en los que el exceso de celo a menudo provoca una reacción generalizada. Para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el intento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó de librarse del molesto fiscal José María Campagnoli acusándolo de extralimitarse al investigar los negocios del multimillonario patagónico Lázaro Báez fue contraproducente. Lejos de convencer a los demás juristas de que no les convendría interesarse por un tema tan polémico, la procuradora sólo logró llamar la atención sobre la preocupación que motiva en los círculos oficialistas la difusión de más detalles acerca de los vínculos de la presidenta y de su marido fallecido, el expresidente Néstor Kirchner, con el hombre de negocios más famoso del país. Gils Carbó también se las arregló para desprestigiarse a sí misma: el constitucionalista Daniel Sabsay hablaba en nombre de muchos cuando, en la reunión de IDEA en Mar del Plata, la calificó de la “encubridora general de la Nación”. En cuanto a Campagnoli, que la semana pasada celebró el vencimiento del plazo de 180 días hábiles para que el juicio político al que fue sometido sin que los encargados de juzgarlo alcanzaran un acuerdo, gracias a la embestida kirchnerista se vio erigido en símbolo de la autonomía judicial. Aunque el fiscal dice que hubiera preferido un desenlace menos ambiguo, uno que lo absolviera de las acusaciones en su contra, tiene buenos motivos para sentirse satisfecho con el resultado. De todos modos, mucho ha cambiado desde que Gils Carbó, con el aval evidente de la presidenta, decidió tratar de disciplinar al fiscal que se había animado a investigar “la ruta del dinero K” con la esperanza de intimidar a otros que podrían sentirse tentados a emularlo. Además de significar un golpe tremendo a la economía del país que tendría repercusiones políticas muy importantes, el conflicto con los fondos buitre y la Justicia de Estados Unidos ha puesto a Báez –y por lo tanto a Cristina– en la mira de equipos de abogados y analistas financieros que cuentan con los recursos necesarios, muy superiores a los que tenía Campagnoli, para buscar depósitos de dinero presuntamente K en todos los lugares del mundo, comenzando con Suiza, Luxemburgo, las islas Seychelles y el estado norteamericano de Nevada. Se rumorea que hay indicios de que están rastreando no sólo los millones acumulados por Báez gracias a sus vínculos con la familia Kirchner sino también los misteriosos fondos de Santa Cruz que el gobernador Néstor Kirchner envió al exterior sin perder el tiempo con los engorrosos trámites financieros y legales habituales. Huelga decir que ni Cristina ni Gils Carbó están en condiciones de frenar tales pesquisas. Para apaciguar a “los buitres” el gobierno tendría que resignarse a darles lo que según la Justicia norteamericana les corresponde. Dicha eventualidad está haciéndose cada vez menos atractiva; otros “buitres” están reclamando ser tratados de la misma manera que el especulador Paul Singer. Para el gobierno kirchnerista, el fracaso de los esfuerzos de la procuradora por defenestrar a Campagnoli ha sido una derrota muy dolorosa. Entre otras cosas, ha incidido en el estado de ánimo de los demás integrantes de la “familia judicial”. Saben que, si bien el oficialismo puede ocasionarles muchas dificultades, siempre y cuando no hayan cometido irregularidades podrán sobrevivir a los ataques. Asimismo, como suele suceder al aproximarse a su fin un ciclo político y estar por empezar el siguiente, propende a disminuir la voluntad de los conformistas a acompañar al Poder Ejecutivo de turno. No extrañaría del todo, pues, que pronto aparecieran más fiscales dispuestos a investigar asuntos que el gobierno preferiría mantener ocultos. Aunque los kirchneristas aspiran a reformar el Código Procesal Penal de tal manera que no se vea garantizada la independencia de los fiscales, como acaba de advertir el jefe del bloque de diputados radicales Mario Negri, les costará lograr su propósito porque el clima político está experimentando uno de sus cambios periódicos, de suerte que reformas que pudieron haber prosperado un par de años atrás ya parecen poco realistas.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 29 de octubre de 2014
Puede que en el terreno militar un buen ataque sea la mejor defensa, pero no suele serlo en el político o en jurídico, en los que el exceso de celo a menudo provoca una reacción generalizada. Para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el intento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó de librarse del molesto fiscal José María Campagnoli acusándolo de extralimitarse al investigar los negocios del multimillonario patagónico Lázaro Báez fue contraproducente. Lejos de convencer a los demás juristas de que no les convendría interesarse por un tema tan polémico, la procuradora sólo logró llamar la atención sobre la preocupación que motiva en los círculos oficialistas la difusión de más detalles acerca de los vínculos de la presidenta y de su marido fallecido, el expresidente Néstor Kirchner, con el hombre de negocios más famoso del país. Gils Carbó también se las arregló para desprestigiarse a sí misma: el constitucionalista Daniel Sabsay hablaba en nombre de muchos cuando, en la reunión de IDEA en Mar del Plata, la calificó de la “encubridora general de la Nación”. En cuanto a Campagnoli, que la semana pasada celebró el vencimiento del plazo de 180 días hábiles para que el juicio político al que fue sometido sin que los encargados de juzgarlo alcanzaran un acuerdo, gracias a la embestida kirchnerista se vio erigido en símbolo de la autonomía judicial. Aunque el fiscal dice que hubiera preferido un desenlace menos ambiguo, uno que lo absolviera de las acusaciones en su contra, tiene buenos motivos para sentirse satisfecho con el resultado. De todos modos, mucho ha cambiado desde que Gils Carbó, con el aval evidente de la presidenta, decidió tratar de disciplinar al fiscal que se había animado a investigar “la ruta del dinero K” con la esperanza de intimidar a otros que podrían sentirse tentados a emularlo. Además de significar un golpe tremendo a la economía del país que tendría repercusiones políticas muy importantes, el conflicto con los fondos buitre y la Justicia de Estados Unidos ha puesto a Báez –y por lo tanto a Cristina– en la mira de equipos de abogados y analistas financieros que cuentan con los recursos necesarios, muy superiores a los que tenía Campagnoli, para buscar depósitos de dinero presuntamente K en todos los lugares del mundo, comenzando con Suiza, Luxemburgo, las islas Seychelles y el estado norteamericano de Nevada. Se rumorea que hay indicios de que están rastreando no sólo los millones acumulados por Báez gracias a sus vínculos con la familia Kirchner sino también los misteriosos fondos de Santa Cruz que el gobernador Néstor Kirchner envió al exterior sin perder el tiempo con los engorrosos trámites financieros y legales habituales. Huelga decir que ni Cristina ni Gils Carbó están en condiciones de frenar tales pesquisas. Para apaciguar a “los buitres” el gobierno tendría que resignarse a darles lo que según la Justicia norteamericana les corresponde. Dicha eventualidad está haciéndose cada vez menos atractiva; otros “buitres” están reclamando ser tratados de la misma manera que el especulador Paul Singer. Para el gobierno kirchnerista, el fracaso de los esfuerzos de la procuradora por defenestrar a Campagnoli ha sido una derrota muy dolorosa. Entre otras cosas, ha incidido en el estado de ánimo de los demás integrantes de la “familia judicial”. Saben que, si bien el oficialismo puede ocasionarles muchas dificultades, siempre y cuando no hayan cometido irregularidades podrán sobrevivir a los ataques. Asimismo, como suele suceder al aproximarse a su fin un ciclo político y estar por empezar el siguiente, propende a disminuir la voluntad de los conformistas a acompañar al Poder Ejecutivo de turno. No extrañaría del todo, pues, que pronto aparecieran más fiscales dispuestos a investigar asuntos que el gobierno preferiría mantener ocultos. Aunque los kirchneristas aspiran a reformar el Código Procesal Penal de tal manera que no se vea garantizada la independencia de los fiscales, como acaba de advertir el jefe del bloque de diputados radicales Mario Negri, les costará lograr su propósito porque el clima político está experimentando uno de sus cambios periódicos, de suerte que reformas que pudieron haber prosperado un par de años atrás ya parecen poco realistas.
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