Dilma anuncia un ajuste
COLUMNISTAS
En Argentina la palabra “ajuste” goza de mala fama. La izquierda populista, en su inveterado propósito de confundir la política con la moral, se ha encargado de difundir la falsa idea que los ajustes sólo pueden ser dispuestos por personas malvadas, deseosas de causar el mal. Pero los ajustes, como acontece con la mecánica de los automóviles, son operaciones técnicas dirigidas a corregir desviaciones que dañan el motor del crecimiento. Así lo ha entendido Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que sin temor ha invocado la palabra maldita.
En el discurso pronunciado ante el Congreso al asumir el cargo que ocupará hasta el 2018, la presidenta de Brasil ha señalado que, para volver a crecer, “los primeros pasos de este camino demandan un ajuste en las cuenta públicas, un aumento del ahorro interno, la ampliación de las inversiones y el aumento de la productividad”. Añadió que su deseo era hacer los cambios con el menor sacrificio posible para la población, en especial para los más necesitados. Pero advirtió que los “cambios drásticos” que necesitaba Brasil eran decisiones irreversibles.
El nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, es un ingeniero que tiene un doctorado de Economía en la Universidad de Chicago, ocupó la Secretaría del Tesoro durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva y últimamente se desempeñó en Bradesco, uno de los mayores bancos del país. De modo que se trata de una persona que tiene amplia experiencia en la economía pública y en la privada. Credenciales que, desafortunadamente, no puede exhibir nuestro ministro del ramo, profesor de facultad devenido en excelso zar de la economía.
En una entrevista al diario “Valor Económico”, el nuevo ministro de Hacienda ha explicado que la reducción de estímulos de las economías norteamericana y china obliga a Brasil a ejecutar cambios rápidos en la política económica. “Lo importante es entender que para combatir el frenazo en la creación de empleo y la caída del crecimiento del PIB no podemos utilizar la expansión fiscal, lo que sería muy peligroso”. Por lo tanto se anuncian aumento de impuestos, restricción del crédito y el fin de los subsidios. De hecho, el Banco Central ya ha elevado los tipos de interés al 11,75% para luchar contra una inflación situada en el 6,5% anual.
El ajuste en las cuentas públicas pretende reducir el actual déficit, equivalente al 5,8% del PIB, y situarlo en torno del 1,2 del PIB. En opinión del ministro, “son medidas necesarias para garantizar la inversión y la productividad, y por tanto el empleo en los años venideros”. La presidenta Rousseff anunció que “vamos a derrotar la falsa tesis de que hay conflicto entre ajuste económico y preservación de los avances sociales”. Lo cierto es que, con independencia de las buenas intenciones, siempre existen dilemas de política económica que obligan a un “trade-off” entre ciertos sacrificios en el corto plazo para consolidar la economía en el largo plazo. Lo relevante es asumir que no son opciones morales sino exigencias pragmáticas marcadas por las propias leyes de la economía.
El pragmatismo de Dilma no se detiene en la economía. Acaba de nombrar ministra de Agricultura a la senadora Katia Abreu, que es ganadera y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), organización que representa a los grandes productores rurales del país. La nueva ministra integra el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), considerado una formación de centroderecha a la que también pertenece el vicepresidente de Brasil, Michel Temer. Como era previsible, la designación ha sido rechazada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que critica declaraciones de la ministra donde se ha pronunciado contra los programas de reforma agraria y la creación de nuevas reservas indígenas.
Finalmente Dilma ha anunciado un “pacto nacional contra la corrupción”. Acosada por la investigación judicial que ha develado la red de corrupción instalada en la compañía Petrobras, la presidenta se ha comprometido a “investigar con rigor todo lo que hubo errado y crear mecanismos que eviten que hechos como éstos vuelva a ocurrir”. De momento, ya están procesados 39 exdirectivos de Petrobras y ejecutivos de las principales constructoras brasileñas. Dilma intentó obtener información del expediente judicial para saber si algunos de sus nuevos ministros podían estar involucrados, pero los jueces se negaron a brindar esa información amparados en el secreto del sumario, lo que demuestra que en Brasil el Poder Judicial es verdaderamente independiente.
Las decisiones adoptadas por Dilma Rousseff seguramente serán cuestionadas por todos aquellos que cultivan una retórica populista tributaria de anacrónicas visiones maniqueas. Con independencia del resultado final de las medidas económicas anunciadas, lo que se debe rescatar es el valor político de Dilma para afrontar los problemas sin hacer concesiones ni utilizar eufemismos. En eso consiste la buena gobernanza. Asumir los conflictos y las contradicciones de intereses en su completa intensidad para intentar resolverlos. Todo lo contrario al tradicional hábito muy nuestro de endosarlos a quienes vienen detrás.
Aleardo F. Laría
aleardolaria@rionegro.com.ar
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