Toma y daca
La política admite la negociación, pero no cruzar la barrera ética. Del abuso del dinero del petróleo se pasó al espionaje y al apriete.
DE DOMINGO A domingo
La negociación es herramienta legítima de la política. Pero no lo es perseguir el objetivo de confundir a la ciudadanía, borrando la diferencia entre un diálogo de conveniencia y un abuso de autoridad con malversación de fondos públicos.
La obscena utilización de dinero del Estado para conquistar voluntades en favor de un candidato o un partido se ha vuelto en Río Negro tan generalizada que cuesta imaginar la vida política sin ella.
La única respuesta que esbozan los señalados de ejercer el clientelismo con el dinero del Estado es una admisión vergonzante: «Todos lo hacen».
Buscar así la justificación del propio abuso es ofensivo e inútil. Pero lleva a una conclusión necesaria: ¿por qué todos lo hacen? Porque les da resultado.
Esto implica admitir que el efecto genera su propia causa, en una cadena viciosa que sólo se cortará cuando los electores, en lugar de brindarles su voto sumiso, castiguen en las urnas a quienes pretenden engañarlos.
Cuesta admitir que una parte considerable de la ciudadanía no ha superado un estadío prerrepublicano de evaluación de la dirigencia política y cae, por ingenuidad o ignorancia, en aceptar y acatar las más bajas metodologías proselitistas.
De eso se trata hoy la política en Río Negro: del clientelismo abierto e institucionalizado.
Había buenas razones para cuestionar que, a un año o poco más del vencimiento de los contratos petroleros, el Estado rionegrino se apurara en prorrogarlos, en lugar de esperar su cese, convocar a una licitación y abrir la posibilidad de que arribaran a la provincia nuevos inversores con una propuesta competitiva.
La deuda de sumas millonarias en impuestos, el incumplimiento de inversiones comprometidas en el contrato anterior, la falta de remediación de derrames y contaminación de suelos y napas son algunos motivos válidos.
También es cierto que, como invocaron Alberto Weretilneck y sus legisladores, esperar la licitación hubiera significado privar a la Provincia de una suma millonaria en concepto de bono fijo y aportes extras para los municipios.
¿Perdieron las empresas petroleras? Es lógico suponer que no. Si así fuera sus accionistas ya habrían puesto el grito en el cielo en contra de quienes negociaron con Río Negro, y eso no ha ocurrido en ningún caso. Ni siquiera la estatal YPF.
Así, sólo queda admitir que la Provincia «vendió» o resignó poder fiscal y control medioambiental a cambio de una jugosa suma de dinero.
Tan rápida fue la aprobación de la ley que pocos repararon en sus defectos de forma y procedimiento.
Para los legisladores oficialistas, el banquete quedó servido justo el 30 de diciembre: harán campaña promoviendo el voto a Weretilneck presentándolo como el benefactor que trajo a Río Negro una inyección de prosperidad.
La confusión entre Estado y gobierno en su punto más alto: el que incluye fusionar el candidato de un sector con un funcionario que debería actuar por todos.
Confían revertir con esto tres años de gobierno mediocre y abúlico.
Para los radicales -que hicieron posible con su voto el objetivo albertista- la ganancia estuvo en recuperar protagonismo, ser necesarios para alguien y poder facturar en obras para su alicaída dirigencia comunal.
Para los peronistas que ven en Weretilneck a un traidor del proyecto que lo llevó al gobierno en el 2011 como compañero de fórmula del fallecido Carlos Soria, la trampa se cerró con un dilema complejo: ¿cómo explicar a sus afiliados que se oponían al arribo de millones de pesos para los municipios?
El tema se agravó cuando el gobierno redobló la presión: reglamentó la ley obligando a los municipios a presentar a la Provincia los proyectos de obras para su aprobación. Lejos de ser dinero de los municipios -la mayoría en manos peronistas- guardó el grifo en su poder.
A semejante agravio, la respuesta fue también objetable.
El jueves, periodistas y dirigentes recibieron por internet copia de un cruce de correos electrónicos entre el gobernador Weretilneck, su ministro de Hacienda, el jefe de la Agencia de Recaudación Tributaria y un ejecutivo de Petrobras.
En ellos quedaba demostrado:
• Que el gobierno obtuvo el voto de legisladores radicales para aprobar el Presupuesto 2015 y la prórroga petrolera a cambio de asignar obras en los municipios gobernados por ese sector.
• Que reescribió el proyecto de ley a pedido de la empresa Petrobras, para que ésta no pagara la deuda de $ 77 millones de pesos en Ingresos Brutos sino bajo protesto. Así, se incumplió el requisito legal de renunciar a acciones judiciales y si la Corte hace lugar al planteo empresario le reintegrarían parte de ese monto.
• Que la Agencia de Recaudación Tributaria accedió a otorgar un «libre deuda alternativo» que encubre la existencia de un pasivo de Tecpetrol. Al decir que no está «firme» elude mencionar que hay deuda en controversia administrativa.
En consecuencia, el debate dejó la política. Se centró en si hubo «espionaje» de mails.
La vulnerabilidad de las comunicaciones digitales quedó a la vista. Como en el affaire conocido como WikiLeaks, la filtración develó comportamientos no éticos del gobierno rionegrino y de empresas. Pero, mordiéndose la cola, echó luz a la conducta impropia de quienes violaron cuentas privadas de mail.
«Y decían que nosotros éramos los espías», simplificó las cosas Weretilneck, dejando de lado una diferencia inmensa: a él se le objetó destinar sueldos y bienes del Estado para una actividad expresamente prohibida.
El viernes, 26 intendentes del Frente para la Victoria resolvieron que no presentarán proyectos si no se modifica la ley que les resta autonomía.
Y la pulseada siguió en el plano partidario. El albertista legislador del PJ Rubén López acarreó -según Pichetto con dinero de la Secretaría General de la Gobernación- varios colectivos con afiliados de ese gremio para «romper» el Congreso peronista que debía sesionar en Viedma.
El objetivo: generar un disturbio, que volaran una silla, algún empujón. La técnica del «apriete». Todo lo que fuera útil para agitar el peor fantasma del pasado peronista: su equiparación con la violencia.
En previsión, Pichetto y Soria resolvieron suspender el encuentro y responsabilizaron a Weretilneck.
Otra vez, como durante décadas el radicalismo hizo con la ayuda de Jorge Franco, Néstor Larroulet, Eduardo Rosso, Ovidio Zúñiga o Walter Cortés, ahora Weretilneck condujo la batuta. Y el Partido Justicialista volvió a prestar dirigentes de sus filas para que lo dividan y minen sus posibilidades electorales.
Registrar esta cadena de comportamientos indebidos puede parecer ocioso. Y tal vez lo sea. Al menos, hasta que la ciudadanía eleve el nivel de exigencia que aplica a sus dirigentes y, especialmente, a quienes ocupan cargos públicos.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
DE DOMINGO A domingo
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
