Una fuga masiva agrava la crisis de la U-11 22-4-03

Apenas asumieron las nuevas autoridades en la U-11, cinco internos aprovecharon para darse a la fuga. NEUQUEN (AN)- Las nuevas autoridades de la Unidad de Detención 11 tuvieron un mal debut: cinco internos se evadieron ayer después de tomar como rehén a un guardiacárcel, aunque cuatro de ellos fueron recapturados momentos después. El restante, que tiene una condena a 19 años de prisión, sigue prófugo. La fuga masiva se inscribe en el contexto de profunda crisis que atraviesa la mayor cárcel de la provincia, cuyos jefes y buena parte del personal fueron desplazados por orden judicial. Ahora asumieron al frente de la Unidad emplazada en el Parque Industrial los comisarios Angel Lepen y Carlos Brondo, junto con una nueva dotación de policías que reemplazan a los anteriores, acusados de cometer apremios ilegales. Acaso aprovechando el período de transición de las nuevas autoridades, cinco detenidos en el pabellón 1 tomaron ayer como rehén a un celador, lograron saltar el muro perimetral y ganaron la calle. Fue alrededor de las 19 y el hecho provocó una gran conmoción. Las primeras versiones indicaban que los evadidos se habían ocultado en la cercana cerámica Zanon, que se llenó de policías. Al observar el movimiento de policías y patrulleros, los obreros creyeron que iban a desalojarlos y recién cuando se superó la confusión permitieron una inspección del predio. Allí, los prófugos no estaban. Fuentes policiales indicaron que cuatro de los individuos fueron recapturados cerca de la Unidad 11, mientras que el quinto eludió el cerco y anoche se ignoraba su paradero. Se trataría de Marcelo Muñoz, condenado a 19 años de prisión por robos con armas. También ayer se conoció otro fallo judicial que, en severos términos, emplaza al gobierno provincial a normalizar la situación en la Unidad 11. La semana pasada fue la Cámara Penal Segunda la que ordenó el desplazamiento del personal policial cuestionado. Ayer hizo lo mismo la Cámara Primera. Pero además, le dio un plazo de 15 días al ministerio de Gobierno para que «disponga las medidas necesarias y conducentes a fin de restablecer las condiciones de seguridad, disciplina, tranquilidad y respeto de normas de trato de todas las personas privadas de libertad» alojadas en la cárcel. En la misma resolución, le dio un plazo de tres meses para que los internos «puedan realizar actividades laborales, acordes con las instalaciones y demás condiciones del establecimiento». Al resolver un recurso de hábeas corpus presentado por diez internos, la Cámara aludió a que los detenidos «refieren un agravamiento en las condiciones de su detención», y denuncian «golpes, maltratos físicos y represiones injustificadas por parte del personal de custodia y de requisa; en algunos casos, también sanciones injustificadas». La resolución cita las estadísticas elaboradas por la fiscalía de Cámara, según las cuales «en el curso del presente año se elevó considerablemente la cantidad de denuncias presentadas por presuntos abusos policiales». La Cámara entendió que «existe un ilegítimo agravamiento en las condiciones de detención que corresponde hacer cesar. En ningún caso -dijeron los camaristas- ni siquiera por razones de seguridad o por aplicación de medidas disciplinarias, puede aceptarse el maltrato físico ni psíquico de los internos».