Otros tiempos
Puesto que en los años últimos casi todos los representantes de instituciones occidentales antiguas, entre ellos gobiernos nacionales y organizaciones religiosas como la Iglesia Católica, han manifestado su pesar por los pecados, crímenes o errores cometidos por sus antecesores, era previsible que tarde o temprano los militares chilenos sumarían sus voces al coro, emulando de este modo a sus equivalentes argentinos que hace mucho condenaron la «metodología» empleada en el transcurso de la «guerra sucia». También lo era que las entidades que se afirman defensoras de los derechos humanos que, por motivos evidentes, en América Latina consideran a las fuerzas armadas de los respectivos países sus enemigas históricas, rechazarían por inadecuado el documento que fue rubricado por ocho ex vicecomandantes en jefe del Ejército chileno en el que, además de admitir haber violado los derechos humanos de sus compatriotas, se «autocriticaron» por haber arrojado los cadáveres de sus víctimas al mar, impidiendo de esta forma su posterior identificación. En cambio, casi todos los políticos significantes y los eclesiásticos han subrayado su aprobación del gesto que a su juicio ayudará a curar las heridas que fueron dejadas por la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet, al eliminar las dudas en cuanto a la voluntad de la mayoría de los uniformados de abandonar actitudes arcaicas que son incompatibles con la convivencia democrática.
Están en lo cierto los que han dado la bienvenida a la declaración de quienes habían ocupado puestos clave en las sucesivas cúpulas del régimen, aunque la importancia del mea culpa tiene menos que ver con el arrepentimiento, es de suponer sincero, de los militares que con el hecho de que ellos hayan entendido que ya no tendría ningún sentido seguir reivindicando los actos brutales perpetrados por ellos mismos o bajo sus órdenes entre el golpe de Estado de 1973 y 1990, año en que por fin la dictadura fue reemplazada por un gobierno elegido. No sólo son distintas las circunstancias, sino que también se ha producido un «cambio de mentalidad». Aunque todavía hay nostálgicos de derecha y de izquierda que quisieran volver a usar los métodos del pasado, incluso ellos parecen saber que sería totalmente inútil intentar hacerlo, razón por la que en el Cono Sur actual por lo menos cualquier atentado terrorista o brote golpista sería atribuido automáticamente a delincuentes, a alucinados o al accionar de fanáticos religiosos procedentes de otras latitudes. Si bien en distintos sectores izquierdistas es aún común tratar con inmenso respeto a los violadores «buenos» de los derechos humanos, la idolatría de personajes como Fidel Castro y el «Che» Guevara no parece incidir en su conducta. De más está decir que la barrera psicológica o cultural constituida por el cambio así supuesto es infinitamente más fuerte que las conformadas por la ley, por la vigilancia de los servicios de inteligencia o por la conciencia de que violar las reglas democráticas resultaría contraproducente. Al fin y al cabo, hace un cuarto de siglo muchos individuos estaban dispuestos a morir en aras de una fantasía ideológica o a cometer atrocidades por razones que podrían llamarse políticas. No es una cuestión de temor por las eventuales consecuencias, sino de una profunda transformación cultural.
Por desgracia, en América Latina aún hay lugares en los que la violencia política dista de ser una reliquia bárbara. Cuba es una dictadura que, las particularidades ideológicas de su líder máximo vitalicio no obstante, se asemeja mucho a las tradicionales en la región, mientras que en Colombia diversas bandas guerrilleras, algunas vinculadas con narcotraficantes, siguen desafiando al gobierno elegido y al grueso del pueblo colombiano. De estos dos reductos del pasado, el de Cuba parece el menos amenazador porque pocos creen que el régimen pueda sobrevivir por mucho tiempo a su fundador y jefe único, pero en Colombia los grupos combatientes son varios y para sus integrantes «la lucha» ya es una forma de vida. Si bien es posible que tarde o temprano Colombia emule al Cono Sur para que la violencia política en todas sus formas quede desactualizada, por ahora cuando menos aquel país se ve atrapado en una etapa que otros parecen haber dejado atrás.
Puesto que en los años últimos casi todos los representantes de instituciones occidentales antiguas, entre ellos gobiernos nacionales y organizaciones religiosas como la Iglesia Católica, han manifestado su pesar por los pecados, crímenes o errores cometidos por sus antecesores, era previsible que tarde o temprano los militares chilenos sumarían sus voces al coro, emulando de este modo a sus equivalentes argentinos que hace mucho condenaron la "metodología" empleada en el transcurso de la "guerra sucia". También lo era que las entidades que se afirman defensoras de los derechos humanos que, por motivos evidentes, en América Latina consideran a las fuerzas armadas de los respectivos países sus enemigas históricas, rechazarían por inadecuado el documento que fue rubricado por ocho ex vicecomandantes en jefe del Ejército chileno en el que, además de admitir haber violado los derechos humanos de sus compatriotas, se "autocriticaron" por haber arrojado los cadáveres de sus víctimas al mar, impidiendo de esta forma su posterior identificación. En cambio, casi todos los políticos significantes y los eclesiásticos han subrayado su aprobación del gesto que a su juicio ayudará a curar las heridas que fueron dejadas por la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet, al eliminar las dudas en cuanto a la voluntad de la mayoría de los uniformados de abandonar actitudes arcaicas que son incompatibles con la convivencia democrática.
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