Defensor y querellantes apelarán los procesamientos de Aguiar y Capretti
Los dirigentes gremiales continuarán en libertad con una serie de restricciones, como presentarse una vez por semana ante la comisaría de su jurisdicción.
Los procesamientos de Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, secretarios general y adjunto de ATE, respectivamente, serán apelados.
Así lo adelantaron el abogado del gremio, Diego Saquetti, y el querellante que representa a los siete policías lesionados, Damián Torres. Ambos plantearán distintos fundamentos. Por un lado, el letrado gremial cuestiona no solo los delitos por los cuales fueron procesados sus defendidos sino los hechos que se les adjudican. Y por el otro, Torres planteará su disconformidad por las restricciones impuestas a los dirigentes, en el marco de la libertad resuelta, solicitando mayor seguridad para sus representados.
El juez penal de Viedma, Carlos Mussi, por los hechos ocurridos frente a la Legislatura rionegrina el 24 de mayo pasado, procesó a Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti pero continuarán en libertad con una serie de restricciones como presentarse una vez por semana ante la comisaría de su jurisdicción.
El juez penal de Viedma Carlos Mussi procesó a ambos dirigentes como coautores de los delitos de “coacción agravada”; atentado a la autoridad agravado por la reunión de más de tres personas y por poner manos sobre la autoridad; lesiones graves y leves agravadas por ser cometidas contra un miembro de la fuerza de seguridad pública policial.
Interpretó que “quizás superados en fuerzas, personal policial solo atino a contener a los manifestantes, y pese a ver a personas que podrían estar cometiendo un delito in fraganti, no pudieron hacer efectivas detenciones, que según lo han podido manifestar los propios uniformados, para no generar más incidentes”.
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Entre otras pruebas consideradas para resolver, Mussi tuvo también en cuenta el mensaje de texto -según la captura de pantalla del celular del secretario de Trabajo, Lucas Pica- enviado por Capretti el día de la movilización en el que le pidió al funcionario que “..lo reciban los presidentes de los bloques de legisladores para recibir el reclamo del plan Castello y desarrollo social, y que le avise así calma los ánimos..”. Luego de lo sucedido, a las 14.37, le volvió a escribir señalándole: “Lucas recuperame el carro. Es mío y los canas no me lo quieren dar”.
Para Mussi, con estos mensajes “el imputado claramente se pone en una situación de líder. Así se lo hace saber al funcionario provincial y pide en nombre de un grupo de personas sobre quienes solicitaba “calmar los ánimos”.
Además ante la prueba reunida para el juez quedó desvirtuado el argumento de la defensa en relación a que se trató de una manifestación pacífica y que fueron víctimas de un ataque intempestivo y represivo de la policía, intentando coartar el derecho de reunión y petición ante las autoridades.
“Los derechos que sustenta la defensa técnica, en modo alguno justifican la comisión de los ilícitos acreditados en el marco de la presente. Los sucesos que motivaron la investigación, y junto a los mismos las agresiones ilegitimas y las frases intimidantes a los funcionario policiales, se encuadran perfectamente en los ilícitos tipificados en los delitos supra referidos”, sostuvo Mussi en la resolución.
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