La interna montonera

Redacción

Por Redacción

Si bien el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha aprovechado la oportunidad para afirmar que ya es evidente que el gobierno no tiene nada contra los militares y la titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, se ha manifestado indignada por lo que a su entender será un intento de equiparar el terrorismo de Estado con el terrorismo de lo que podría calificarse del sector privado, el que los motivos aducidos por el juez Claudio Bonadío para ordenar la detención de los ex montoneros Fernando Vaca Narvaja -el hermano de la funcionaria-, Roberto Cirilo Perdía y Mario Firmenich se hayan basado en su presunta colaboración con los militares permite una interpretación muy distinta de lo ocurrido. Después de todo, conforme a sus propias palabras el juez no parece haber querido ver entre rejas, aunque sólo fuera para interrogarlos, a Vaca Narvaja, Perdía y el exiliado Firmenich por los muchos crímenes que cometieron en el transcurso de su carrera como jefes terroristas, sino por haber ayudado, a sabiendas o por descuido, a las Fuerzas Armadas a capturar para después asesinar a una veintena de “soldados” que habían enviado de regreso al país, o sea, por haber obrado como “represores”. Dicha acusación no es ninguna novedad: ya antes del desmoronamiento de la dictadura militar distintos montoneros se acusaban mutuamente de traición y de mandar a una muerte inútil a sus compañeros por motivos despreciables.

Con todo, aun cuando el juez Bonadío no haya intentado “equilibrar” las cosas o complacer a los militares al emprender una ofensiva contra los ex montoneros, la detención de Vaca Narvaja, Perdía y eventualmente Firmenich por su supuesta colaboración con los servicios de inteligencia castrenses no podrá sino molestar a aquellos oficialistas que han estado esforzándose por convencernos de que la guerra sucia fue un conflicto maniqueo entre Fuerzas Armadas subordinadas al “neoliberalismo” y jóvenes románticos acaso impetuosos pero así y todo idealistas que luchaban por un mundo mejor. Aunque es comprensible que los ex terroristas y sus simpatizantes ya maduros hayan querido embellecer sus propias trayectorias, la realidad era bastante distinta. Tanto aquí como en muchos otros países latinoamericanos, lo que aquellos jóvenes “idealistas” querían no era una democracia burguesa, sino una dictadura similar a la cubana o, en el caso de algunos fanatizados, a la norcoreana, en la que ellos conformarían la élite iluminada.

En los años que siguieron al colapso del Proceso, muchos políticos, sindicalistas, intelectuales y otros trataron por todos los medios de hacer pensar que siempre habían luchado con heroísmo ejemplar en favor de la democracia y de los derechos humanos. Huelga decir que no fue así: de haberlo sido, la historia del país hubiera sido muy distinta y también lo sería su actualidad. La verdad es que antes de 1983 los demócratas no abundaban en la Argentina y el respeto por los derechos humanos solía depender de la identidad ideológica o los lazos familiares del victimario y de la víctima, razón por la que muy pocos, salvo las madres de los “desaparecidos”, manifestaron mucha preocupación por su destino. Por fortuna, aquella etapa trágica ya parece pertenecer a la historia gracias en parte a los mitos inventados por los neodemócratas. Sin embargo, si ciertos oficialistas insisten demasiado en reivindicar a los guerrilleros so pretexto de que sus intenciones eran nobles y sus métodos a lo sumo “equivocados”, el país correrá peligro de recaer en las antinomias letales del pasado no tan remoto. Por este motivo, es positivo que el juez Bonadío nos haya recordado que la guerra sucia no fue un conflicto entre el bien y el mal, sino una confrontación a menudo confusa en la que no era nada común que la conducta de los jefes tuviera mucho que ver con sus propias pretensiones retóricas. Ya son muy pocos los dispuestos a manifestar su aprobación de la metodología empleada por la Triple A del gobierno de Isabel Perón y por los militares. En cambio, últimamente han aparecido muchos que sí hablan bien de los terroristas, tendencia ésta que una investigación de la conducta de los ex jefes montoneros podría contribuir a contrarrestar.


Si bien el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha aprovechado la oportunidad para afirmar que ya es evidente que el gobierno no tiene nada contra los militares y la titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, se ha manifestado indignada por lo que a su entender será un intento de equiparar el terrorismo de Estado con el terrorismo de lo que podría calificarse del sector privado, el que los motivos aducidos por el juez Claudio Bonadío para ordenar la detención de los ex montoneros Fernando Vaca Narvaja -el hermano de la funcionaria-, Roberto Cirilo Perdía y Mario Firmenich se hayan basado en su presunta colaboración con los militares permite una interpretación muy distinta de lo ocurrido. Después de todo, conforme a sus propias palabras el juez no parece haber querido ver entre rejas, aunque sólo fuera para interrogarlos, a Vaca Narvaja, Perdía y el exiliado Firmenich por los muchos crímenes que cometieron en el transcurso de su carrera como jefes terroristas, sino por haber ayudado, a sabiendas o por descuido, a las Fuerzas Armadas a capturar para después asesinar a una veintena de “soldados” que habían enviado de regreso al país, o sea, por haber obrado como “represores”. Dicha acusación no es ninguna novedad: ya antes del desmoronamiento de la dictadura militar distintos montoneros se acusaban mutuamente de traición y de mandar a una muerte inútil a sus compañeros por motivos despreciables.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora