A futuro es una inversión social

Cuando ocurre un hecho delictivo, las voces que reclaman cárcel inmediata para el autor se multiplican. Sin embargo, el penal 3 de Bariloche está saturado y no queda espacio disponible. El proyecto para construir una cárcel en esta ciudad sólo quedó plasmado en los papeles, porque la provincia no tiene recursos para hacer la obra.

La opción que surgió a mediados de noviembre de 2013 de construir una cárcel federal en Bariloche, que alentaba el gobernador Alberto Weretilneck, porque podría alojar presos del sistema penitenciario provincial, quedó en el olvido. Además sumó fuerte resistencia en algunos sectores de la población.

El director del Servicio Penitenciario de la provincia, Hugo Cecchini, dijo que el proyecto de la cárcel en Bariloche para 350 personas, que se diseñó no se puede ejecutar por falta de fondos.

Informó que la empresa mexicana Seguritech Integral Security presentó en febrero pasado un proyecto de “cárcel llave en mano” con un presupuesto de 49 millones de dólares. “Así como estamos en la provincia es algo imposible. Por eso, estamos viendo otras alternativas más económicas”, explicó.

“Hicimos el proyecto, visitamos el terreno donde se podía edificar y el tipo de construcción, pero nos espantó el precio”, sostuvo Cecchini. Reconoció que la propuesta de la empresa, que construye cárceles a nivel internacional, cumple con lo que se necesita, pero no hay recursos. “Trabajamos un año entero para reducir espacios y hacer algo más económico. Le quitamos como dos mil metros cuadrados al proyecto original. No pedimos nada del otro mundo, pero pensamos que eran 49 millones de pesos”, comentó.

Proceso sin terminar

Cecchini admitió que el proceso de expropiación de las tierras para edificar el nuevo penal, que fueron declaradas de utilidad pública por una ley sancionada el 17 de mayo de 2013 por la Legislatura provincial, aún no finalizó.

La ley otorgó un plazo de un año al Poder Ejecutivo provincial para iniciar el trámite expropiatorio. Y asignó los recursos para cumplir con la expropiación de dos parcelas de 10 y 12 hectáreas respectivamente, ubicadas en las afueras de la ciudad. Cecchini dijo que la idea es completar el proceso y pagarle al propietario las tierras.

Comentó que una propuesta es instalar en esas tierras un pabellón de preegreso para descomprimir la población del penal 3, “que está totalmente colapsado”. “La idea sería armar una unidad de preegreso, con aulas y lugares para trabajar en talleres”, contó. “Estamos buscando alternativas”, afirmó. Dijo que el gobernador visitó el penal de Bariloche “y estaba preocupado por la situación en la que está”.

Recordó que la provincia hizo mejoras en el penal 3. Se reformaron pabellones, se instalaron aulas para dictado de clases, pero el espacio ya no admite más construcciones. Las reformas se hicieron a partir de un amparo que el juez de ejecución penal Juan Martín Arroyo dictó y ordenó hacer las mejoras a la provincia.

Cecchini dijo que el sistema penitenciario provincial tiene alrededor de 200 internos de Bariloche, pero en el penal local sólo hay cerca de un centenar. “Hay que prever una cárcel para unas 300 personas como mínimo”, señaló.

El mismo déficit

“El penal 3 sigue con el mismo déficit de siempre en cuanto a su capacidad de alojamiento y más con este nuevo sistema procesal, donde las causas avanzan tan rápido. Los hechos que se cometen se esclarecen rápido y se llega a rápidas condenas”, explicó Arroyo, que es juez de garantías, pero subroga el juzgado de ejecución penal de Bariloche.

“Las personas que necesitan ser encarceladas por hechos cometidos en Bariloche permanentemente terminan siendo trasladados hacia penales como Viedma, que tienen un poco más de capacidad que el nuestro, que sabemos que tiene un cupo de 94 ó 96 personas”, indicó. “Bariloche sigue sin poder dar abasto a la cantidad de gente que se condena en esta ciudad”, advirtió.

Para Arroyo es una prioridad construir la cárcel. “Para mí sin un establecimiento penal adecuado es muy difícil que hablemos de resocialización”, afirmó.

“Los informes penitenciarios muchas veces ¿en qué se basan? En un tratamiento que difícilmente se esté llevando a cabo en un penal, que no tiene las condiciones edilicias para brindar el tratamiento”, señaló Arroyo.

“La ley nos pide un montón de informes penitenciarios, un montón de dictámenes del consejo correccional, del gabinete, pero para eso necesitamos que se lleven a cabo el tratamiento que diseña la ley de ejecución penal nacional y también la ley provincial”, sostuvo. “Y aquí en Bariloche estamos en una situación mucho más precaria aún porque ni siquiera hay espacio físico para que los profesionales del gabinete puedan atender a los internos”, puntualizó.

“No sólo no hay lugar para alojar a los internos, sino que el propio personal, los profesionales, asistentes sociales y psicólogos, que finalmente se han nombrado, muchas veces no tienen espacio físico donde entrevistar a los internos”, aseguró Arroyo.

Destacó que en el último tiempo hubo mejoras, se incorporó la casa de preegreso, profesionales, dos aulas, aunque falta otra para atender a todos los internos que quieren estudiar. ¨Pero no nos tenemos que dormir en los laureles pensando que ya está, que ya llegamos al punto ideal. Seguimos lejos de ese punto ideal. Hay que seguir avanzando”, añadió.

“La falta de un penal diseñado conforme las premisas que establece le ley de ejecución para poder brindar el tratamiento que la misma ley de ejecución diseña, se torna imprescindible”, indicó.

“Si hablamos de resocialización sabiendo que la gente en algún momento va a retornar al medio libre, obviamente que hacer penales es una necesidad”, opinó Arroyo.

“Si pensamos en tener sociedades más seguras, menos violentas, tenemos que pensar en que la gente que termina cumpliendo largas temporadas en una prisión en algún momento por el sistema penal argentino van a retornar al medio libre”, explicó el juez de ejecución penal subrogante Juan Martín Arroyo.

“No existe la pena de muerte ni tampoco la pena perpetua, siempre la persona tiene la chance de retornar en algún momento a la vida libre”, recordó.

“Si durante el tiempo que está presa no se le brinda el tratamiento y se la trata como si la cárcel es un depósito de personas donde se la priva de todos sus derechos, difícilmente después podamos pretender que la persona cuando salga respete nuestros derechos”, advirtió el juez. “La persona va a salir más agresiva de lo que entró y eso es inseguridad”, planteó.

“Si nosotros pensamos en hacer esta inversión y, sobre todo, el poder brindar comunidades terapéuticas para la gente que tiene problemas de adicciones, que es un alto porcentaje, estaremos haciendo una gran inversión a futuro”, aseguró.

“Si le brindamos el tratamiento entonces ahí sí, vamos a poder exigir y pretender que cuando salga respete nuestros derechos como nosotros respetamos los de ellos cuando estuvieron presos”, enfatizó.

“Lo que digo desde la teoría está comprobado en países donde se invierte en cárceles. Basta mirar hacia otros lugares del mundo para ver que las cárceles se terminan cerrando por falta de personas condenadas”, señaló. “Son cárceles donde se respetan los derechos de las personas. En esos países, las tasas de reincidencia son muchísimo más bajas que las de acá. Ya las estadísticas hablan por sí solas. Invirtamos en cárceles y, fundamentalmente, en comunidades terapéuticas”, sostuvo. Dijo que en la de Río Negro no hay una sola comunidad terapéutica solventada con recursos del Estado para asistir a no sólo condenados sino a personas libres con problemas de adicciones.

El dato

“El penal 3 sigue con el mismo déficit en cuanto a su capacidad de alojamiento y más con este nuevo sistema procesal, donde las causas avanzan tan rápido”.

Juan Arroyo, juez de ejecución penal subrogante.