Imputaron al empleado judicial que hurtó 2.000 dólares
Tras la audiencia de formulación de cargos quedó en libertad. También se determinó la remisión del legajo al Superior Tribunal de Justicia para posibles trámites administrativos.
Marcelo Sierra, un reconocido empleado de la justicia rionegrina con funciones en la Unidad de Control de efectos secuestrados de la Oficina Judicial fue imputado por los delitos de violación de prueba y hurto simple.
A pedido de la fiscalía, el juez Fabio Corbalán dispuso que el imputado deba cumplir con una presentación quincenal en la comisaría más próxima a su domicilio y que sea embargado del 20% de su salario hasta completar la suma de 100.000 pesos, previendo su posterior devolución a quien acreditó tenencia. También se determinó la remisión del legajo al Superior Tribunal de Justicia para posibles trámites administrativos.
La justicia lo consideró responsable de la sustracción de 2.000 dólares que constituían prueba de sendas investigaciones judiciales en casos de robo y encubrimiento.
La investigación por el hecho estuvo a cargo de los fiscales Maricel Viotti Zilli, Juan Pedro Peralta y el fiscal Jefe Fabricio Brogna, incluyó tres allanamientos a empleados del Poder Judicial y, ante la diversa prueba recabada, pudo determinarse que el acusado había cambiado dólares en la casino de esta ciudad, cuya numeración coincidía con la del dinero robado. Las imágenes de las cámaras de seguridad del local de juegos constituyeron una prueba fundamental en la imputación.
Además se enumeró la denuncia penal efectuada por la mujer a quien le había sido secuestrado el dinero, diversa documentación, testimoniales de empleados del Ministerio Público y la Oficina Judicial, los legajos de las causas en el marco de las cuales se secuestró la suma total de dólares y los resultados de las pesquisas realizadas por el Área de investigaciones judiciales en casas de cambios, financieras y el casino.
En un procedimiento policial realizado en febrero último, se había detenido a un joven a quien se le secuestraron diversos elementos, entre ellos un monto de dinero de 5500 dólares que para la fiscalía podía constituir prueba de presuntos delitos. Avanzada esta investigación, con resultados negativos, el monto completo iba a ser devuelto a quien acreditó su propiedad, momento en el cual se verificó el faltante.
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