A cámara lenta

Durante las primeras semanas de su gestión, el gobierno de la Alianza pareció creer que los políticos, tanto los opositores formales como «oficialistas» de ideas propias, harían lo posible por colaborar con sus esfuerzos a cambio de algunas concesiones de importancia reducida. Huelga decir que se trataba de una ilusión ingenua. Como era de prever, la estrategia del «consenso», la cual se basaba en el presupuesto de que todos aceptarían que el éxito del gobierno significaría el del país, no está funcionando, razón por la cual el presidente Fernando de la Rúa y sus colaboradores han comenzado a criticar con virulencia a los reacios a cooperar, entre éstos los senadores peronistas y los sindicalistas. Su enojo puede entenderse, pero no tienen derecho a sentirse sorprendidos por la actitud de personajes como el titular del bloque peronista, el senador Augusto Alasino, el senador menemista Jorge Yoma y el jefe de la CGT, Rodolfo Daer, los cuales se han limitado a ser fieles a sí mismos. Acostumbrados a especular con la debilidad ajena, estos dirigentes están esperando a que las encuestas empiecen a mostrar que una proporción significante de la ciudadanía crea que De la Rúa, no su antecesor Carlos Menem, es el gran responsable de los males del país. Así las cosas, es comprensible que los senadores del PJ hayan preferido demorar la aprobación de aquellas leyes que según el Poder Ejecutivo son necesarias para que el país salga pronto de la recesión económica en la que ha estado debatiéndose desde comienzos del año pasado. Al fin y al cabo, el malestar de la gente está dejando de constituir una de las cartas de triunfo de la Alianza y aunque aún es un tanto temprano para que la utilicen los peronistas, pronto estarán en condiciones de aprovecharla.

Si bien a esta altura el gobierno sabrá que la reforma laboral que está frenada en la cámara alta no serviría para mucho aunque los senadores desistieran de modificar una sola comilla del texto que fue aprobado por los diputados, la quiere porque les permitiría enviar «señales» positivas a los mercados financieros y asegurar a la ciudadanía de que a pesar de las apariencias está avanzando a un ritmo muy rápido. Si por el contrario la ley queda «dormida» en el Senado, tanto los financistas como los demás entenderán que por haber resultado incapaz la Alianza de conseguir la aprobación de una reforma anodina a principios de su gestión, no estaría en condiciones de gobernar con eficiencia en los años que le quedan. Aunque el país en su conjunto tendría que pagar un precio abultado en el caso de que se difundiera la convicción de que hasta fines de 2003 estará en manos de un gobierno débil y vacilante, son muchos los que están preparados para obrar conforme a la consigna leninista de «cuanto peor, mejor.»

En la Argentina tal como está constituida los gobiernos sólo pueden concretar reformas significantes en circunstancias muy especiales. Es que a menos que la «clase política» se crea frente a un abismo, siempre procederá con su letargo habitual, con ciertos legisladores oficialistas buscando oportunidades para hacer gala de su independencia y los opositores dedicándose a bloquear reformas, introducir cambios sin otro motivo que la esperanza de conseguir alguna ventaja pasajera negociándolos y acusar al gobierno de turno de no pensar en los intereses del pueblo. Por desgracia, en nuestro país es normal que todo se mueva con lentitud exasperante. Causas judiciales que en otras latitudes serían finiquitadas en un par de meses a lo sumo, se prolongan aquí durante años sin llegar a una conclusión satisfactoria. Lo mismo ocurre en el ámbito político. Aunque los políticos – y los jueces – insisten en que las demoras no se deben a la mala voluntad sino a que su sentido de la resposabilidad los obliga a trabajar con cautela y prestar atención a todos los detalles, el que los fallos de la Justicia y los frutos de la labor de los legisladores sean por lo común inferiores a los logrados en otras latitudes, en las cuales los tiempos políticos y judiciales son muy distintos, es evidencia suficiente de que sólo se trata de una deformación cultural sumamente perjudicial.