Aborto no punible: la inhabilitación a Rodríguez Lastra abrió una polémica

La fiscalía dijo que lo analizará antes de decidir si lo impunga. La defensa lo calificó de “ideológico”. Y la denunciante afirmó que demuestra que la justicia “es patriarcal”.

Si bien la condena al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra estuvo dentro de lo esperado por la parte acusadora, algunos de los términos impuestos por el juez Álvaro Meynet no conformaron. En especial, lo relativo a la inhabilitación.

Leandro Rodríguez Lastra fue condenado a 1 años y 2 meses de prisión en suspenso y 2 años y 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, electivos o por designación. Lo declararon culpable del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

“Rodríguez Lastra es un mal funcionario, no un mal médico”, dijo Meynet en su sentencia, y lo inhabilitó solo para ejercer cargos públicos. Quiere decir que, si la sentencia queda firme, el ginecólogo que interrumpió un aborto no punible podría atender pacientes en un consultorio o en una clínica privada.

Por ahora, el médico seguirá en su puesto como jefe de ginecología del hospital de Cipolletti, el mismo que desempeñaba el 2 de abril, cuando recibió -derivada desde Fernández Oro- a la joven de 18 años con contracciones y que había firmado el consentimiento para que le practiquen una interrupción legal del embarazo.

“En momento alguno tuvo la mínima consideración de respetar la decisión de la joven”, afirmó el juez Meynet en su sentencia. “El acusado mantuvo una actitud negadora de la práctica que se le demandaba, a la cual estaba obligado por ley, intención que oculta detrás de excusas de diversa índole”, agregó.

El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, que había pedido 1 años y 8 meses de prisión en suspenso, y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina, dijo que estudiará el fallo antes de decidir si lo impugna.

La diputada Milesi, en tanto, rescató la perspectiva de género del fallo pero advirtió que “el juez tiene una mala interpretación de la ley y lo digo porque soy la autora«.

«No es que las ILE se hacen nada más que en el hospital público. Son para todo el sector de la salud. No puede tener la matrícula bloqueada nada más que en el sector público y estar habilitado para ejercer en el privado. En esa parte se ve que todavía tenemos justicia patriarcal”, agregó.

El defensor Damián Torres no asistió a la lectura, tampoco Rodríguez Lastra, como habían anticipado.

A través de las redes, el abogado confirmó que apelará. “Dedicaré mi vida a defender a Leandro. Diga lo que diga la justicia (lo cual como hombre de derecho siempre respetaré aunque no compartiré)”.

Afirmó:“seguimos con la misma convicción que tuvimos desde el primer día… en algún momento, en alguna instancia alguien va a fallar conforme a derecho y no conforme esta lamentable ideología.”

La fiscal adjunta Annabela Camporesi, quien tiene un compromiso personal con el seguimiento de la víctima, dijo que la joven se encuentra «mejor» luego de la finalización del proceso.

“La víctima está un poco mejor, satisfecha por el resultado de este largo proceso. La vamos a seguir acompañando, es nuestro compromiso”, añadió.