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Abuso sexual y las trampas del sistema judicial

A propósito del abordaje que realiza la Justicia en este tipo de delitos que tiene como víctimas a los niños, la Directora Ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia realizó un análisis y dijo que muchas veces se desestiman los relatos y las denuncias.

Por Paula Wachter - Directora Ejecutiva Fundación Red por la Infancia

El abuso sexual en la infancia es un delito del que no se habla en la misma medida que sucede.

Se estima que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños es víctima de abuso antes de los 18 años, esto implica que casi 250.000 niños están en riesgo sólo en la provincia de Río Negro.

Además de su prevalencia, el abuso se caracteriza por su invisibilidad e impunidad.

Las estadística indican que de cada 1000 delitos, se denuncian 100 y se condena apenas a una sola persona.

No debe sorprendernos entonces que en la última encuesta nacional de victimización, la violencia sexual sea el segundo delito menos denunciado.

Impunidad e invisibilidad se refuerzan mutuamente, en la medida que las víctimas pierden la confianza en la capacidad del Estado de protegerlas, menor es el incentivo para denunciar.

Muchas veces no se denuncia porque la víctima no puede romper el silencio que le impone el agresor.

Otras veces, la dificultad de denunciar reside en el hecho de que el agresor es el progenitor o familiar cercano, lo que sucede en el 80% de los casos, según las estadísticas.

Incluso suele suceder que la propia familia muchas veces prefiere mantener la unidad familiar a denunciar el caso ante las autoridades.

Un estudio realizado sobre adolescentes universitarios que fueron víctimas en su infancia señala que el 62% de los niños no pidió ayuda, el 22% la pidió y no la recibió o fue inadecuada. Un magro 16% fue creído y protegido cuando rompió finalmente el silencio.

Ahora, cuál es el sistema con el que se encuentra la víctima tras la denuncia?

Es un sistema que con frecuencia no responde con la debida diligencia, que revictimiza y no protege a las víctimas, que se maneja por prejuicios patriarcales que llevan a una incorrecta valoración de la prueba y por ende a la impunidad de los agresores.

Un sistema donde se naturaliza e institucionaliza la violencia en este tipo de casos.

¿Cuáles son las trampas del sistema?

La falta de un fuero especializado trae aparejadas múltiples falencias, pero hoy mencionaremos sólo tres barreras que se repiten con frecuencia:

La forma de investigar estos delitos es “víctimocéntrica”, el testimonio del niño es casi la única prueba a producir y valorar en el proceso.

¿Qué pasa cuando las víctimas no logran poner en palabras el abuso -lo que sucede generalmente con los más pequeños que están adquiriendo el lenguaje? ¿El abuso no sucedió?

¿Y si puede brindar un relato con precisión? ¿Está contaminado?

Pareciera que siempre hay un argumento para no creerle al niño que devela el incesto.

La tarea de descalificar la credibilidad del relato de la víctima se extiende a las madres protectoras, a quienes también con frecuencia las acusan de mentir y manipular el derecho penal por despecho. Ahora, cuando no lo hacen son cómplices del delito.
¿Qué pasa cuando los agresores no responden al imaginario colectivo y no tienen un prontuario o historial de adicciones?
Con frecuencia vemos que se desestima el relato de la víctima cuando el agresor es un profesional y/o ocupa un lugar prominente en la sociedad.

A propósito del juicio que se está celebrando en Roca, será éste una muestra más de impunidad? O podremos decir que finalmente se hizo Justicia?


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