Acuerdo devaluado
A juicio del gobierno, el acuerdo más reciente con el FMI es sumamente positivo porque nos ha ahorrado un nuevo default. A juicio del resto del mundo, empero, el “triunfo” de los presidentes Néstor Kirchner y su aliado coyuntural George W. Bush sobre Horst Köhler, Anne Krueger y otros pesos pesados del organismo quiere decir que en verdad el acuerdo carece de importancia. Por lo tanto, los beneficios políticos conseguidos por Kirchner en base a su notoria “dureza” se han visto acompañados por las pérdidas incalculables que le supondrá al país la impresión generalizada de que el FMI se resignó a que el gobierno argentino no haga ningún esfuerzo genuino ni por reconciliarse con los acreedores ni por reformar las estructuras económicas nacionales. Hasta hace muy poco, el aval del FMI fue universalmente considerado evidencia de que a juicio de sus “técnicos” el país investigado estaba en condiciones de superar sus problemas. Por la manera en la que se alcanzó el acuerdo que luego de un default fugaz Kirchner aceptó firmar y por su insistencia en subrayar que tal “éxito” se debió casi exclusivamente al apoyo político del mandatario norteamericano y algunos europeos, los más ya piensan que se trata sólo de un placebo, cuando no de un tranquilizante.
Pues bien: a juzgar por la reacción de los economistas y analistas del “Primer Mundo” -entre ellos algunos que no pueden considerarse “neoliberales”- aquel acuerdo resultará contraproducente. Por ejemplo, en la revista norteamericana de tendencias progresistas “Newsweek”, un comentarista no vaciló en calificar a la Argentina de “estado financiero pirata”, o sea, uno en el que los dirigentes están más que dispuestos a emplear su poder político para robar a los demás, sean éstos sus propios compatriotas o extranjeros. Aunque otros medios prefirieron limitarse a epítetos menos pintorescos, muchos comparten la opinión de que, una vez más, los líderes de la Argentina se las han arreglado para estafar al resto del mundo al pisotear los derechos de propiedad ajenos bajo pretextos “ideológicos” rebuscados y aprovechar la extrema pobreza de sus compatriotas -las víctimas principales de su conducta- para chantajear emotivamente a los acreedores y a los gobernantes extranjeros.
Mientras tanto, algunos acreedores están comenzando a ganar batallas en los tribunales de países como Estados Unidos, donde un juez acaba de fallar en favor de Kenneth Dart, un personaje que encabeza un “fondo buitre”, que quiere que el Estado argentino le pague 700 millones de dólares. En otros tribunales estadounidenses y europeos se tramitan causas similares y es de prever que a raíz del fastidio enorme que ha provocado el acuerdo con el FMI sean muchos más los jueces que encuentren muy razonables los reclamos de los tenedores de bonos. Tal vez éste no sería el caso si en el exterior más personas creyeran en la buena voluntad del gobierno argentino, pero por desgracia todo hace pensar que, debido en buena medida a la decisión de Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y ahora Kirchner de tratar a los acreedores como enemigos por motivos de política interna, la tesis de que la Argentina se haya convertido en un “estado pirata” propende a ganar más adeptos.
La brecha entre la actitud de nuestra élite política frente al default, el que propende a tomar por el resultado de la agresión foránea, y aquella de las élites políticas y económicas del “Primer Mundo”, siempre ha sido muy ancha, pero a partir de la elección de Kirchner parece haberse ampliado todavía más. Puesto que la popularidad del presidente depende en buena medida de su voluntad de enfrentarse con los acreedores “neoliberales”, no parece demasiado probable que se reduzca en los próximos meses. Antes bien, la Argentina podría aislarse cada vez más, desastre que con seguridad no afectaría mucho al resto del mundo pero que sí perjudicaría a la inmensa mayoría de los argentinos mismos. Mal que les pese a políticos habituados a subordinar todo a su propia imagen, la alternativa a tratar bien a los inversores tanto extranjeros como nativos no es la justicia social solidaria con “dignidad”, sino la extrema miseria para la mayoría abrumadora y un buen pasar para los vinculados con una élite cada vez más minoritaria.
