Advierten que podría haber desalojos de comunidades, si no se prorroga la ley de Emergencia Territorial Indígena

Investigadores de diversas universidades del país demandaron la sanción de la prórroga de la ley 26.160, que se debate en las Cámaras de Diputados y Senadores ya que vence en noviembre.




El Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto con dependencias de la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro y centros del Conicet, demandaron la sanción de la prórroga de la ley 26.160 de “Emergencia Territorial Indígena”, que se debate en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Los investigadores explicaron que esta ley “declara la situación de emergencia de los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, reconociendo su precaria situación dominial, suspendiendo los desalojos mientras esté vigente la emergencia y ordenando la realización de una política de relevamiento de dichos territorios en todo el país“.

La ley fue sancionada en 2006 y prorrogada en 2009, 2013 y 2017, pero en noviembre de este año, vence la última prórroga.

En el pedido, los investigadores recalcaron que, hasta el momento, se ha avanzado en el relevamiento territorial de una gran mayoría de las comunidades registradas y hoy, son más de 1700 las que actualmente integran el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai). No obstante, advirtieron, “aún falta relevar una porción muy significativa de las mismas“.

Señalaron que, “en caso de no prorrogarse esta ley por un nuevo período, hasta culminar con el relevamiento de los territorios donde se encuentran asentados ancestralmente los pueblos indígenas, algunas comunidades podrían ser desalojadas“. “Si la ley no se prorroga -además de la conflictividad y los riesgos que implicaría para miles de indígenas el desalojo de cientos de comunidades en toda la Argentina- se estaría incumpliendo la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT y demás normativas“, plantearon, a la vez que consideraron fundamental dotar de presupuesto a la Ley 26.160 para el nuevo período.

Por último, indicaron que “la ley 26.160 es el primer paso para posibilitar a futuro una legislación específica que regule la titulación de las tierras relevadas de los pueblos indígenas. El objetivo es pasar de una ley de emergencia a una ley permanente con presupuesto asignado y de ejecución efectiva“.


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