Aguiar y Báez se negaron a declarar en una causa por coacción contra una exfuncionaria Nacional

El actual representante de ATE en la obra social PAMI, Romeo Aguiar, junto a Zulma Dávila (ATE), Claudia Reyes (MAP) y Miguel Báez (ODEL) -quien actualmente se encuentra detenido en el marco de una causa por abuso sexual simple- se negaron a declarar en el proceso que los tiene como imputados y donde se investiga el ataque que sufrió la excoordinadora de Desarrollo Social de la Nación, Miriam Saigg, en un violento episodio ocurrido en inmediaciones a su casa, en el año 2019.

Fuentes de la Justicia Federal explicaron que el 20 de mayo, a través de una audiencia realizada vía Zoom, los referentes de las distintas organizaciones participaron de esta etapa del proceso en la cual se investigan los hechos ocurridos en la vivienda particular de la exfuncionaria quien después de los incidentes, terminó renunciando a su cargo. En un principio, se les imputa los siguientes delitos: «privación ilegítima de la libertad, daños y coacción agravada».

El hostigamiento contra Saigg había comenzado mucho tiempo antes pero tuvo su punto más violento en septiembre de 2019, cuando los referentes de estas organizaciones -junto a un grupo de 60 personas- se presentaron frente a la vivienda de la funcionaria, en calle Isidro Lobo al 100, en la zona céntrica de Roca.

Allí instalaron una especie de barricada con troncos y prendieron fuego cubiertas además de lanzar frases intimidatorias contra Saigg y su familia. También instalaron carpas y arrojaron huevos contra la vivienda de la funcionaria quien se vio impedida de salir de su casa para cumplir con su habitual tarea al frente del área de Desarrollo Social.

Por intermedio de insultos e intimidaciones, según la investigación de la Fiscalía, los dirigentes de las distintas organizaciones le exigían la entrega de 2.000 módulos alimentarios y planes sociales para por lo menos 500 familias. Tal fue la presión que ejercieron contra la funcionaria y contra su familia, que finalmente y después del violento acampe, terminó presentando su renuncia al cargo.

«Ganaron los violentos, les costó pero ganaron» expresó en su carta pública de renuncia horas después. «Una y mil veces impidieron que el CDR atendiera al público, destrozaron sus instalaciones, me tuvieron de rehén en alguna que otra ‘toma pacífica’, me amenazaron a mí y a mi familia, me quemaron el auto y ahora vinieron a mi casa», dijo tras el incidente que dio inicio a esta causa judicial.

Cabe recordar que por ese entonces, Romeo Aguiar -hijo del actual Secretario Adjunto de ATE a nivel nacional– no ostentaba ningún cargo ya que recién en noviembre de 2019 y por una designación arbitraria, fue contratado por la obra social PAMI. Finalmente el año pasado fue elegido como representante del gremio en esa repartición.

En referencia a Miguel Báez, es importante señalar que se encuentra detenido desde el 30 de marzo en el marco de una causa por abuso sexual simple. El Ministerio Público Fiscal (MPF) -en el fuero provincial- solicitó esa medida al entender que el referente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) había participado de la organización de un escrache en contra de la denunciante y que ese acto tuvo la clara intención de entorpecer la investigación.

En el marco de esa violenta acción, también escracharon al abogado de la mujer y a un periodista de RÍO NEGRO. Luego, varios dirigentes de esa agrupación protagonizaron un violento ingreso a las instalaciones de este diario.

Tanto Dávila como Reyes continúan con participación en las filas de la CTA Autónoma.

La investigación del caso está a cargo del juez Federal Hugo Greca, en tanto que la abogada del gremio ATE, Ailín Roca representa a los cuatro referentes gremiales.