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DE DOMINGO A DOMINGO

Cuando hay intereses comunes y te cascotean el rancho es aconsejable bajar decibeles en cualquier pelea», razonó una fuente de la industria petrolera con mirada política.

La reflexión estaba orientada a interpretar la reunión que en la semana mantuvieron Jorge Sapag y Miguel Galuccio, una cita que la empresa manejó con bajo perfil y la Provincia con menos discreción.

Como un músculo entrenado, la relación entre el gobernador neuquino y el CEO de YPF se tensa y distiende según las circunstancias. Pero en un momento coyuntural de crisis como el que atraviesa hoy la industria, Sapag y Galuccio se necesitan, uno para seguir consolidando el perfil económico de provincia productora de hidrocarburos y el otro para sacar el gas y petróleo de Vaca Muerta con el objetivo de avanzar hacia el autoabastecimiento energético del país.

La reforma de la ley de Hidrocarburos, algunos de cuyos artículos pusieron freno a cierto impulso autonómico que había tomado Neuquén en la materia, marcó un punto de inflexión en una relación que ya estaba marcada por celos y desconfianzas mutuas.

Con un precio internacional del producto amenazando desde hace meses la ecuación del negocio en Vaca Muerta, la decisión política de sostener la actividad requiere del consenso de los actores. En ese contexto se inscribió esta cita en Buenos Aires con mirada panorámica al Río de La Plata desde lo alto de la torre de YPF en Puerto Madero.

Sapag y Galuccio hablaron de todo, incluido un tema sensible como la licitación del área Parva Negra y su adjudicación a Enarcana, una empresa sin antecedentes en el rubro que ofertó un bono de 33 millones de dólares para acceder al bloque, dinero que la empresa aún no reunió o al menos no se comunicó si cumplimentó con ese paso.

Hasta donde se sabe, los plazos de esta licitación están caídos y prorrogados de hecho. Nadie protestó por esta particular situación porque la desconocida firma no tuvo competidores.

Fuentes confiables de la empresa dijeron que Galuccio le recordó a Sapag que el modelo de Enarcana es justamente lo que YPF no quiere.

Código en escena

Las excarcelaciones de tres personas declaradas culpables de homicidio, producto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia hace poco más de un año en esta provincia, empujó a un debate intenso de múltiples voces sobre costos y beneficios.

El artículo 119 del Código limita las prisiones preventivas a un año y allí quedó focalizado buena parte del nudo de la discusión. Jueces y fiscales se cruzaron en opiniones de forma y de fondo sobre el nuevo sistema y abrieron el debate en medio de una campaña electoral, un momento poco propicio para una reflexión más profunda de un tema sensible para el conjunto de la sociedad.

Mientras las opiniones transcurren por carriles técnicos y en internas que atraviesan el universo del Poder Judicial, en la política el tema se irradia con reduccionismos al estilo mano dura versus mano blanda, garantismo, abolicionismo, entre otras, que encarnan finalmente en consignas en la sociedad.

Como en definitiva es la política la que construye las leyes a través de los representantes elegidos en las urnas, el Código en cuestión es producto de una construcción democrática y por tanto está sujeto a cambio, si existe consensos para hacerlo. El fiscal general José Gerez ya planteó que hay que hacerle retoques y según dijo es «para garantizar la paz social».

Con el debate ya instalado sobre las excarcelaciones, el Tribunal Superior de Justicia emitió, al finalizar la semana, una suerte de balance sobre la implementación del nuevo Código. El documento es una lectura política con algunas observaciones técnicas e incorporaciones estadísticas como la mención a los 15 juicios por jurados que ya se efectuaron en la provincia desde la implementación del Código el 14 de enero del año pasado.

El Tribunal valora que la sociedad debata y amplíe su conocimiento sobre el funcionamiento de la administración de la justicia, pero advierte el riesgo que se corre de universalizar un grupo de casos y presentarlos como «la realidad» del sistema judicial.

Sobre la cuestión de fondo, el TSJ tendrá que expedirse a partir de dos recursos extraordinarios que presentó Gerez que pidió revertir las excarcelaciones concedidas y planteó al cuerpo que fije criterio sobre la duración de las prisiones preventivas.

Anteriormente, y como ya se apuntó, el fiscal general presentó el trazo grueso de su propuesta de reforma al Código que llegará a la Legislatura pasado mañana, según lo anunció. Entre los aspectos a reformar están la extensión de la preventiva sin condena firme a un plazo de dos años y la incorporación de los casos de conmoción social, una idea que le pertenece al gobernador Sapag pero quedó fuera de la reforma original.

gerardo bilardo

gbilardo@ríonegro.com.ar