Análisis: Las necesidades y la diferencia

El impuesto a la exportación de petróleo nació de una necesidad perentoria del gobierno nacional de dinero fresco. La decisión, el destino de los fondos y los mecanismos utilizados se convirtieron cada uno en divisoria de aguas de sectores e intereses, desde los más privatistas y liberales hasta los que propugnan el retorno del intervencionismo estatal al negocio. Como dato adicional, se reeditó el viejo enfrentamiento entre la Pampa húmeda y la Patagonia pues -hasta ahora- quedaron inmunes a la fiebre tributista los productos agropecuarios, algo que la administración Sobisch juzga como una injusticia. Pero son dos productos diferentes, uno con valor agregado -por caso, la fruticultura- y otro sin ningún adicional. Algunos economistas consideran «fundamental» al impuesto como modo de compensación de la caída de la recaudación fiscal. Pero muchos entre quienes están de acuerdo con el gravamen, critican que se aplique a subsidiar la banca y aminorar los efectos de la devaluación sobre el sistema. Por la ley de emergencia pública 25.561 el gobierno nacional apeló a captar fondos de una de las actividades más rentables: la petrolera. Así desencadenó una negociación entre funcionarios nacionales, las megacompañías productoras-exportadoras, sindicatos y estados productores. El resultado fue un acuerdo que Guillermo Pereyra hiperbolizó al compararlo con el pacto español de La Moncloa.

El documento tenía en cuenta los argumentos de las petroleras sobre la baja rentabilidad de los pozos argentinos, la incidencia negativa del gravamen en la cotización del barril de crudo que la llevaba de los 20 dólares de promedio a poco más de la mitad. Con este panorama, la exploración -una de las actividades de mayor demanda de inversión y mano de obra- quedaría descartada. Hubo una contraoferta: gravar la producción en boca de pozo, ampliando la presión fiscal a las empresas grandes y chicas, garantizar a las provincias -que actuaron como «socias» de intereses con las empresas- sus regalías y adicionalmente crear un mecanismo de reparto de la renta según una franja de precios superior a los 14 dólares deducidos los costos, por barril. Lo más grave, según un experto, es que el acuerdo se convertía en antecedente de una nueva ley de hidrocarburos a imagen y semejanza de las compañías. El decreto 310, que fijó el 20% a la exportación de crudo y el 5% a los derivados, y sin tocar el gas, permitirá recaudar 700 millones de dólares por año durante un lustro. Con la oferta-acuerdo de petroleras, sindicato y provincias, el fisco se beneficiaría solamente con 350 millones de pesos en cuatro años. Esa también es otra diferencia.

Gerardo Burton

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