Anses suma intimaciones para jubilar a jueces de Río Negro

Totalizan 18, con magistrados y los tres vocales del STJ. Deben optar por el retiro en 30 días o archivar su trámite cumplido.

Los jueces Piccinini, Mansilla y Zaratiegui recibieron la intimación de Anses y por ahora solo los dos últimos presentaron sus renuncias. Archivo Marcelo Ochoa

Los jueces Piccinini, Mansilla y Zaratiegui recibieron la intimación de Anses y por ahora solo los dos últimos presentaron sus renuncias. Archivo Marcelo Ochoa

La Justicia rionegrina fue incluida por el Anses en las intimaciones de retiro definitivo para jueces y funcionarios con los requisitos y los trámites jubilatorios cumplidos. El organismo otorga 30 días para que cesen en sus funciones o, de lo contrario, perderá los derechos previsionales reservados, que son más beneficiosos que el régimen actual.

Un registro preliminar indica a 18 magistrados y funcionarios de Río Negro con expedientes jubilatorios. Significa un 5% del plantel de 350 jueces, secretarios y cargos superiores en el Poder Judicial rionegrino.
Igualmente, el mayor impacto se prevé en el Superior Tribunal de Justicia, pues tres de sus cinco vocales fueron intimados.

Se estima que, por lo menos, uno o dos de ellos optarán por el cese.

Son los vocales Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla, de 62 años cuando la ley 24.018 establecía la edad jubilatoria en los 60 años, sin distinción de sexo, y 30 años de servicio. La reforma -ley 27.546- extiende ese límite a 65 años en los hombres.

Anses dispuso la intimación para la Justicia Federal y, consecuentemente, a las provinciales con cajas previsionales transferidas a Nación, como Río Negro.

El organismo -con fecha 9 de marzo- formalizó un “acta complementaria” para esta provincia y recuerda que el requerimiento del beneficio recién “podrán iniciarse una vez que se haya presentado formalmente la renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación”.


La intimación de Anses llegará al 5% del plantel de 350 magistrados y de funcionarios de la Justicia de Río Negro. En abril deberán resolver si siguen o se retiran.


Luego, la normativa precisa que se “emplazará al titular” de un trámite iniciado con anterioridad a la reforma, “sin la presentación del cese” para que “presente su renuncia dentro de los 30 días hábiles administrativos”. Plantea que si no ocurre eso, la Anses “procederá al archivo” del expediente.

En la Justicia rionegrina no existen precisiones sobre qué ocurrirá frente a las opciones planteadas por la Anses, incluso algunos intimados monitorean el proceso nacional porque se advierte que hay trámites administrativos y judiciales en oposición a la resolución previsional.

Simultáneamente, en el Poder se pronostica cierto impacto y se transmite cuestionamientos, a partir de la injerencia -incluso “violatoria del federalismo”- que representa una medida administrativa nacional en las jurisdicciones provinciales.

Otro planteo relatado es que esta exigencia jubilatoria puede derivar en un cimbronazo institucional. Por ejemplo, en Río Negro podría concluir con la imprevista salida de tres jueces del STJ, la mayoría de la Corte provincial.


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