Ante la reforma, el rol del Ministerio Público Fiscal

MARÍA DOLORES FINOCHIETTI Y MARIANA VICTORIA CÓRDOBA (*)

Los delitos son males que toda comunidad desea evitar, previniendo su comisión y reprimiendo a los responsables; cuando se trata además de una sociedad organizada bajo la forma de un Estado de derecho democrático, esta aspiración se debe concretar dentro del marco de las leyes y respetando las garantías constitucionales. A las puertas de una reforma en todo el procedimiento penal de juzgamiento de los delitos en la provincia del Neuquén, resulta imprescindible preguntarnos por el rol que tendrá que desempeñar quien será uno de los principales actores del sistema penal: el Ministerio Público Fiscal. Esta institución, que históricamente tuvo una tarea algo desdibujada y facultades limitadas dentro del proceso penal, con la reforma pasará a ser uno de los protagonistas en materia de política criminal, por lo que deberá tener un desarrollo y un crecimiento especiales, con metas claras y una organización que le permita cumplir con sus objetivos. Con las atribuciones que le asigna el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal tendrá en sus manos la tarea de decidir si archiva o no un procedimiento relacionado con un hecho delictivo; si otorga al imputado un principio de oportunidad y, en tal caso, si invita a la víctima para arribar a una solución negociada; si suspende provisoriamente el proceso a prueba o si prosigue con la investigación con vistas a llevar el caso a juicio. En los hechos, esto significa que todos los días, todos los fiscales del Ministerio Público estarán tomando decisiones de política criminal que irán plasmando en la realidad la política de persecución penal que va a regir en todo el territorio provincial. Si bien la prevención del delito “en la calle” seguirá estando en manos de la Policía, que es la institución que está habilitada para hacer uso de la fuerza pública para combatirlo, cualquier política de prevención para ser eficaz debe estar coordinada con la política de persecución, de modo tal que la ciudadanía no perciba el sistema como una consagración de la impunidad para cierto rango de delitos, sino como un modo de persecución penal inteligente que frente a la comisión de un hecho delictivo presenta una amenaza creíble del uso del aparato represivo. La tarea básica del Ministerio Público Fiscal es la de intervenir una vez que el ilícito penal se ha cometido, pero al tomar la decisión de proseguir por uno de los varios caminos alternativos a los que hicimos antes referencia, estará dando una señal a la sociedad y, de tal modo, también influyendo en la “decisión” que toma quien va a cometer un delito. Todo esto hace que, aunque no tenga un rol directo en la prevención, sus decisiones de política criminal de persecución van a incidir necesariamente en los temas de seguridad ciudadana. En estudios realizados sobre los factores que determinan el aumento o disminución de la criminalidad se ha llegado a la conclusión de que éstos son múltiples: la situación económica nacional, las regulaciones sobre el control de armas, la cantidad de policías cada cien mil habitantes, las políticas policiales del tipo “tolerancia cero” o la creación de cuerpos de “policías comunitarios”, el mercado y las políticas vinculadas con drogas ilícitas, los cambios demográficos, las tasas de hijos no deseados, entre otros. Sin embargo, no menos importantes son considerados temas tales como el tipo de delitos que llegan a juicio; el aumento del tiempo de duración de las penas y de su gravedad (no el incremento en leyes que luego no se aplican, sino su nivel de imposición real); el número de personas en prisión; la situación y características del sistema carcelario. En la base de todas estas cuestiones se encuentran las decisiones de política criminal que con el nuevo sistema deberá adoptar el Ministerio Público Fiscal y que tendrán una necesaria influencia sobre la seguridad ciudadana. Si bien el fenómeno de la delincuencia tiene un aspecto objetivo que se puede cuantificar en número, tipo de delito, zonas o situaciones en las que éstos mayormente se cometen, etc., también tiene un costado subjetivo que se refleja en el temor frente al fenómeno de la delincuencia y la confianza que se puede depositar en las instituciones que se encargan de combatirla. En este último aspecto, los fiscales tendrán un rol fundamental que está directamente vinculado con la imagen de seguridad que logren transmitirle a la ciudadanía. Una política clara y coherente en relación con las víctimas y testigos de hechos delictivos, una coordinación y comunicación fluida de los integrantes del Ministerio Público con la institución policial y con los organismos del Poder Ejecutivo vinculados con su función, el dictado de leyes de organización adecuadas y la asignación de recursos acorde con su nueva misión, serán las herramientas indispensables para que se pueda desarrollar un Ministerio Público Fiscal que esté a la altura de los nuevos desafíos a los que se enfrenta y que dé respuesta a los temas de seguridad ciudadana que le atañen. (*) Fiscales del Ministerio Público de la Provincia del Neuquén