Aprueban medidas antiterroristas exigidas por EE.UU.

A una semana de que el secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld visitara la Argentina, el Congreso aprobó ayer dos convenios antiterroristas, adoptados por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que habían sido impulsados por los Estados Unidos en el marco de su política exterior de defensa.

Los acuerdos fueron respaldados por el Justicialismo y la UCR, además de un puñado de partidos provinciales. El tratado de las Naciones Unidas se impuso por 159 votos afirmativos sobre 26 negativos, mientras que la convención de la OEA por 156 sobre 23.

La aprobación llegó un día después de un almuerzo ofrecido por el embajador norteamericano, Lino Gutiérrez, a un grupo de diputados y senadores del PJ y la UCR, en el cual el diplomático volvió a subrayar la importancia que atribuyen a ambos acuerdos. La sanción se logró rápidamente y sin debate, porque la discusión había tenido lugar dos semanas atrás.

En aquel entonces, después de las críticas de la izquierda y la defensa protagonizada por el justicialista Jorge Argüello y el radical Federico Storani, la sesión se interrumpió por falta de número. Cuando el tratamiento se retomó ayer, los proyectos pasaron directamente a su votación.

Sólo el diputado oficialista Miguel Bonasso pidió la palabra porque había estado ausente en la sesión anterior. Pero el presidente de la cámara, el duhaldista Eduardo Camaño, se la negó por considerar que el debate se había agotado.

«Era para explicar por qué voy a votar en contra», insistió Bonasso. «Entonces menos», retrucó burlón el presidente de la cámara. La lucha contra el terrorismo aparece como uno de los ejes de alineamiento entre la política de defensa del gobierno de los Es

tados Unidos y de la Argentina. El primero de los acuerdos es la Convención Interamericana Contra el Terrorismo adoptada por la asamblea de la OEA en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002.

La convención obliga a los países firmantes a establecer «un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo».

En el conjunto de medidas impuestas por el acuerdo aparece específicamente la implementación de sistemas de «detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero» y la adopción de instrumentos para «identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos o bienes» usados para financiar operaciones o grupos terroristas.

Pero el capítulo de la convención que genera mayor resistencia es aquel que elimina los argumentos «políticos» como excepción a los pedidos de extradición.

En consecuencia, una solicitud de asistencia jurídica de otro país no podrá denegarse por la sola razón de aparecer vinculada a un delito inspirado en motivos políticos. El segundo tratado obliga a definir y penar las figuras delictivas enmarcadas en la definición de terrorismo. Además establece la obligación de prestar la mayor asistencia posible en relación con investigaciones, procesos penales o de extradición. (DyN y Télam)

Critican informe por 'muy dañino'

El gobierno argentino rechazó ayer, por estimarlo «muy dañino», un informe crítico del departamento de Estado de Estados Unidos, que incluyó a Argentina entre las naciones que deben luchar contra el tráfico ilegal de personas.

Tras calificar de «muy dañino» el contenido del informe sobre derechos humanos, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, expresó su sospecha de que la dureza del documento escondería la intención de «la venta de algún 'software'» para el control de personas.

«Atrás de esto (del informe) me parece que hay alguna vocación de venta de algún 'software' que no estamos dispuestos a comprar», advirtió Fernández.

El ministro insistió en que el gobierno de Kirchner «no tiene esa vocación» de realizar una eventual compra de algún soporte tecnológico para mejorar el área cuestionada. «Lo puedo demostrar en los hechos. Hasta la vista, 'baby'», ironizó al despedirse.

El lunes pasado Washington difundió un documento sobre el apoyo de Estados Unidos a la democracia y a los derechos humanos en 101 países con peor desempeño en esa área, pero en el que no incluyó la situación de su propio país. Ese informe incluyó por primera vez a Argentina en el llamado «anillo dos», la tercera de cinco categorías, por «no cumplir por completo con los estándares mínimos» de respeto a los derechos humanos determinados por el Congreso estadounidense. (DyN)