Política y Justicia
No bien se difundió la noticia de la detención del sindicalista rural Gerónimo Venegas por su presunta participación en “la mafia de los medicamentos”, sus amigos, socios y aliados decidieron tratarlo como un preso político, víctima de la arbitrariedad kirchnerista. Aunque es notorio que la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores que lidera Venegas desde hace 20 años esté involucrada en el escándalo de los remedios adulterados, también lo están decenas de otras, incluyendo, por supuesto, la de Camioneros del jefe cegetista Hugo Moyano, de suerte que es por lo menos comprensible que haya motivado sospechas la actuación del siempre polémico juez Norberto Oyarbide. Según el ex presidente interino Eduardo Duhalde, “este juez está respondiendo a aprietes del gobierno, que debe tener algo contra él que no puede revelar”, o sea que se ha puesto al servicio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Parecería que muchos políticos opositores comparten dicha opinión. No es que crean a pie juntillas que Venegas sea inocente sino que dan por descontado que la decisión de ordenar su arresto tuvo más que ver con su militancia política que con su eventual papel en el tráfico de medicamentos adulterados. Para respaldar sus afirmaciones en tal sentido, Duhalde y otros peronistas disidentes señalan que personajes como el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y quien fuera el recaudador principal de la campaña electoral que llevó a Cristina a la presidencia, Héctor Capaccioli, siguen en libertad a pesar de estar bajo procesamiento, acusados de perpetrar una variedad impresionante de delitos. Oyarbide tiene entre manos una cantidad notable de causas y no ha vacilado en procesar a ex funcionarios kirchneristas. De estar en lo cierto Duhalde, al gobierno le convendría dosificar los “aprietes” porque, si optara por concentrarse en las fechorías atribuidas a Capaccioli, tarde o temprano comenzaría a indagar en lo hecho por Néstor Kirchner y, desde luego, la actual presidenta, mientras recaudaba fondos para la campaña. Si bien la credibilidad del juez se vio reducida por la rapidez insólita con la que sobreseyó a los Kirchner cuando le tocó el caso que fue planteado por el aumento llamativo del patrimonio de la pareja presidencial, es de suponer que cuenta con datos más que suficientes como para permitirle ocasionar al oficialismo un sinfín de problemas. Es natural, pues, que muchos crean que Oyarbide, consciente de su propia vulnerabilidad, está procurando mantenerse equidistante entre el gobierno y la oposición, embistiendo un día contra un kirchnerista y otro contra un adversario. Tengan razón o no quienes piensan así, el que tantos personajes políticos ya se hayan visto salpicados por la investigación de la mafia de los medicamentos ha servido para brindar la impresión de que buena parte de la clase política, en especial la conformada por el sindicalismo peronista, es irremediablemente corrupta. Por razones comprensibles, el cariz que han tomado los acontecimientos inquieta mucho a todos los integrantes del mundillo sindicalista. Hasta los tentados a celebrar la caída de un adversario temen verse sorprendidos en cualquier momento por una orden de arresto. También tiene motivos para sentirse preocupado el gobierno. Resueltos como están a politizar todos los fallos que les molestan, sindicalistas como los vinculados con Venegas han reaccionado contra lo que toman por una ofensiva oficialista organizando protestas y cortes de ruta. No extrañaría en absoluto que, en el caso de ordenar más arrestos Oyarbide u otros jueces, los perjudicados optaran por contraatacar con una ola de paros. Puesto que 80 obras sociales se han visto involucradas en la causa de los medicamentos falsificados, los muchos sindicalistas que imputan sus dificultades legales a la voluntad del gobierno de aprovechar una oportunidad para presionarlos no carecerían de pretextos para movilizarse, lo que enfrentaría no sólo al gobierno sino también al resto de la clase política con un dilema muy espinoso, ya que tendrían que optar entre ceder ante el chantaje sindical por un lado y, por el otro, defender el imperio de la ley aun cuando hacerlo signifique que el país experimentará un período acaso prolongado de agitación sindical sumamente costosa.
