Criadero de buitres

Redacción

Por Redacción

Una nueva expresión en inglés acaba de incorporarse al léxico económico nacional. Se trata de “me too”, es decir “yo también”, y alude a aquellos holdouts que, como podía preverse, quieren ser tratados como los fondos “buitre” que se vieron favorecidos por el fallo del juez Thomas Griesa. En su conjunto, están reclamando un monto que, según algunos, ya se acerca a los 6.500 millones de dólares y que podría aumentar en las semanas próximas. Puesto que las reservas del Banco Central suman 28.000 millones, de los cuales una proporción significante, aproximadamente la tercera parte, no son de libre disponibilidad, el gobierno tiene razón al señalar que al país le sería imposible cumplir con todas las demandas de los acreedores. Por desgracia, ya se han ido los días en que un presidente, en aquel entonces Néstor Kirchner, podía darse el gusto de tirarle al FMI la friolera de 10.000 millones de dólares para que dejara de fastidiarlo inspeccionando las cuentas nacionales. En la actualidad, el país no está en condiciones de permitirse ningún lujo financiero. A juzgar por las encuestas de opinión, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le reportó algunos beneficios pasajeros la politización del tema de la deuda, tratándolo como un enfrentamiento del pueblo argentino con una banda de especuladores carroñeros despiadados que contaban con la ayuda de un juez norteamericano “senil” y funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama, pero los costos iniciales de la maniobra así emprendida han sido enormes y amenazan con crecer mucho en los meses próximos. Puede que tal eventualidad no preocupe a los “militantes” kirchneristas que se han acostumbrado a subordinar todo a sus propias obsesiones ideológicas y que ya están burlándose de opositores presuntamente dispuestos a pactar con los “buitres”, pero no debería sorprenderles que los demás se resistan a sacrificarse por el “relato” oficial. A menos que el gobierno se resigne a alcanzar un arreglo con los holdouts, incluyendo a los “buitres” más notorios, luego de vencer dentro de poco la draconiana cláusula RUFO, el default parcial se ampliará y el impacto sobre la economía real se hará cada vez más fuerte. Con la eventual excepción de los más politizados, no es del interés de nadie que el conflicto se intensifique. Por fiel que quisiera ser Griesa a las leyes de Nueva York, no querrá que la Argentina sufra un cataclismo socioeconómico. Tampoco le convendría al gobierno kirchnerista que, para mantener en alto sus banderas, condenara al país a años de miseria. En cuanto a los holdouts mismos, entenderán muy bien que no les serviría para nada que, de resultas de sus ataques, el país cayera en bancarrota, desgracia que los obligaría a esperar años antes de tener la posibilidad de cobrar el dinero que están reclamando, lapso en el que organismos internacionales, encabezados por el FMI, podrían introducir reglas destinadas a frustrarlos. Están en lo cierto los que critican a Griesa, la corte de apelaciones del estado de Nueva York y, por omisión, la Corte Suprema de Estados Unidos por el escaso realismo de un fallo que tal vez sea jurídicamente impecable pero que, al aplicarse, ya ha tenido consecuencias muy negativas, pero sucede que el gobierno lo buscaba al informarles que no se le ocurriría acatar uno que no lo favoreciera. Desafiar así a un tribunal a cuya jurisdicción el gobierno se sometió voluntariamente por motivos económicos fue absurdamente provocativo, pero parecería que los kirchneristas cometieron el error de suponer que les sería dado tratar a Griesa como si fuera un juez oficialista más, no uno que se negaría a permitirse manosear por políticos, aun cuando se tratara del presidente de su propio país. Sea como fuere, la prepotencia kirchnerista, combinada con el legalismo acaso excesivo del juez neoyorquino, ha llevado el país a una situación límite de la que no le será nada fácil sustraerse. Por orgullo político, Cristina, acompañada por el ministro de Economía Axel Kicillof y otros, parece reacia a aprovechar la oportunidad que le brindará el vencimiento de la cláusula RUFO, pero a menos que encuentre la forma de hacerlo sin dar la impresión de rendirse a los “buitres”, el año que viene el país podría hundirse en una recesión aún más profunda que la prevista por la mayoría de los economistas independientes.

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Una nueva expresión en inglés acaba de incorporarse al léxico económico nacional. Se trata de “me too”, es decir “yo también”, y alude a aquellos holdouts que, como podía preverse, quieren ser tratados como los fondos “buitre” que se vieron favorecidos por el fallo del juez Thomas Griesa. En su conjunto, están reclamando un monto que, según algunos, ya se acerca a los 6.500 millones de dólares y que podría aumentar en las semanas próximas. Puesto que las reservas del Banco Central suman 28.000 millones, de los cuales una proporción significante, aproximadamente la tercera parte, no son de libre disponibilidad, el gobierno tiene razón al señalar que al país le sería imposible cumplir con todas las demandas de los acreedores. Por desgracia, ya se han ido los días en que un presidente, en aquel entonces Néstor Kirchner, podía darse el gusto de tirarle al FMI la friolera de 10.000 millones de dólares para que dejara de fastidiarlo inspeccionando las cuentas nacionales. En la actualidad, el país no está en condiciones de permitirse ningún lujo financiero. A juzgar por las encuestas de opinión, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le reportó algunos beneficios pasajeros la politización del tema de la deuda, tratándolo como un enfrentamiento del pueblo argentino con una banda de especuladores carroñeros despiadados que contaban con la ayuda de un juez norteamericano “senil” y funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama, pero los costos iniciales de la maniobra así emprendida han sido enormes y amenazan con crecer mucho en los meses próximos. Puede que tal eventualidad no preocupe a los “militantes” kirchneristas que se han acostumbrado a subordinar todo a sus propias obsesiones ideológicas y que ya están burlándose de opositores presuntamente dispuestos a pactar con los “buitres”, pero no debería sorprenderles que los demás se resistan a sacrificarse por el “relato” oficial. A menos que el gobierno se resigne a alcanzar un arreglo con los holdouts, incluyendo a los “buitres” más notorios, luego de vencer dentro de poco la draconiana cláusula RUFO, el default parcial se ampliará y el impacto sobre la economía real se hará cada vez más fuerte. Con la eventual excepción de los más politizados, no es del interés de nadie que el conflicto se intensifique. Por fiel que quisiera ser Griesa a las leyes de Nueva York, no querrá que la Argentina sufra un cataclismo socioeconómico. Tampoco le convendría al gobierno kirchnerista que, para mantener en alto sus banderas, condenara al país a años de miseria. En cuanto a los holdouts mismos, entenderán muy bien que no les serviría para nada que, de resultas de sus ataques, el país cayera en bancarrota, desgracia que los obligaría a esperar años antes de tener la posibilidad de cobrar el dinero que están reclamando, lapso en el que organismos internacionales, encabezados por el FMI, podrían introducir reglas destinadas a frustrarlos. Están en lo cierto los que critican a Griesa, la corte de apelaciones del estado de Nueva York y, por omisión, la Corte Suprema de Estados Unidos por el escaso realismo de un fallo que tal vez sea jurídicamente impecable pero que, al aplicarse, ya ha tenido consecuencias muy negativas, pero sucede que el gobierno lo buscaba al informarles que no se le ocurriría acatar uno que no lo favoreciera. Desafiar así a un tribunal a cuya jurisdicción el gobierno se sometió voluntariamente por motivos económicos fue absurdamente provocativo, pero parecería que los kirchneristas cometieron el error de suponer que les sería dado tratar a Griesa como si fuera un juez oficialista más, no uno que se negaría a permitirse manosear por políticos, aun cuando se tratara del presidente de su propio país. Sea como fuere, la prepotencia kirchnerista, combinada con el legalismo acaso excesivo del juez neoyorquino, ha llevado el país a una situación límite de la que no le será nada fácil sustraerse. Por orgullo político, Cristina, acompañada por el ministro de Economía Axel Kicillof y otros, parece reacia a aprovechar la oportunidad que le brindará el vencimiento de la cláusula RUFO, pero a menos que encuentre la forma de hacerlo sin dar la impresión de rendirse a los “buitres”, el año que viene el país podría hundirse en una recesión aún más profunda que la prevista por la mayoría de los economistas independientes.

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