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Salarios del Estado y vacantes en la Justicia se debatirán desde febrero.




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El conflicto en el sector frutícola por el incremento de salarios rurales, del empaque y del frío quedó, técnicamente, resuelto. Pero, en la práctica, mutó en un porcentaje importante hacia formas menos visibles, ya que la crisis estructural de rentabilidad de la producción y comercialización de peras y manzanas sigue pendiente de solución. Las protestas iniciales de la Federación de Productores derivaron en que la Nación otorgara 40 millones del Fondo Rotatorio, que contribuirán a solventar los costos de producción. Pero, enseguida, el corte de rutas y el bloqueo de empresas protagonizados por los trabajadores rurales y del empaque empujaron hacia arriba esos costos. Esto sucedió porque los salarios, que un laudo del Ministerio de Trabajo de la Nación había elevado en un 22%, crecerán en un 26% por la decisión de la CAFI de acceder al pedido gremial. Esto dejó sola a la mayoría de las cámaras de Productores, que –si Nación homologa el acuerdo– tendrán que acatarlo aunque afirman que hacerlo las deja fuera de todo esquema de rentabilidad. Para quienes esto es así, significa que será antieconómico cosechar las frutas que ya maduran en las plantas pero también que se ve comprometida la propia permanencia en la actividad productiva. El tema no es sencillo. Según el Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego –CAR– en el 2005 en los valles rionegrinos el 70% tenía chacras de menos de 20 hectáreas. Unos 2.444 productores –el 82% del total– no estaban integrados en cadenas que incluyeran las distintas etapas hasta la comercialización. Ellos poseían el 63,3% de las hectáreas cultivadas y un porcentaje menor de la fruta que se cosechaba. En cambio, apenas 520 productores –el 18% del total– estaban integrados y, controlando el 36,7% de la tierra en producción, obtenían más del 40% de la fruta de los valles. Dos procesos continuos –el de concentración de la propiedad y el de loteo y urbanización de tierras productivas– pueden haber acentuado esa brecha en los seis años transcurridos desde aquel relevamiento. Otro proceso en marcha en las grandes empresas –el de incrementar la eficiencia con tecnología e investigación– también deja en inferioridad de condiciones a los no integrados, que cada año tienen menos posibilidades relativas de capitalizarse y atender inversiones importantes de reconversión, prevención de heladas o reposición de maquinarias. En el 2005, el 70% de los tractores superaba el tiempo de vida útil, estimado en veinte años. Con criterio economicista, podría suponerse que la lógica del mercado no admite controversia. Pero suficiente experiencia hay respecto de los cambios sociales que generan los fenómenos económicos cuando involucran a sectores significativos de la matriz productiva de una región. Proyectar a futuro el proceso de concentración implicaría llegar a un punto en que pocas empresas absorberían todas las tierras cultivadas de los valles. No se trata de preferencias sino de prever las consecuencias antes de que se produzcan. Un cambio no es malo ni bueno. Pero éste implicaría, por ejemplo, pensar qué actividad alternativa y rentable podrían asumir los ahora propietarios, sus hijos, los encargados de sus chacras, sus peones y los hijos de ambos. No resultaría fácil a los chacareros convertirse en empleados pero, aun así, difícilmente habría tantos empleos disponibles para todos. Por eso, si bien es la Nación –a través de los mecanismos impositivos, monetarios y de asistencia directa– la que posee la llave para abrir o cerrar la rentabilidad que requieren los fruticultores no integrados, es la provincia –con toda seguridad– la que tendrá que afrontar la crisis social que significaría que esa puerta se cerrara definitivamente este año, el próximo o alguno de los siguientes. Las áreas técnicas de la provincia parecen conocer muy bien los riesgos de una inacción o un error político en este sentido. También los profesionales del INTA Alto Valle que, al analizar los datos del CAR 2005, señalaron que los chacareros no integrados “se inscriben como el sector más vulnerable”. Asombró, por ello, que el gobernador Miguel Saiz mostrara tan escaso protagonismo mientras estas diferencias se dirimían en la región. Es probable que, por estar en el último año de su gestión, considere que el problema no rozará su agenda. Pero pobrísimo favor ha hecho a los tres precandidatos de su partido a sucederlo. El gobernador, a decir verdad, se muestra también bastante alejado de la campaña electoral interna del radicalismo. Más que prescindente, se lo nota apático. Pese a que comprometió su apoyo a su “delfín”, este fin de semana no participó de los actos proselitistas en la Región Andina. César Barbeito, si bien pidió licencia como ministro, sigue haciendo eje en la educación y hasta ha realizado tareas proselitistas durante enero dentro de escuelas. Por ahora, tanto Fernando Chironi como Bautista Mendioroz y Barbeito siguen en campaña, sin definir los dos últimos si –a la hora de presentar las candidaturas– sumarán también la de un aspirante a vicegobernador o si dejarán el cargo abierto para cerrar alianzas. Pero el principal impedimento es que, hasta marzo, no se sabrá quién será el candidato y, por lo tanto, ningún acuerdo con aliados podrá discutirse ni cerrarse hasta entonces. Mientras tanto, los candidatos del frente que integran el Partido Justicialista y el Frente Grande –Carlos Soria y Alberto Weretilneck– despliegan su campaña por la provincia y tratan de consolidar la unidad en cada pueblo, cerrando heridas donde las hubo y formando equipos donde existían recelos entre partidos. Por el momento, sólo se han inscripto como antagonistas sectores visiblemente ligados al radicalismo provincial. En tanto, febrero despertará varios conflictos ya planteados en el Estado provincial: • En materia salarial, el incremento prometido por el STJ a su personal no será del 27 sino del 15%, como consecuencia del recorte respecto de los fondos pedidos. Esto generará un seguro reclamo gremial y una creciente dependencia funcional de la Justicia respecto del Poder Ejecutivo, del cual ese poder requerirá auxilio financiero todo el año. • Para el Ejecutivo, la baja de la expectativa de aumento al salario judicial es una buena noticia, ya que tiende a aliviar la presión de otros gremios, sobre todo de los docentes agrupados en Unter. • La mala noticia, tanto para la Nación como para el gobierno provincial, es la evidente contradicción de una política de contención inflacionaria respecto del 26% de incremento aprobado para rurales y trabajadores del empaque y del hielo. • La discusión salarial con los estatales será a mediados de febrero y el gobierno buscará sortearla prometiendo una suba discreta y algún ajuste en el segundo semestre. • Otro frente importante se abre en la Justicia, a raíz de la necesidad de cubrir una vacante en el Superior Tribunal y varias en cámaras y otros organismos. En un año electoral y con una Justicia crispada de tensión, el debate no será menor.

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

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