País cerrado



Si bien la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite los obstáculos a la importación supuestos por las licencias no automáticas, pocos países los usan con tanta frecuencia como la Argentina. En las últimas semanas el gobierno kirchnerista ha llevado a 600 la cantidad de productos que, para llegar a los consumidores, tendrán que superar una serie de barreras burocráticas. Además de los autos de alta gama, en especial los alemanes, que desde hace tiempo están esperando entrar, se ven efectivamente excluidos motos, bicicletas, celulares, equipos electrónicos, vasos, tazas, textiles, calzado deportivo, electrodomésticos y muchos otros bienes. Puesto que una vez erigida una barrera destinada a ayudar a los fabricantes locales desmantelarla es muy difícil, es de prever que en los próximos meses la Argentina siga aislándose cada vez más del comercio internacional. Aunque en esta oportunidad las trabas se justifican oficialmente en base a la preocupación por el aumento notable de las importaciones y la reducción consiguiente del superávit comercial que se registraron el año pasado, además de la presión resultante sobre la tasa de cambio y por lo tanto la inflación, también ha incidido la voluntad del gobierno de complacer al lobby industrial que, como es natural, quisiera que los argentinos dejaran de comprar bienes producidos en el exterior. Décadas de experiencia en la materia nos han enseñado que los beneficios del proteccionismo suelen agotarse muy pronto. Las empresas que disfrutan de un mercado cautivo no tienen muchos motivos para invertir más o mejorar sustancialmente sus productos. Por el contrario, se limitan a aprovechar al máximo una oportunidad acaso pasajera para ganar mucho dinero sin tener que arriesgarse introduciendo cambios. Mal que les pese a ciertos ideólogos, el motor principal del progreso económico consiste en la competencia; a menos que un fabricante se vea obligado a esforzarse continuamente, se conformará con lo que ya está haciendo. He aquí una razón por la que siempre resultan ser traumáticas las aperturas comerciales que suelen declararse luego de un período prolongado de “sustitución de importaciones”, o sea, de proteccionismo. En teoría, los empresarios privilegiados por el gobierno de turno deberían sacar provecho de tales etapas para prepararse para triunfar no sólo en el mercado local sino también en los internacionales, pero la verdad es que escasean quienes lo intentan. Los más perjudicados por las medidas que acaba de anunciar el gobierno serán los consumidores, que se verán constreñidos a comprar bienes de calidad inferior a la deseada a precios elevados. Si la industria nacional fuera más competitiva no habría ninguna necesidad de protegerla con medidas paraarancelarias pero, si bien algunas empresas están en condiciones de prosperar sin depender de la protección gubernamental, hay muchas otras que, de eliminarse las barreras comerciales, no tardarían en caer en bancarrota. El problema así planteado es tan grave que todos los gobiernos tienen que tratar de encontrar un punto intermedio entre el proteccionismo excesivo que sirve para mantener con vida empresas que conforme con la lógica del mercado merecen morir y una apertura “indiscriminada” que mataría a muchas que, en circunstancias que podrían calificarse de normales, estarían en condiciones de sobrevivir. Por motivos políticos e ideológicos, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se inclina por el proteccionismo asfixiante. Además de privar a los empresarios locales de incentivos para invertir más y hacerse más eficientes, la decisión oficial de impedir la importación de una variedad cada vez mayor de productos entraña el riesgo de represalias por parte de los países perjudicados. Aunque a esta altura entenderían que les sería inútil protestar formalmente ante la OMC, podrían discriminar nuestras exportaciones de origen agrícola, incluyendo a los vinos, so pretexto de que violan reglas sanitarias, como en efecto ya hicieron los chinos. Asimismo, países como Alemania que tienen fábricas en nuestro país podrán amenazar con reducir drásticamente sus eventuales inversiones a menos que el gobierno deje entrar productos manufacturados por las mismas empresas en otras partes del mundo.


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