Ataque a la Justicia: con cinco detenidos se reaviva la causa

Ataque a la Justicia: con cinco detenidos se reaviva la causa

El abogado Ignacio Galiano, acusado de ser el autor intelectual del atentado al Juzgado Penal 4 de esta capital fue el único de los imputados en quedar en libertad, luego de abstenerse en su declaración indagatoria ante el juez Ignacio Gandolfi y la fiscal Itziar Soly.

Previamente su colega María Daniela Vivas, acusada de encubrimiento, declaró durante más de cuatro horas y la fiscal solicitó su detención, lo cual fue aceptado por el magistrado interviniente. El jueves ocurrió lo mismo con los imputados como supuestos autores materiales, los hermanos Ricardo Iván y Ricardo Fabricio Colman, Ricardo Iván Becerra y el policía Gustavo Salinas, también acusado de encubrimiento.

Soly dijo a DeViedma que consideró que Galiano no tiene intenciones de fugarse ya que aquí está radicada su familia, sus hijos y aquí desarrolla diariamente su actividad profesional. Además, dijo que cumplió con cada una de las restricciones impuestas durante el proceso, las notificaciones y presentaciones previas a la indagatoria.

En cambio, en los restantes cinco casos, la fiscal consideró riesgo cierto de fuga, ya que algunos cuentan con antecedentes, su conducta no ha sido plenamente apegada a derecho, y hubo cambios de domicilios sin los correspondientes avisos a la Justicia durante el año de investigación.

El séptimo imputado, Gustavo Morales Paz, no fue notificado y declarará la semana que viene.

Más allá de las consideraciones formales de la fiscal para ordenar o no la prisión preventiva, no podría descartarse que la determinación de encarcelar a cinco y dejar al principal imputado en libertad pueda haber sido una estrategia para desarticular al grupo, provocando rispideces y diferencias que puedan servir para que alguno brinde más información.

“Nosotros analizamos sólo la cuestión procesal y si hay riesgo o no de fuga, las estrategias de las partes, no nos involucran y no las conocemos”, dijo el juez Gandolfi al ser consultado acerca de esa posibilidad.

Galiano llegó a Tribunales manifestanto su convencimiento de que sería detenido de la misma manera que los demás. Y acusó a la Justicia de actuar arbitrariamente.

Además, dijo a los medios presentes que declararía, sin embargo al ingresar a la audiencia optó por abstenerse.

A los hermanos Colman y Becerra, la fiscal los acusa de haber sido autores materiales de la quema del edificio público. De ellos, sólo Ricardo Iván Colman dio su versión de los hechos negando haber estado en la ciudad en la fecha en que se perpetró el incendio.

Los tres se encuentran alojados en el Establecimiento de Ejecución Penal de Viedma. También el policía Salinas brindó su testimonio. A él, Soly le imputa el delito de encubrimiento agravado al considerar que, en su calidad de agente de dicha fuerza, ayudó a otro de los imputados, el abogado Ignacio Galiano, a eludir la investigación del incendio llegando incluso a brindar, a un compañero perteneciente a la Brigada de Investigaciones, información falsa excluyendo de la misma al abogado.

Según la fiscal, con sus dichos Salinas corroboró la imputación endilgada. También él, al igual que los tres imputados anteriores, quedó preventivamente detenido para evitar su posible fuga ante la gravedad del delito que se investiga.

Según Soly, fue Galiano la persona que encargó “el incendio del Juzgado de Instrucción N° 4 con el objetivo de destruir la totalidad de las instalaciones, en especial de los expedientes que allí se tramitaban”. Por este requerimiento, el abogado prometió otorgarles “una suma de dinero” que no ha sido aún determinada.

Vivas, por su parte, está imputada por encubrimiento, ya que diversas pruebas obtenidas a partir de la intervención de las comunicaciones telefónicas y el intercambio de mensajes entre ambos abogados dan cuenta no sólo del conocimiento que ella tenía del hecho y de sus autores, sino además de su participación en la elaboración de tácticas y estrategias que desvincularan a Galiano de la investigación de la que formaba parte.

En su caso, a diferencia del anterior, el Ministerio Público Fiscal consideró que no existe arraigo suficiente que evite el peligro de fuga, y sostiene tal presunción a partir de los diversos cambios de domicilio que efectuó en los últimos meses la abogada, sin haberlos notificado correctamente al Tribunal, situación que consta en el expediente judicial. El juez definió entonces que permanezca preventivamente detenida.

La fiscal adelantó que aún resta llevar adelante algunas medidas de prueba al tiempo que sigue siendo motivo de investigación la causa que generó este siniestro.