Avance sobre la Corte

La vicepresidenta se sirvió en las últimas horas de los argumentos de un articulista para reafirmar la veracidad su teoría del “lawfare” o persecución.

El avance sobre la Justicia está en marcha. El gobierno aceptó la renuncia esta semana de 16 jueces, vocales y fiscales apuradas por los cambios en el régimen de jubilaciones. Como advierten las asociaciones de magistrados, serán centenares después de que la ley se apruebe el jueves en el Senado. Una carta sacada de la manga.

Cuando Alberto Fernández afine el nuevo diseño de la justicia federal deberá detenerse en los integrantes del Tribunal Oral Federal 1. Con la liberación de Julio De Vido esos jueces moderaron la polémica presos políticos/políticos presos en el Frente de Todos. Pero el debate muestra hasta qué niveles está expuesto Fernández a los desafíos en el diseño de poder elaborado en el Instituto Patria. Aún no terminó.

Es el propio De Vido quien parece decidido a mantener encendida esa llama cerca del presidente, con el que sólo comparte la desconfianza desde los lejanos primeros días en el poder. El ex ministro cumplía prisión domiciliaria en su charca de Zárate en una causa por malversación de fondos públicos. Horas después de recuperar su libertad, dijo que no forma parte del oficialismo, habló de profundas diferencias con la política económica y el tratamiento de la deuda y aseguró que Amado Boudou, Luis D’Elia y Milagro Sala son presos políticos. Sin contacto con Cristina Kirchner, De Vido no tiene puerto a donde ir. La condena a más de 5 años de prisión por la tragedia de Once sigue siendo una amenaza para el exministro.

La diagonal le permitió exigir un pronunciamiento a la Corte. Es un paso más allá del reclamo de Alberto Fernández a los jueces para que reescriban sus fallos.

Con De Vido en libertad, ya no hay detenidos bajo prisión preventiva. Es el fin de la teoría Irurzun, por el juez de la Cámara federal que relajó los límites para la aplicación de ese recurso y posibilitó la detención de exfuncionarios procesados por corrupción. Irurzun buscaba evitar que las condenas se mantuvieran en suspenso a lo largo del tiempo. Adoleció de lo contrario y terminó por precipitarlas. Jaqueada por recientes cambios en el Código Procesal Penal, la teoría Irurzun nació con De Vido y muere con él.

Claudio Bonadio había dictado de acuerdo a esos criterios la prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa por el pacto con Irán, la de los cuadernos y otras investigaciones conexas. La vicepresidenta se sirvió en las últimas horas de los argumentos de un articulista para reafirmar la veracidad de su teoría del “lawfare”, con la que alude a un plan urdido entre el macrismo, la Justicia y los medios para sacarla de juego. Otra diagonal inesperada le permitió desafiar a la Corte y exigirle un pronunciamiento.

Es un paso más allá del reclamo de Alberto Fernández a los magistrados para que reescriban sus fallos. Ella se considera absuelta de todo cargo por la historia, como ha dicho en su alegato en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Pero no va desistir hasta lograr la anulación de las causas. La Corte resolverá tarde o temprano el destino de esos expedientes, como recordó la jueza Highton de Nolasco. Esa historia aún está por escribirse.

Para Fernández la urgencia es la deuda. Una negociación exitosa podría ser una primera bisagra en su gobierno. Los mercados sin embargo reaccionaron con dudas ante los trascendidos sobre el diálogo con los fondos de inversión, principales tenedores de bonos, que cuestionaron no sólo la idea de una oferta agresiva, sino también la idoneidad del ministro Guzmán. En Economía lo interpretan como un mensaje al presidente y lo atribuyen a que la negociación atraviesa la etapa más dura. Pero hay cierta perplejidad también en sectores del oficialismo sin acceso al plan de Guzmán. Como ya se dijo aquí, han vuelto a agitar el fantasma del default.

Fernández tiene múltiples retos. Creció el gasto y enero cerró con déficit fiscal. La recaudación volvió a ser modesta en febrero. El campo lanzó su paro contra la opinión de la dirigencia, el peor escenario.

El reclamo de Fernández a los empresarios por la suba en los precios de los alimentos revela además que el proyecto de pacto social con el que llegó el presidente es un albur. Nadie lo dijo mejor que Lavagna cuando rechazó la propuesta para que encabece un incierto Consejo Económico Social: “Nadie quiere ceder nada”.