Bariloche: buscan mejorar la cárcel y hacer otra

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Altos funcionarios provinciales y expertos del Servicio Penitenciario Federal se reunieron para evaluar las condiciones del establecimiento Penal III de Bariloche, mientras proyectan la construcción de otra cárcel. Reiterados fallos judiciales advirtieron en los últimos tiempos que las condiciones de habitabilidad de la ex alcaidía no respetan los derechos humanos básicos, y hasta el actual jefe del Penal denunció la situación. Sobre el tema se expresaron ayer el ministro de Gobierno Hugo Lastra, y el subsecretario de Seguridad, José Fuentes, a quienes acompañó el director del Servicio Penitenciario Provincial, Wálter Puebla Morón. Uno de los expertos, con 27 años de experiencia en políticas penitenciarias, es el director principal de Trato y Tratamiento del SPF, Sabino Guaymas, quien reconoció que habían realizado una visita al Penal, con el compromiso de confeccionar un diagnóstico y elevarlo a la dirección nacional del SPF, con los requerimientos mínimos y urgentes, y los de mediano y largo plazo. Sin embargo, Guaymas ya anticipó que el edificio donde funciona el Penal III no tiene “espacio para ser funcional, ni posibilidades de ampliación”. El edificio donde funciona la cárcel local fue construido hace más de 60 años para ser utilizado como hogar de ancianos, y sus debilidades edilicias son aprovechadas por los internos, que han concretado fugas masivas a través de los cielorrasos y techos de chapa, túneles desde las celdas y boquetes en las paredes perimetrales. Los funcionarios reconocieron que es el peor edificio de la provincia donde se alojan internos, y que deberán acondicionarlo para que funcione hasta que se construya la nueva cárcel. La visita de los especialistas del SPF obedece a un convenio de cooperación técnica con el SPP, al menos por ahora, y no anticipa un traslado de competencia y responsabilidades. Tanto el ministro Lastra como Fuentes informaron que “el terreno para construir la nueva cárcel lo tiene que aportar el municipio”, y estimaron que para 200 internos no debería ser inferior a 3 ó 4 hectáreas, “que no puede alejarse de la zona urbana”, para favorecer la visita a los detenidos y asegurar la cercanía de un centro hospitalario de alta complejidad. Consideraron que esa cárcel debería tener áreas de esparcimiento, de educación y culturales, y que deberán “partir de cero para capacitar al personal, con el aporte invalorable del SPF”.