Bariloche: fiscal presentó la acusación contra mapuches para llevarlos a juicio
La fiscalía completó la investigación y pretende que los imputados, que en su mayoría pertenecen a la comunidad Buenuleo, sean juzgados por el delito de usurpación de un predio en el Cerro Ventana. La defensa pide el sobreseimiento.
El conflicto de fondo es por la denuncia de usurpación contra miembros de la comunidad mapuche Buenuleo de Bariloche (Foto archivo)
El fiscal Tomás Soto presentó este miércoles a primera hora de la mañana la acusación contra 9 imputados, la mayoría miembros de la comunidad mapuche Buenuleo, por el delito de usurpación de un predio, que está ubicado en el cerro Ventana en Bariloche.
Soto promovió la acusación contra los imputados como paso previo a la audiencia de control de acusación, para pedir que sean llevados a juicio. Lo hizo al día siguiente de que el Tribunal de Impugnación Provincial (TIP) resolviera por mayoría confirmar el desalojo de los acusados del predio usurpado, en un plazo de 90 días.
Así lo informaron fuentes judiciales a RÍO NEGRO. Aseguraron que el fiscal del caso interpuso la acusación antes de que trascendiera la publicación en el Boletín Oficial de la Nación la resolución de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la rionegrina Magdalena Odarda, que reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche.
Justamente, el predio de 92 hectáreas, que los 9 mapuches imputados usurparon la mañana del 10 de septiembre del año pasado, según la acusación de la fiscalía, está dentro de las 481 hectáreas que el INAI reconoció a la comunidad Buenuleo.
Los imputados alegaron que se trató de un acto de recuperación de lo que consideran es su territorio. La fiscalía advirtió en la acusación que de esa forma, los acusados despojaron a Emilio Friedrich y Víctor Sánchez que tenían la posesión del predio.
Soto presentó la acusación porque completó la investigación y reunió las pruebas como para que los imputados sean juzgados. Los querellantes tienen 5 días para adherir y ofrecer pruebas o presentar una acusación autónoma. Después, desde la Oficina Judicial notificarán a los defensores del planteo de la fiscalía y la querella.
Mientras que la defensa particular de algunos de los imputados presentó un pedido de sobreseimiento, que se tratará en una audiencia que se hará en octubre, revelaron las fuentes.
La fiscalía resolvió avanzar con la presentación de la acusación porque hay plazos procesales que debe cumplir para que no prescriba la causa.
El 16 de septiembre del año pasado, el juez de garantías Sergio Pichetto admitió la acusación que el fiscal jefe Martín Lozada, Soto y el fiscal adjunto Gerardo Miranda presentaron contra 9 personas, la mayoría miembros de la comunidad Buenuleo.
Los fiscales les atribuyeron a los imputados haber irrumpido la mañana del 10 de septiembre en el predio de 92 hectáreas que forman parte del lote pastoril 127 en el cerro Ventana.
Dijeron que las personas acusadas ingresaron por senderos, picadas, caminos transversales “o sea no por el camino que usualmente está destinado a llegar a ese lugar utilizado para el tránsito habitual”. Y se instalaron en el lugar, en el que permanecen hasta la fecha.
En esa audiencia, los fiscales pidieron al juez, como medida cautelar, que ordene el desalojo de los ocupantes para restituir el lote a Friedrich y Sánchez, que presentaron la documentación legal para demostrar que lo habían comprado a un particular que, a su vez, se lo había adquirido en 2001 a Antonio Buenuleo, el lonko de la comunidad.
La defensa de los mapuches acusados impugnó esa resolución. Pero el juez Marcos Burgos revisó a principios de octubre de 2019 la decisión de Pichetto y la confirmó. En consecuencia, ratificó el desalojo.
La defensa acudió al Tribunal de Impugnación Provincial (TIP) que declinó en diciembre pasado la competencia para intervenir porque entendió que las tierras en conflicto estaban dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi.
A principios de mayo último, el juez federal subrogante Gustavo Zapata rechazó intervenir en la causa, porque observó que era un conflicto por el delito de usurpación en un predio que forma parte del ejido del municipio de Bariloche. Por eso, reenvió el expediente al TIP.
Se originó un conflicto de competencia y el TIP mandó la causa a la Corte Suprema para que resuelva. El máximo tribunal del país determinó en agosto pasado que la justicia de Río Negro debía resolver el conflicto.
Tras el fallo de la Corte, el expediente volvió al TIP que resolvió este 22 de septiembre rechazar el recurso de la defensa que impugnaba el desalojo de los acusados de las tierras en disputa y confirmó el fallo de Pichetto.
Aunque la jueza Rita Custet Llambí y Carlos Mussi del TIP admitieron el pedido de la fiscalía de generar una mesa de diálogo durante 90 días con los imputados. Y aplazar el desalojo hasta que venza esa plazo. El tercer juez del TIP Adrián Fernando Zimmermann no estuvo de acuerdo.
De todos modos, los tres jueces del TIP coincidieron en que Pichetto “tuvo por acreditado -y no fue discutido ni controvertido- que al momento de los hechos los querellantes (Friedrich y Sánchez) tenían la posesión del inmueble e inclusive se habían construido una casa en el lote en cuestión, con planos aprobados por el Municipio”. Y sostuvieron que no corresponden “las vías de hecho para la recuperación territorial” en referencia al accionar de los acusados.
“La decisión del Juez, en principio al ordenar el desalojo y la restitución del inmueble, en los términos del artículo 118 primer párrafo, es acorde a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia” de Río Negro, concluyeron Custet Llambí y Mussi en la sentencia.
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