Nación reconoce en Bariloche a la comunidad mapuche Buenuleo

El Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) aceptó a la comunidad como poseedora de más de 400 hectáreas en la zona de cerro Ventana. Una parte es sobre la que avanzaron el año pasado, cuya propiedad está a nombre de Friedrich y Sánchez, a los que la Justicia dio la razón.

Bariloche 07/05/20 Gabriel Fuks secretario de Articulación Federal de Seguridad de Nacion recorrio el territorio que reclama la comunidad Mapuche Buenuleo. Participaron tambien Gaston Perez Estevan, Ministro de Seguridad de la Provincia y Magadalea Odarda. Foto: Marcelo Martínez

Bariloche 07/05/20 Gabriel Fuks secretario de Articulación Federal de Seguridad de Nacion recorrio el territorio que reclama la comunidad Mapuche Buenuleo. Participaron tambien Gaston Perez Estevan, Ministro de Seguridad de la Provincia y Magadalea Odarda. Foto: Marcelo Martínez

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que preside la rionegrina Magdalena Odarda resolvió reconocer “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche.

Odarda firmó el 21 de septiembre la resolución que da por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por la ley 26160 de comunidad indígenas. Ese relevamiento determinó las tierras que la comunidad Buenuleo, con personería jurídica que obtuvo en marzo de 2011, ocupa tradicionalmente.

La superficie que el INAI le reconoce a la comunidad incluye, en principio, el lote de 92 hectáreas que los Buenuleo recuperaron a comienzos de septiembre del año pasado, cuando despojaron de la posesión a Emilio Friedrich y Víctor Sánchez, según la imputación de fiscales de Bariloche contra 9 mapuches por el delito de usurpación.

La resolución de Odarda, que estuvo en mayo pasado en el lote en conflicto, cuando visitó a los Buenuleo, se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación, un día después de que el Tribunal de Impugnación Provincial (TIP) resolviera por mayoría confirmar el desalojo de los acusados.

El tribunal admitió por mayoría el pedido que el fiscal Martín Lozada y Tomás Soto habían planteado. En consecuencia, resolvió que el desalojo confirmado “será ejecutable transcurridos 90 días hábiles” que propusieron los fiscales para una mesa de diálogo con los 9 mapuches imputados.

Odarda aclaró ayer que el relevamiento “se inició previo a la pandemia en marzo y la resolución se firmó el 21 de septiembre. La sentencia fue posterior”.

El conflicto por el lote de 92 hectáreas comenzó en septiembre pasado, cuando un grupo de mapuches, algunos miembros de la comunidad Buenuleo, irrumpieron en el predio y despojaron a Friedrich de la posesión del terreno. Los ocupantes se instalaron en la casa que Friedrich había levantado y allí permanecen hasta la fecha.

El particular denunció el hecho y los fiscales imputaron a 9 persona por el delito de usurpación, con la adhesión de la querella. El juez de garantías Sergio Pichetto admitió a mediados de septiembre de 2019 la acusación fiscal contra los imputados y dispuso el desalojo.

La defensa de los acusados impugnó esa decisión. El juez Marcos Burgos revisó a principios de octubre pasado la resolución de Pichetto y la confirmó.

La defensa de los mapuches imputados recurrió al Tribunal de Impugnación, que en diciembre último declinó la competencia porque entendió que el conflicto debía dirimirse en la justicia federal porque las tierras estaban dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata rechazó intervenir y el caso terminó en la Corte Suprema, que resolvió que la justicia provincial era competente para intervenir.

Por eso, el Tribunal de Impugnación escuchó los planteos de los defensores y de los fiscales. Y confirmó las resoluciones de Pichetto y Burgos.

La jueza María Rita Custet Llambí y los jueces Adrián Fernando Zimmermann y Carlos Mohamed Mussi del tribunal coincidieron en que el juez (Pichetto) “tuvo por acreditado –y no fue discutido ni controvertido– que al momento de los hechos los querellantes tenían la posesión del inmueble e inclusive se habían construido una casa en el lote en cuestión, con planos aprobados por el Municipio”. Y sostuvieron que no corresponden “las vías de hecho para la recuperación territorial”.


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