Denuncian el desmantelamiento del Consejo de la Niñez

Las organizaciones que conforman el Movimiento de Infancia cuestionaron que el presupuesto para este año es el mismo que el año anterior.

Denuncian el desmantelamiento del Consejo de la Niñez

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Las organizaciones nucleadas como Movimiento de Infancia de Bariloche que integran el Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes denunciaron “la falta de políticas claras y efectivas múltiples que garanticen el acceso a los bienes culturales y materiales”.

Denunciaron que el presupuesto asignado para el Consejo Local de Niñez fue de 30.000 pesos en el 2017 y el monto será el mismo para este año, según anunció el secretario de Hacienda de Bariloche, Diego Quintana. “El funcionario informó en sesión del Consejo que por más que exista una ordenanza, el municipio no puede cumplir con los compromisos económicos que la misma exige”, indicaron.

Recordaron también que a raíz de cierre del Servicio de Atención Infanto-Juvenil en el Hospital Zonal en el 2010, se creó el Servicio de Atención Psicológica (SAP) que permitió la incorporación de un equipo de 3 psicólogas que trabajaban con 120 familias. “El municipio informó a las trabajadoras sobre el cese de sus tareas al día siguiente de la última sesión del Concejo en el 2017, sin consultarlo con las organizaciones quienes formamos parte mayoritaria en el mismo, dejando así nuevamente sin asistencia 120 familias de Bariloche”, plantearon las organizaciones.

El Movimiento de Infancia, junto a otras organizaciones, logró la renovación del contrato de las trabajadoras por dos meses pero el 28 de febrero, el SAP finalmente cerró sus puertas pese a que, según denunciaron, la decisión no tomada en el Consejo Local de Infancia.

Cuestionaron también que la ordenanza establece la producción de un documento de revisión permanente sobre el “Estado de la Infancia y Adolescencia en Bariloche” a fin de facilitar la formulación de políticas que garanticen la protección integral de niños y adolescentes. El último relevamiento fue en el 2010 y desde entonces, no se realiza ningún diagnóstico.

“El gobierno de turno evidencia desinterés en garantizar dignas condiciones de vida. No entendemos el empeño en debilitar este Consejo, perdiendo así los espacios ganados por las organizaciones y el Estado donde se pueden construir políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes”.


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