Callejón sin salida

La presentación de informes de Naciones Unidas y entidades independientes ratificaron la certeza de que en Venezuela aumenta la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro y que las violaciones a los derechos humanos más elementales se han agravado hasta límites inaceptables.

La más reciente fue hecha este viernes por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra. Allí detalla que, desde enero, 2.039 personas fueron asesinadas en operativos de las fuerzas de seguridad en los barrios más pobres de Venezuela. La edad media de los fallecidos: 26 años.

La mayoría fueron actos de represión a manifestaciones pacíficas contra la escasez de alimento, combustible, los bajos salarios y pensiones. El reporte también alertó sobre nuevas restricciones a la libertad de expresión, con detención de periodistas y activistas de derechos humanos. Y denunció nuevas medidas que cambian el sistema electoral (permite al gobierno intervenir discrecionalmente a los partidos) y la composición de la Asamblea Nacional, para favorecer al chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, llevando a niveles inaceptables la “cancha inclinada” a favor del gobierno.

Otros reportes señalan que las condiciones de vida de la población no hacen sino empeorar. La Acnur, la oficina de la ONU para los refugiados, recordó que casi 3 millones de venezolanos se vieron forzados a salir de su país para buscar protección y mejores condiciones de vida. Con una inflación que supera el 800% anual, el acceso a los alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad no está garantizado para enormes franjas de la población, peor aún en medio de la pandemia.

A esto se agrega un bloqueo político que inmoviliza al país. Aunque Maduro tiene niveles bajísimos de aprobación (menos del 13% según las encuestas más confiables), la oposición también está debilitada y dispersa, en parte por la represión selectiva y en otra por sus diferencias internas, y no ha sido capaz de movilizar ni generar opciones. Sus dirigentes se dividen entre quienes buscan negociar y presentarse a las legislativas pese a la falta de garantías (Enrique Capriles), quienes buscan mantener la presión internacional y el gobierno paralelo de la Asamblea Nacional (Juan Guaidó) y quienes directamente piden una intervención militar extranjera (Corina Machado). En el medio, crece la apatía política y la desmovilización de la población, más preocupada por subsistir que por lo institucional.

Las sanciones internacionales, como la restricción a la exportación de diesel y el embargo petrolero decidido por EE. UU., tampoco han servido para el régimen modere su actitud represiva y, por el contrario, le permiten a Maduro victimizarse, justificar su pésima administración y aplicar más control. Además agravan la escasez y obstaculizan la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales a los más pobres. Por este motivo, Bachelet recomendó su levantamiento.

Es en este marco que la Unión Europea envió una misión diplomática para intentar por enésima vez contactos con el gobierno, la oposición y otras fuerzas de la sociedad civil para discutir formas de realizar elecciones “libres y justas” que permitan al país contar con un gobierno legítimo y reconocido por la comunidad internacional. Una tarea difícil, ya que el gobierno se niega a extender el plazo y hacer reformas que permitan una votación mínimamente justa y trasparente. Al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump dijo que no es posible negociar con “tiranos, asesinos y terroristas”; pide solo la salida de Maduro del poder.

Ante este callejón sin salida, los gobiernos latinoamericanos debieran dejar de lado diferencias ideológicas y acompañar el intento europeo proponiendo alternativas pacíficas, democráticas y posibles para que Venezuela no siga deslizándose por esta espiral de desintegración que podría tener gravísimas consecuencias para la estabilidad regional.