Robo de armas: el Poder Judicial respondió a la Legislatura, con dos notas y nuevos datos
El STJ y el Ministerio Público contestaron un pedido de la Legislatura por las sustracciones de armamento. Señala a un empleado, informa que las cámaras de ingreso “no funcionan” y que el personal sumariado llega a cinco.
La respuesta judicial a la Legislatura no informa del número total de armamento robado. Foto Gentileza.
La mención de un “empleado judicial” implicado, la existencia de cinco sumarios, el reconocimiento de que las cámaras “no funcionan” y las medidas correctivas planteadas integran las contestaciones de las máximas autoridades de la Justicia de Río Negro al pedido de informes de la Legislatura por los robos de armas de fuego en depósitos de los tribunales roquenses.
Las respuestas son dos: una del STJ y otra del Ministerio Público, pero ninguna precisa el número de armas sustraídas. En su escrito, el fiscal general Fabricio Brogna sí señala que en la denuncia de julio de 2025 por el faltante en las oficinas judiciales reginenses fueron ocho.
La cantidad y las cámaras
Hasta ahora, extraoficialmente, se consignan 120, considerando dos dependencias en Roca y una en Regina. Falta el dato en los informes oficiales, aunque también es cierto que el requerimiento —que firman legisladores de Vamos con Todos, del PJ y Cambia Río Negro— no incluye un pedido puntual sobre el número.
El texto de cinco páginas de Brogna respondió sobre las “medidas inmediatas adoptadas” en marzo, al detectarse que un arma secuestrada en un procedimiento debía estar en el depósito judicial.
El funcionario citó que se realizaron “allanamientos en las viviendas de dos empleados judiciales”, con “acceso al depósito” donde estaban las armas, además del “secuestro de celulares y dispositivos electrónicos”. Detalló otras acciones, como requerimientos de huellas e informes sobre ingresos y egresos.
Las conclusiones definitivas respecto de los registros y de los sistema serán elaborados, una vez concluidas las actuaciones”.
Parte de la contestación del STJ enviada a la Legislatura.
Se transcribe información recopilada y, en ese sentido, se revelan graves falencias en la seguridad porque se indica que no existían cámaras en el sector de secuestros, pero, además, que aquellas ubicadas en el ingreso al “edificio no funcionan”.
También se investigan posibles vínculos entre los imputados por tenencia del arma secuestrada y el personal judicial sospechado, como además cita una “entrevista de la Brigada de Investigaciones” donde se indica que “podía estar implicado un empleado del Poder Judicial”.
La irregular existencia de armas en la Fiscalía fue explicada por “falta de espacio” y porque “estaban listas” para que el “personal de ANMAT-RENAR” pasara a retirarlas para ser destruidas.
Por su parte, la nota del STJ, firmada por su presidente Ricardo Apcarián, detalló las medidas planteadas frente al descubrimiento de las armas robadas en Roca, empezando por la intervención de la Fiscalía y la investigación penal. Siguió con un relevamiento en los otros depósitos y con “el refuerzo de las medidas de seguridad”.
Los sumarios iniciales fueron tres, pero, posteriormente, el número se extendió a cinco empleados investigados. Informó que el depósito de secuestros registra un total de 2.235 “objetos resguardados”.
Dato oficial
- 102
- Armas que faltan, según dichos del titular del STJ, Ricardo Apcarián en declaraciones a Canal 10.
Adelantó que se trabaja en la “mejora de la ubicación y el reordenamiento”, con el propósito de “optimizar el control, facilitar su identificación y fortalecer la trazabilidad”. Informó, en principio, sobre “medidas adoptadas para reforzar la custodia de los secuestros”, como la colocación de “cinco cámaras con monitoreo directo o el reemplazo integral de las cerraduras”.
En relación con otros cambios, el informe del STJ remite a la espera de los “resultados de las investigaciones en curso” y de las “conclusiones definitivas” para “el análisis de la integridad de los registros y del funcionamiento del sistema”.
La investigación penal de las armas robadas en Roca recae en el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, junto a la fiscal Rocío Guiñazú y la fiscal adjunta María Vanesa Giardina. Además, Brogna informó que se dio intervención al Auditor General del Poder Judicial para “determinar eventuales responsabilidades administrativas y jerárquicas”.
Apcarián y la recuperación
El presidente del STJ, Ricardo Apcarián, afirmó la semana pasada que “son 102 armas” las que faltan. Esa cantidad no coincide con otras informaciones iniciales.
Ese número citado por el juez en una entrevista con Canal 10 podría tratarse de un dato parcial y circunscrito al robo en los tribunales roquenses.
Además, Apcarián sorprendió con la información de que se está recuperando armamento. “Se trabaja para recuperar a todas”, remarcó. La información sobre esa recuperación no figura en las notas enviadas a la Legislatura.
En el diálogo periodístico, el magistrado destacó que fue el propio Poder Judicial el que informó inicialmente sobre la sustracción, mientras reconoció que se trata de “un hecho muy grave” y que “fallaron los mecanismos de seguridad”.
“Es una causa -agregó- que nos preocupa. Estamos encima para que se resuelva tanto en lo administrativo como en lo penal”.
La mención de un “empleado judicial” implicado, la existencia de cinco sumarios, el reconocimiento de que las cámaras “no funcionan” y las medidas correctivas planteadas integran las contestaciones de las máximas autoridades de la Justicia de Río Negro al pedido de informes de la Legislatura por los robos de armas de fuego en depósitos de los tribunales roquenses.
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