Carreras apura la regularización de escrituras para entregar este año

Firmó un convenio con el Consejo de Agrimensores y Escribanos de Río Negro para agilizar y abaratar los trámites. En Bariloche hay 200 expedientes iniciados desde hace cuatro años que tendrían resolución en 120 o 150 días.

Un convenio firmado entre la gobernadora Arabela Carreras, el Consejo de Agrimensores y el Consejo de Escribanos de Río Negro permitirá agilizar el procedimiento de la Ley Pierri en la provincia.

Desde la reglamentación de la ley tres años atrás, solo Contralmirante Cordero, Campo Grande y Bariloche iniciaron expedientes acogiéndose a la Ley Pierri. La ciudad cordillerana es la que más trámites registra (alrededor de 200 expedientes) que, entre 120 y 150 días, tendrían resolución.

En el acto que se llevó a cabo en el hotel Inacayal, Carreras se refirió a las recientes ocupaciones de tierras en Bariloche: «¿Por qué desalentamos las tomas? Porque damos la opción a la tenencia regular de la tierra. Una toma irregular condena a las familias a muchos años de malvivir. No se accede al agua, ni a las cloacas, ni al gas. El estado debe generar alternativas para las familias de menos recursos».

A partir de la firma de estos convenios, la exigencia de la mensura se trasladó a la etapa final del trámite. Hasta ahora, se requería en la primera etapa y al tener un costo elevado, resultaba inaccesible para la mayoría de los solicitantes.

«De esta forma, agilizaremos el trámite de titularidad. En el procedimiento anterior, la mensura era lo más costoso y engorroso para acceder al título. Debía realizarse antes de obtener el título imperfecto; ahora, en cambio, ese procedimiento se podrá hacer en los 10 años que corren después de otorgar el título (cuando ese título imperfecto sea perfecto)», detalló Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno de Río Negro.

La gobernadora se refirió a la toma de tierras. Foto: Chino Leiva

Aunque reconoció desconocer en detalle los valores, estimó que una mensura está por encima de los 100 mil pesos. De ahí que muchas familias no tengan la posibilidad de acceder en tan corto tiempo. «Ahora, ese monto podrán abonarlo en un tiempo límite de 10 años», especificó el funcionario provincial.

Por otro lado, quienes se acojan a la Ley Pierri deberán encargar un informe pericial que ya no tendrá un valor de 80 mil pesos sino de 20 mil pesos. «Además, los escribanos que se encargan de hacer el título de propiedad inmueble abarataron los costos lo que facilita el trámite. Todo será mucho más ágil con la firma de los convenios y las mesas exclusivas de atención en cada municipio pero también más económico por la predisposición de los dos colegios de abaratar el costo del procedimiento», señaló Buteler.

Los 200 trámites iniciados en Bariloche ya acumulan más de cuatro años sin avances. «Acoplándolos a este nuevo sistema, yo creo que, en los próximos meses vamos a poder dar una respuesta a cada uno de esos expedientes, si cumplen con los requisitos», dijo y agregó que esos trámites «ya están en poder del Ministerio de Gobierno para emitir un dictamen en función del cumplimiento de los requisitos«.

Tras la firma de los convenios, Buteler reconoció que «la cuestión habitacional es una gran problemática en Río Negro. Tanto el acceso a la tierra y la vivienda con servicios y el título de propiedad. Son tres cosas indispensables que estamos atacando con políticas distintas. En este caso con la Ley Pierri».

Cómo puede realizarse el trámite

El trámite para acceder a la Ley Pierri puede realizarse a través de una oficina virtual, ingresando a http://gobierno.rionegro.gov.ar. “El vecino podrá ingresar sus datos en el formulario, ese sistema se vinculará con el municipio y la provincia controlará el procedimiento”, explicaron.

Pero además, 31 municipios ya firmaron los convenios de adhesión a la Ley Pierri. A partir de este lunes, se pondrán en funcionamiento 12 mesas receptoras de trámites en diferentes localidades, con personal capacitado en la temática.

¿Quiénes pueden acceder a la Ley Pierri? Quienes habiten viviendas de manera pacífica y acrediten una ocupación pacífica con anterioridad al primero de enero de 2006. Por otro lado, los propietarios de inmuebles quedan excluidos del beneficio como así también quienes hayan construido sobre tierras estatales.


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