Las obras públicas y su financiamiento

Javier Genoud DNI 17.506.130

General Roca

 A propósito de la nota publicada por Río Negro, que informa que la pavimentación del conector vial de calle Güemes alcanza un 76% de ejecución y que se aceleran los trabajos finales, considero necesario poner sobre la mesa una cuestión que merece la misma atención periodística: cuánto cuesta la obra, cómo se financia y qué parte de esa cuenta deben afrontar los vecinos. La pavimentación del conector vial de calle Güemes se presenta como un avance de la obra pública en General Roca.

Se habla de porcentajes de ejecución, de trabajos finales y de inversión. Sin embargo, hay una parte fundamental de la historia que merece la misma visibilidad: quién paga la obra y cuánto dinero se les exige a los contribuyentes. La Ordenanza 5071/25 estableció un costo total de $4.077 millones para la primera etapa del conector vial y dispuso facturar $2.556 millones por pavimento, cordón cuneta y obras complementarias.

No son cifras menores. Representan una parte sustancial del costo total y tienen consecuencias concretas sobre el bolsillo de los vecinos. A su vez, la Ordenanza 5070/25 estableció un sistema de contribución por mejoras que distribuye el costo facturable entre beneficiarios directos e indirectos. En otras palabras, no se trata exclusivamente de una inversión financiada con recursos propios del Municipio: una parte importante se recupera mediante el cobro a los contribuyentes.

¿Por qué, cuando se comunica el avance de una obra pública, se destaca lo que se construye, pero no siempre se explica con la misma claridad quién termina pagando?

La discusión adquirió todavía más relevancia con la decisión de postergar hasta el próximo año determinados cobros del Plan de Conectividad Vial. La explicación vinculada a las dificultades económicas de los vecinos y a los cuestionamientos al sistema de contribución por mejoras abre nuevos interrogantes. Si el mecanismo de financiación era necesario, corresponde explicar qué cambió, qué obligaciones quedaron vigentes y qué impacto tendrá la postergación sobre las cuentas municipales y el desarrollo de las obras.

También es necesario conocer los números reales: cuánto se facturó, cuánto se recaudó, cuántos contribuyentes pagaron y cuántos cuestionaron las liquidaciones. Afirmar que el cobro se postergó porque los vecinos no pagaban sería apresurado sin esos datos. Pero no pedirlos sería renunciar a una obligación elemental del periodismo y de cualquier ciudadano interesado en la administración de los recursos públicos. Una obra puede ser necesaria, mejorar la circulación y beneficiar a la ciudad. Nadie discute que el pavimento y la conectividad vial son importantes.

Lo que debe discutirse es la transparencia con la que se informa su financiación y la equidad con la que se distribuyen sus costos. Porque el dinero que se les cobra a los vecinos también forma parte de la inversión pública. Y cuando una administración presenta una obra como un logro de gestión, tiene la obligación de explicar no solamente cuánto se construyó, sino también cuánto cuesta, de dónde sale el dinero y quién debe ponerlo.

¿Estamos frente a una inversión municipal o ante una obra cuya financiación se traslada, en buena medida, a los contribuyentes? Los vecinos merecen conocer la obra completa: la que se ve en la calle y la que aparece en la factura.