Causa APEL: la Provincia no actuará

Un raro escenario se generó en la causa por la defraudación de lotes de APEL. La fiscalía penal exigió a los imputados que cumplan con resarcimientos al Estado provincial para la “suspensión de juicios a prueba”.

Parte de los acusados aceptan esa negociación y concretaron ofertas, pero la representación provincial –la Fiscalía del Estado– no avala el mecanismo porque, según entiende, existe un proceso público fijado, que delega esa tarea de resarcimiento en el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Investigaciones. Ambos organismos, hoy, están ausentes del proceso, que –según el fiscal penal– arrojó un perjuicio al erario público de más de 50 millones de pesos.

La investigación por la defraudación del gremio legislativo –APEL– en la venta de lotes, usando recursos públicos del Fondo de Viviendas, está a punto de los juicios para los diez imputados, entre ellos, el titular del sindicato, Alejandro Gatica.

La semana pasada, la defensa de cinco imputados, privados y partícipes necesarios por sus operaciones inmobiliarias con APEL, ofrecieron al Estado –como resarcimiento– tres inmuebles en Viedma, sobre ex ruta 3, al lado de la Regional Policial y cotizados en cuatro millones de pesos.

Lo propuso en la audiencia el defensor Juan Carlos Chirinos y, además, ponderó la ubicación de los mismos para edificaciones de sedes públicas.

En un principio, el fiscal penal Pedro Puntel se inclinó favorablemente porque los imputados no está en el Estado no tienen antecedentes penales, pero insistió en disponer de la opinión de la Fiscalía de Estado “si aceptan o no el ofrecimiento, con sus fundamentos. Queremos saber qué intenciones tienen”.

Para Chirinos, Puntel debe aceptar si más ya que, por nota el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, se mostró desinteresado con la propuesta.

Al final, el juez Ignacio Gandolfi fijó otra audiencia –el 11 de noviembre– para que ese órgano de control formalice –con su presencia u otra nota fundamentada– su postura institucional.

Ese mismo día, existirá otro pedido de suspensión del juicio a prueba, requerido por Gatica aunque el secretario general no plantea ninguna reparación al Estado, anticipándose entonces su rechazo. Ocurre que el fiscal imputó al titular de APEL como autor de la defraudación por tratarse del custodio y administrador de los recursos públicos asignados al Fondo de Viviendas.

En diálogo con “Río Negro”, Eguía adelantó su ratificación del rechazo de aquella oferta, valiéndose de un argumento central: el artículo N° 15 de la ley del Tribunal de Cuentas (N° 2747) requiere un previo pronunciamiento de ese órgano de control para “toda acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de los agentes” públicos.

Recordó, en esa línea, una demanda de la Fiscalía en contra el contador Biderbort en la defraudación al Poder Judicial, que luego fue retirada por esa potestad asignada al Tribunal.

La razón mayor de su oposición radica en ese punto, entendiendo que esa función pertenece al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones. Ninguno de ellos intervino todavía, salvo una auditoría del primero cuando la Legislatura en el 2014 solicitó una revisión de las rendiciones de APEL.

En otra parte, Eguía también explicó por qué la Fiscalía no se presentó como querellante. “Lo hace –respondió– ante el pedido del organismo, como ocurrió con el Ipross, y acá eso no ocurrió”, a pesar que admite que puede hacerlo directamente.

El Fiscalía insistió en la limitación de sus maniobras mientras remarcó que Puntel puede avanzar en la instancia penal y, posteriormente, el Estado cumplir con el reclamo civil.

Especuló incluso que una suma de cuatro millones podría ser insuficiente frente a un perjuicio estimado en más de 50 millones.

Es cierto, también, que el propuesto accionar del Tribunal frente a los cinco imputados oferentes podría ser limitado porque son privados, es decir, no son agentes públicos ni los administradores de fondos públicos.

Los 10 imputados y las maniobras irregulares por más de 50 millones

La investigación alcanza diez imputados. El secretario general de APEL, Alejandro Gatica tiene la acusación mayor como autor de “defraudación al Estado y administración infiel”.

Los otros nueve están imputados como “partícipes necesarios”. La ex secretaria de Hacienda del gremio, Stella Sale, como también, Alicia Fernández, José Saenz y Alejandro León, defendidos por Edgardo Corvalán y Néstor Larroulet.

Los otros cinco, privados, son Alberto Otermín, Gonzalo y Ricardo Angos, Mario Montero Espinosa y Susana Inostroza. Su defensor Juan Carlos Chirinos planteó el resarcimiento para suspensión de juicio a prueba.

La Fiscalía estableció distintos perjuicios al erario público, ya cercanos a los 50 millones de pesos. Plantea, inicialmente, el manejo irregular de los recursos por APEL, a partir de la creación del Fondo, agosto del 2010 hasta marzo del 2013, entre pesos y dólares, ya superando los 35 millones de pesos. La retención indebida de pagos de adjudicatarios, a partir del 2014 hasta el 2018, por 1,3 millones.

La tercera estimación se concentra entre abril del 2013 a marzo del 2014, que superaría los 14 millones por el cobro de cuotas por lotes y mantenía las transferencias estatales.