Cautela lógica
Para devolver la confianza en la capacidad de los políticos para manejar la economía tendrá que haber más que promesas.
Aunque el gobierno no ha disimulado su decepción, es una suerte para el país que «los mercados» no hayan reaccionado ante la aprobación de la ley de déficit cero con la misma exuberancia irracional que manifestaron cuando Ricardo López Murphy anunció su programa de cortes que días después se vería frustrado. De haberse producido una recuperación inmediata, los muchos enemigos de «los ajustes» hubieran aprovechado la sensación de alivio para reanudar su guerra contra la disciplina fiscal. Como ya sabemos, aquí es habitual que las leyes como la de déficit cero sean desvirtuadas por los responsables de aplicarlas, de modo que es comprensible que los financistas no se hayan dejado conformar por lo que por lo pronto no es mucho más que una antología de fórmulas verbales. Para que recuperen la plena confianza en la capacidad de la clase política para manejar la economía con realismo, tendrán que contar con mucho más que promesas, razón por la cual es probable que transcurrirán varias semanas, acaso meses, antes de que la Argentina vuelva a ser considerada tan segura como México o Marruecos, meta que hace poco algunos hubieran denunciado por humillante pero que en la actualidad parece utópica.
Como la sesión dominical del Senado nos recordó, el debate sobre el déficit cero ha girado en torno de la idea de que se trata de una medida que podría rechazarse, pero puesto que nadie en sus cabales quisiera prestar más dinero al Estado, por ahora no existe otra opción salvo la de transferir montos cada vez mayores del sector privado al público. Si bien algunos políticos, sindicalistas y empleados públicos piensan que ha llegado la hora de apropiarse del dinero de los bancos y de las empresas que aún son viables, la mayoría entiende que estrangular a la gallina de los huevos de oro sólo serviría para postergar el momento en que ya no les quedaría nada para saquear. En efecto, entre las causas de la prolongada recesión está precisamente el crecimiento relativo del gasto público que, si bien no es tan elevado como lo es en muchos países, ha resultado ser excesivo para una economía tan escasamente productiva como la nuestra.
En la raíz de esta realidad está el hecho evidente de que la Argentina es un país profundamente estatista. El grueso de los políticos, el clero y los intelectuales que, en su conjunto, dominan el debate público, instintivamente se ponen al lado del sector estatal, protestando con amargura contra los deseosos de modificarlo. Comparte su actitud la mayoría de los empresarios, muchos de los cuales dan por descontado que una buena ley hecha a su medida podría resultarles incomparablemente más provechosa que cualquier producto bien diseñado y comercializado. No extraña, pues, que tantos hayan vivido los acontecimientos de los diez años últimos como una serie ininterrumpida de reveses a pesar de que una vez terminada la fase de las privatizaciones el sector público haya reanudado su expansión a costa del privado. A juicio de muchos habituados a la retórica de los comprometidos con el Estado clientelista, el país se entregó por completo al «capitalismo salvaje» a comienzos de la gestión del presidente Carlos Menem, abriendo las puertas a una invasión incontrolada de importaciones, motivo por el que les es natural atribuir la necesidad de ajustar en serio a una conspiración «ultraliberal» satánica.
Por desgracia, tanto entusiasmo por el estatismo no se ha visto acompañado por ningún interés en mejorar el funcionamiento del Estado existente. Por el contrario, sus defensores suelen ser los más resueltos a frustrar cualquier proyecto destinado a hacerlo más eficaz y por lo tanto más fuerte. Que sea así puede comprenderse -una reforma auténtica del Estado supondría el reemplazo de muchos empleados públicos actuales por otros más idóneos, además de su marginación definitiva de los operadores políticos que lo han colonizado-, pero su compromiso con un orden no meramente arcaico sino también insostenible ha significado que la Argentina está en vías de hundirse debido a que su sector público es demasiado caro sin que por eso haya sido capaz de cumplir mínimamente con muchas de las tareas que siempre le corresponderán.