Central nuclear: es necesaria la aprobación de la provincia

La ley nacional 24.804 requiere la autorización del Estado provincial involucrado. Un proyecto de la diputada Soria propone más intervención, como audiencias y una ley provincial.



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Soria y Palicia Lada estuvieron en la última asamblea.(Foto: Pablo Leguizamón )

Central nuclear: es necesaria la aprobación de la provincia

La instalación de la central nuclear en Río Negro requerirá la formal aceptación del Estado provincial. Esta autorización ya está prevista en la ley nacional de Actividad Nuclear aunque ya se suceden proyectos y actitudes requiriendo mayor participación rionegrina en la resolución.

La intervención provincial está prevista en el artículo 11 de la ley 24.804, promulgada de 1997, y esa facultada fue remarcada por el chubutense Pablo Palicia Lada, un experto y opositor a la actividad nuclear, que alentó a los rionegrinos para que reclamen a legisladores y autoridades provinciales para la utilización de ese instrumento.

Simultáneamente, la diputada María Emilia Soria elevó un proyecto para profundizar esa actuación, sumando instrumentos de participación, como la Audiencia Pública en Río Negro.

Por su parte, la senadora Magdalena Odarda entiende que el acuerdo deberá volver al Congreso Nacional, aludiendo a la existencia ahora del “acuerdo definitivo” con China, que comprende las construcciones de las dos centrales nucleares, entre ellas, la de Río Negro. Recuerda su inicial aprobación del “convenio de cooperación” en diciembre del 2014 (Senado) y en febrero del 2015 (Diputados), resaltando que fue “la única que lo rechazó” de los representantes de Río Negro.

En la Asamblea Anti Nuclear, Palicia Lada, un “activista no técnico” -como se define-, informó de la participación prevista por la ley 24.804, recordando que ese espíritu se generó a partir de los reclamos contra el basurero nuclear de Gastre. La norma -con orígenes en la reforma constitucional de 1994- establece que “todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por la Autoridad Nuclear con la aprobación del Estado provincial donde se proyecte”. Palicia insistió en la utilización de esa facultad para exigir la opinión y oposición de la Legislatura.

En la misma asamblea, Soria lo corrigió y aseguró que esa intervención provincial no estaba prevista entonces explicó su iniciativa. Pero, concluida su exposición, Palicia Lada insistió con su información. Todo quedó confuso. Ayer, el chubutense explicó a DeViedma que Soria le reconoció personalmente al final que estaba vigente la exigencia de la intervención de la provincia.

Igualmente, la iniciativa legislativa de Soria incorpora la “evaluación de impacto ambiental” y la realización de una audiencia pública en la provincia. Advierte que su no realización será “causal de nulidad de la licencia de construcción”.

Ese proyecto -que, entre otros diputados, también firman los rionegrinos Silvia Horne y Claudio Doñate- modifica el artículo 12 que ya establece iguales exigencias de autorizaciones para los repositorios para residuos de alta, media y baja actividad. Se agrega también “estudios de impacto ambiental”, requiriendo detalles de su origen, como además, “la cantidad, la estimación de las emisiones, evaluación de los efectos previsibles”, la “descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan considerado”, y entre otros, la “programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante su funcionamiento o emplazamiento final”.

En un comunicado posterior, Soria explicó que para permitir la instalación de una planta “actualmente alcanza con la aprobación del Estado provincial”, agregando la diputada que podría ser “mediante decreto o firma de un contrato por parte del gobernador. Por eso, la parlamentaria insiste que su proyecto obliga un previa autorización por parte de la Legislatura, como también, una “audiencia pública obligatoria y vinculante.”.

Adelantó, también, que presentará, después de la feria judicial, “un amparo ambiental precautorio con medidas cautelares”.


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