Sobreseen a una médica que no hizo un aborto no punible

Una de las médicas acusadas del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública” tras haberse negado a practicarle un aborto no punible a una joven, que solicitó interrumpir su embarazo porque había sido producto de una violación, fue sobreseída porque “incurrió en un error cuando entendió que no debía practicar el aborto”. Este argumento fue sustentado por un dictamen del Ministerio de Salud de la Provincia que no era claro con respecto a cómo debían proceder los médicos que asistieron a la víctima.

El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna acordó con la defensa de la profesional que correspondía el sobreseimiento debido a que “ésta incurrió en un error cuando entendió que el dictamen del Ministerio de Salud daba cuenta de que no debía realizar el aborto”. Márquez Gauna señaló que “la profesional agotó todos sus recursos para tratar de solventar ese error” y que “pese a esta situación no fue posible”. Es por eso que solicitó su sobreseimiento.

La discusión del dictamen de Salud se centró en que si era viable el aborto o no debido a que estaba en el límite del plazo de gestación (22 semanas) establecido para practicárselo. Pasado este tiempo se denomina “parto pretérmino” y lo que hay que evaluar es si ese feto podría sobrevivir. En ningún momento aclararon qué debían hacer los médicos en este caso. Ante la inacción de la médica ante “tantas confusiones” es que se dictó su sobreseimiento.

Ahora, el único imputado en la causa es el médico que asistió a la joven y quien le suministró una medicación para interrumpir el proceso de aborto que ya había iniciado tras haber ingerido una droga para esto. Inclusive Márquez Gauna deslizó en la audiencia, el lunes, que este caso se enmarca en un claro ejemplo de “violencia obstétrica” ya que no respetó la decisión de la joven de abortar.

“Si lo tuviera que hacer, volvería a hacer lo mismo”,

dijo el médico Leandro Rodríguez Lastra, único

imputado en la causa.

Un doctor sigue acusado, en una causa compleja

La joven, quien tenía en ese momento 20 años, se acercó al hospital de Fernández Oro a principio de abril de 2017.

Allí habló con una médica y le pidió hacer uso de su derecho para que le practiquen un aborto no punible, porque había quedado embarazada tras haber sido violada. La profesional le informó que allí no se lo podían realizar y le firmó una derivación al hospital Pedro Moguillansky de esta ciudad. Cuando ingresó al centro de salud presentaba un fuerte dolor abdominal y fiebre producto del Oxaprost (medicación utilizada para interrumpir embarazos) que había ingerido para abortar.

Sin embargo, el único médico que sigue imputado en la causa le dio para que tomara Indometacina, una medicación que sirve para interrumpir el proceso de aborto que ya había comenzado. La joven estuvo internada casi un mes y tras haber sido dada de alta, a los pocos meses, dio a luz a un niño que después entregó en adopción.

de gestación tenía la joven cuando concurrió a solicitar la interrupción del embarazo, alegando que había sido abusada. Está en el límite legal.

22 semanas