Ciudadanos privados de derechos y el riesgo de una arbitrariedad justificada en la pandemia
Las penosas imágenes de una mujer llevada detenida a la fuerza por pasear su perro, un domingo vedado para la circulación en Bariloche, son expresivas de la pérdida de garantías ciudadanas, que la pandemia -su expansión y riesgos- da como “argumento técnico” a decretos “urgentes y necesarios” de los gobernantes (que por otra parte ya están naturalizados como hábito y fuera del control parlamentario).
El resguardo constitucional de la libre circulación queda lamentablemente vulnerado. Al arbitrio del temperamento de las fuerzas de seguridad (policías, gendarmes) queda la interpretación de estas normas. Un policía torpe, brusco y mal entrenado, representa claramente un peligro en este contexto. Ser exégeta de normas pandémicas puede abrir las puertas a la arbitrariedad y la profundización del hostigamiento.
Lo de la mujer con su perro parece constituir violación de una norma y resistencia de la autoridad, pero también parece un exceso en término de prioridades, en el mismo momento en que aumentan la delincuencia en las calles y la violencia intrafamiliar. El video estremece pues resume un cuadro de ciudadanos privados de derechos, habilitados a ser, por una parte, victimarios (vía el señalamiento y denuncia a su vecino), pero también eventuales víctimas de detenciones contravencionales de uniformados «empoderados», postales de un pasado que se creían superadas.
Con una ciudadanía maniatada por decisiones fundadas en el peligro de contagio, solo cabe esperar que esta situación de inédita interacción entre habitantes y uniformados -que comienza a mostrar nuevos e inquietantes patrones- no constituya el germen de comportamientos extremos, como ya los hubo de forma más dramática en la región y el país.
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